Cotidianamente transitamos sitios que tienen alarmas, cámaras de seguridad y vigiladores cuyas condiciones laborales ignoramos. En el más común de los casos, se trata de empleados precarizados y apenas formados para su función, que trabajan en agencias fundadas por ex policías o militares. En la actualidad hay más agentes privados que policías públicos. Las empresas mueven millones y compiten por un “mercado” que, para ser rentable, necesita inseguridad. El Estado promueve, deja hacer o ignora por completo.
Por Daniel Badenes
Subnotas
- La seguridad privada en números
- No sabe / No contesta
- La vida privada en riesgo
- Represores S.A.
- Gatillo fácil y política
- La patria contratista
- Prensa uniformada
- Unos pocos
Cuidado: cerco electrificado. Sonría, lo estamos filmando. Alerta seguridad vecinal. Sitio vigilado…
La sensación de inseguridad ha transformado la convivencia urbana. Suenan alarmas en los autos, las casas y las escuelas. Tienen cámaras las plazas, las calles, los hospitales. Hay custodios en supermercados, estacionamientos, plantas industriales y edificios públicos; también en teatros, restaurantes y algunos comercios de barrio; en los countries y en casa de quien puede pagarlos. Aquí nomás, City Bell y Villa Elisa están poblados de garitas. Los vigiladores, con uniforme y escudo, forman verdaderos ejércitos privados.
“El debate colectivo sobre la seguridad ciudadana permite recordar que el fin de las políticas de seguridad no es la protección de una parte de la sociedad a costa de la marginación y criminalización de otras”, advierte el juez Martín Lozada, autor del libro pionero Seguridad privada (Ed. Abaco, 2000). La realidad lo contradice.
“Las estimaciones más recientes consideran que –en el continente- hay 4 millones de personas contratadas por la industria de la seguridad privada”, informaba en 2008 la Organización de los Estados Americanos (OEA), y aseguraba que “en Argentina hay alrededor de dos agentes de seguridad privada por cada policía”. El negocio no ha dejado de avanzar en las últimas dos décadas. Según el informe sobre La Seguridad Pública en las Américas, ese mercado crece entre el 20 y el 25% anual. Y no se detiene cuando la economía se estanca, sino todo lo contrario. El desempleo acrecienta la desigualdad, las brechas sociales aumentan la delincuencia, y quienes más tienen han buscado salidas individuales. En el país hay casi 800 countries, clientes típicos de la venta de seguridad. Así, en localidades como Pilar se calcula que son 13 los custodios privados por cada policía estatal.
El negocio incluye, entre otros servicios, la protección personal, residencial e industrial, el transporte de caudales y la seguridad electrónica, cuya oferta es inacabable. Después de la llave computarizada llegan los sistemas de huellas digitales. Tras vender la alarma, ofrecen el dispositivo que funciona aún cuando se corta la línea telefónica, y así sucesivamente.
La vigilancia física todavía representa la parte más importante del sector. “Para el año 2006 en la Argentina había alrededor de 110.000 vigiladores de seguridad privada legales, según estimaciones privadas confiables; mientras que para el año 2008 esta cifra alcanzaba a 140.000, según la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad”, comenta a La Pulseada el licenciado Fernando Cafferata, consultor que aportó los datos de Argentina al informe de la OEA. “Una estimación de la cifra de personas que trabajan como guardias de seguridad pero no estaban registrados como tales en 2008 variaba entre 75.000 y 100.000”. Se cree que actualmente hay entre 1800 y 2000 empresas en el país, aunque no existen datos fiables. “La información generalmente es inexistente. Si hay, es inaccesible; y cuando es accesible, generalmente es poco confiable”, resume Cafferata, especialista en Seguridad Ciudadana, Defensa y Economía del Delito.
El trabajo en negro hace más complejo el asunto. “Existen innumerables casos en los que menos del 10% de los guardias de una empresa está habilitado para desarrollar su labor”, comenta Martín Medina, investigador de la Universidad Nacional de Misiones y autor del libro Quién custodia a los custodios (Capital Intelectual, 2007). Algunos informes conjeturan que hay tantos vigiladores legales como ilegales, es decir, fuera de cualquier control estatal. “El trabajo en negro siempre es un tema, y en materia de seguridad más. Es más complicado si el tipo está con un revólver o un palo en la mano”, reflexiona el abogado Gabriel Lugones.
Según Cafferata, la oferta “viene de la mano de empresas que rara vez superan los 10 años de antigüedad. En su mayoría son PyMEs de aproximadamente 100 empleados o menos”. No obstante, también hay empresas con más trayectoria, que dan cuenta de un servicio con historia.
Orígenes y servicios
Las primeras policías privadas surgieron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX para proteger a empresas ferroviarias e industriales. En nuestro país no hay registros precisos, pero es paradigmático el caso de La Forestal, la firma de capitales ingleses que explotó millones de hectáreas de quebracho en el Chaco. Además de tener bandera y moneda propia, La Forestal tenía su propia “gendarmería volante”, conocida como “los cardenales”. En los años veinte, cuando los trabajadores se rebelaron contra las crueles condiciones laborales, esta fuerza y otras formaciones parapoliciales causaron centenares de muertos. Similar actuación de agentes privados se registró en la metalúrgica Vasena durante los hechos conocidos como la semana trágica (1919).
Pero el mercado de la seguridad fue pequeño hasta la década del setenta. Se calcula que en 1971 no había más de 6000 trabajadores; aunque empezaba a crecer, en ese período, la demanda de la custodia de personas. Ese año se sancionó una Ley de Seguridad Bancaria que estableció nuevas normas para la gestión del dinero y creó servicios antes inexistentes. Si bien algunos bancos mantuvieron sus áreas internas, se haría conocido el nombre de la empresa Juncadella, que tendió a monopolizar el traslado de caudales. El mismo año se fundó la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).
La dictadura iniciada en 1976 tuvo un especial interés por las agencias. Una evidencia clara surge al repasar las normas sancionadas el mismo día del golpe, que expresan parte del proyecto de la coalición cívico-militar que se preparó para tomar el poder. Un total de 16 decretos-ley fueron aprobados el mismo 24 de marzo, antes incluso de designar al Presidente. Entre ellos, además del “Estatuto de la Junta Militar de Gobierno”, la “Creación de Consejos de Guerra Especiales Estables” y la “Suspensión del Derecho a Huelga”, se encontraba el decreto 21.265, titulado Habilitación de empresas de seguridad personal.
En el segundo año del régimen, Juncadella se benefició con una “privatización periférica” del Banco Nación, que desmanteló el sector interno y contrató servicios privados, prestados con camiones que le compraron al propio banco. Nacida como empresa familiar, Juncadella había sido fundada en 1932, con un único Chevrolet blindado. En los setenta, además de la transportadora, tenía una firma de clearing bancario, que se independizó al asociarse con OCA, una firma gestada como correo interno de la automotriz IKA-Renault. Hacia 1976 se incorporó en ese negocio un joven ambicioso que recién empezaba a explotar los contactos hechos como corredor de una empresa de informática: Alfredo Yabrán. De esa alianza surgió un poderoso correo privado, también beneficiado por la dictadura: en mayo de 1979, Videla modificó la ley que reservaba para el correo oficial el monopolio postal.
En OCASA, la sociedad compartida con Yabrán, también figuraba como accionista Heberto Juan Gut Beltramo, titular de la española Prosegur junto a los Juncadella. Hoy convertida en una de las más grandes transnacionales de la seguridad, esta empresa fue fundada en 1976, semanas después del golpe en Argentina. Tres años más tarde absorbería a la Sociedad Anónima de Servicios de Seguridad (SASS), creada en España por el Brujo José López Rega. Al parecer, los vínculos de los represores con el negocio de la seguridad tienen larga data.
“En el 82, después de Malvinas, los militares y sus socios civiles armaron diversas experiencias para hacer un repliegue ordenado. Crearon las agencias de seguridad privada. O ya existían, pero las consolidaron”, explica a La Pulseada Víctor Basterra, uno de los sobrevivientes de la ESMA que más aportó a la identificación de los responsables del terrorismo de Estado. Cautivo en ese centro clandestino, Basterra fue utilizado como esclavo revelando fotos y falsificando documentos. Durante esa tarea escondió fotografías que luego servirían para identificar víctimas y victimarios. Mientras tanto seguía padeciendo torturas de represores como Roberto Naya (alias Beto o Paco), un interrogador aficionado al alcohol que, por alguna extraña razón, lo tomó como confesor. Una tarde le contó: “Me salvé. Estoy acomodado. Cuando se acabe este curro tengo laburo en una empresa que hace clearing bancario”. Luego supo que se trataba de OCASA. Basterra recordaría ese infierno quince años más tarde, cuando Yabrán salió de las sombras. Reconoció a su torturador en la televisión: estaba cuidando las espaldas del empresario.
Para entonces, en tiempos de privatizaciones, el negocio de la seguridad era inmenso. Tal es así que pronto comenzaron a operar agencias extranjeras que traían tecnología de avanzada. Entre 1999 y 2000 llegaron firmas norteamericanas como Kroll O´Gara o Smith-Brandon Internacional, creadas por ex agentes de la CIA o el FBI y contratadas por grupos como Pérez Companc, Telecom y Exxel. “Este brutal incremento del recurso privado en materia de seguridad se produce en un estadío del capitalismo corporativo caracterizado por la acelerada privatización de los servicios otrora prestados por el Estado”, explica Lozada, que en esos años analizó las normas que empezaban a renovarse. Consultado por La Pulseada, el actual juez barilochense señala que el panorama ha evolucionado por “su incremento y masividad” y también por la “naturalización del fenómeno, que obsta a su análisis desde una adecuada perspectiva crítica”. Ciertamente, la expansión de la seguridad privada no ha sido problematizada ni debatida públicamente, aunque el fenómeno está a la vista.
Ya en 1993, la revista La Era Urbana, editada por el Banco Mundial, diagnosticaba que una de las “salidas dominantes” ante el delito estaba siendo “la privatización, que ha permitido que ciertos sectores, entre los que se encuentran policías y militares jubilados, desarrollen empresas de seguridad privada con personal de poca formación”.
Mano de obra ocupada
Según un estudio presentado en el 7° Congreso Nacional de Estudios de Trabajo, el 90% de los directores técnicos de las agencias tienen un pasado policial o militar. Del 10% restante, en muchos casos es evidente que se trata “de familiares de personas que sí lo tienen. Para cualquiera que conozca el sector, o incluso para todo ciudadano bien informado, estos datos no resultan llamativos”, aseguran Alejandra Beccaria y Federico Lorenc Valcarce: “De hecho, hoy se considera ´natural´ que antiguos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad sean responsables de la gestión operativa de estas empresas”, aunque eso “no tiene nada de natural”.
En otro estudio, Lorenc Valcarce examinó 130 autorizaciones a agencias de seguridad, realizadas entre 2002 y 2004. La muestra revelaba que más de la mitad de los jefes “son individuos que han pasado por la institución policial: 32% por la Policía Bonaerense y 21% por la Policía Federal”. La abrumadora mayoría había alcanzado el rango de comisario. “Por su parte, 33% ostentan un pasado militar: 25% en el Ejército, 5% en la Armada y 3% en la Fuerza Aérea”.
También es vox populi que suele tratarse de agentes que se retiraron de su fuerza acusados de corrupción o prácticas ilegales. Aunque no siempre han sido exonerados: muchas veces se retiran al iniciarse un sumario, lo que evita que queden constancias.
“Son los despedidos de la policía estatal”, sintetiza Lugones, que trabajó como inspector de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Y se indigna más ante la participación de militares: “Acá hay una cultura de que cualquier tipo con arma ayuda a combatir la inseguridad. Se confunde lo que es agarrar a un ladrón con hacer la guerra contra Gran Bretaña. Creer que las Fuerzas Armadas sirven para combatir el delito, no sólo es facho: es una burrada. Son actividades que no tienen nada que ver, aunque en las dos haya armas”.
“Las agencias se convirtieron en el reservorio de buena parte de todos estos tipos”, afirma Basterra hablando de los represores que en el ocaso de la dictadura buscaban dónde “acomodarse”. “En una época me llegaron unos listados de agencias de seguridad e hice una especie de investigación. Descubrí que por los menos 52 tipos que estaban denunciados por los organismos de derechos humanos, ahora están en agencias. Como jefes, como supervisores, como dueños… Si yo haciendo una pequeña investigación, con muy poca profundidad y con pocos elementos, pude descular 52 tipos… Mamita querida”.
La Pulseada consultó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia su conocimiento acerca de “agentes, directivos o propietarios de empresas de seguridad privada que están o estuvieron involucrados en causas judiciales por delitos de lesa humanidad”. El pedido, fundado en normas vigentes sobre acceso a la información pública, nunca fue respondido. Sin embargo, los registros existen. El organismo a cargo de Sara Derotier de Cobacho contestó una consulta similar al juez Manuel Blanco hace tres años, en el marco de la causa referida a la desaparición de Jorge Julio López. En una carta fechada el 12 de marzo de 2007, Derotier adjunta una lista de 42 integrantes de agencias de seguridad que, según sus registros, “habrían actuado en el aparato del terrorismo de Estado” (ver facsímil). Aclara que su secretaría no tiene la función de dictaminar inhabilitaciones, si no que se limita a informar a la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada. La lista de represores duerme entre miles de fojas de la causa López.
Además de la desidia estatal, el problema enfrenta un vacío jurídico. Las normas que regularon la actividad a fines de los ´90 inhabilitan a los ex policías y militares beneficiados por la Obediencia Debida y el Punto Final. Sin embargo, esas leyes de impunidad fueron anuladas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Corte. En su envío de información al juzgado federal, Derotier señalaba que se “ha modificado sustancialmente la posibilidad de determinar con la debida certeza quiénes se encuentran inhabilitados para desempeñar la actividad”.
Malas condiciones
La realidad de estas agencias no se agota en la presencia de policías y militares retirados, que suelen ocupar puestos directivos. La contracara es el reclutamiento de jóvenes y adultos de sectores populares, en condiciones laborales precarias.
Según el informe de la OEA, “los aproximadamente cuatro millones de ciudadanos que trabajan en el sector en la región cuentan con limitada formación para la resolución pacífica de conflictos y aún menor para la utilización efectiva de armas de fuego. La informalidad en esta industria es también preocupante (…) Cuentan con salarios mínimos, nula protección personal o coberturas de salud, enfermedad o muerte”.
En muchos casos, los custodios no buscaron ese trabajo por vocación sino forzados por la necesidad. “La seguridad privada es una de las raras ramas de la economía donde el empleo aumentó mucho en un contexto de desempleo de masa”, explica Lorenc Valcarce: “mientras la tasa de desempleo era del 7% en 1992, 16% en 1997 y 23% en 2002, la fuerza de trabajo contratada en el sector de la seguridad privada era de cerca de 40.000 asalariados en 1992, 60.000 en 1997 y alrededor de 90.000 en 2002”.
La mayoría de los empleados posee una baja calificación: más de la mitad apenas finalizaron la educación primaria. Sólo 1,2% tiene formación universitaria completa. Estos datos surgen del estudio realizado por Beccaria y Lorenc Valcarce, quienes también observan que el 96% de los cuadros operativos del sector son hombres.
En otro trabajo sociológico sobre estos agentes, realizado en 2005, Esteban Khalil y Tomás Guevara remarcaban que la doble autoridad de las empresas y los clientes convierte a la actividad en “muy desgastante, a pesar de que las tareas no son específicamente exigentes en lo físico”. “A pesar de las precisas directivas de las empresas que los emplean, muchos trabajadores terminan haciendo tareas no especificas de seguridad”. Esto se suma a que, si bien “existe una capacitación mínima requerida” en cada provincia, “según los testimonios, en gran medida no se cumple”. Cuando los hay, los cursos de capacitación duran pocas semanas, a veces días. En otras palabras, la seguridad de sitios públicos y privados está siendo delegada en hombres sin preparación y sin descanso, empleados por empresas con fines de lucro.
“Cuando vos tenés intereses comerciales que regulan la seguridad, también tenés pujas comerciales”, advierte el ex funcionario y especialista Marcelo Saín: “Eso muchas veces se traduce en hechos violentos, delictivos, robos a countries… Son disputas por el mercado. Pero no es una lucha comercial clásica, sino que se dirime en un campo complicado”.
Lugones también señala la lógica perversa del negocio: “El mercado para la venta de seguridad privada es la existencia del delito. Mientras que un cana del Estado gana haya o no haya delito, un cana privado no vende el servicio si no hay delito. La llamada sensación de inseguridad es funcional a que las empresas existan y multipliquen sus contrataciones. La gente sin miedo no contrata servicios de seguridad”.
Fuera de control
Una familia de buen pasar gasta alrededor de 2000 pesos mensuales para reducir sus miedos cotidianos. Proliferan los edificios con guardias de seguridad y, en las afueras de la ciudad, las garitas. “Los barrios que pueden contratar guardia privada para la cuadra son de gente que tiene algún poder adquisitivo. Si no, no podés tener 24 horas un tipo pago… Hay en City Bell. No los vas a ver en Barrio Aeropuerto, obviamente”, advierte Lugones.
Ya hay quienes instalan garitas individuales, sin compartir el gasto con los vecinos. La gama de servicios es inimaginable: hay empresas que ofrecen control desde helicópteros, que siguen a cada cliente desde que baja de la autopista hasta el ingreso a un barrio privado. Las cifras son siderales.
Cada contrato expresa una profunda fractura social, la pérdida del sentido de comunidad en manos de una salvación individual que nunca se alcanza. “Estamos en presencia de una justicia de clases, en la cual las grandes empresas oligopólicas y los propietarios acumulativos tienen comportamientos que son contrarios a las garantías jurídico-penales de la mayoría de la sociedad”, concluye Medina: “La inseguridad y la violencia transforman las normas de confianza y reciprocidad, básicas para una convivencia social, en actitudes de desconfianza, sospecha, temor, menos tolerancia ´a lo desconocido´, ´al otro´, ´al de afuera´”. Y la intolerancia con armas y sin controles puede ser letal.
Según la OEA, “uno de los principales déficits respecto de la industria de la seguridad privada es su limitada o nula regulación”. En nuestro país es un asunto de las provincias, por lo que más allá de una norma general de 1999 –que en ningún artículo deroga el decreto de la dictadura- cada jurisdicción posee un ordenamiento específico. Y por supuesto, los criterios de habilitación no son homogéneos.
En octubre de 2002, el entonces presidente de CAESI, Julio Sarmiento, declaraba en el portal especializado Seguridad y Defensa: “Es más fácil abrir una agencia que poner un quiosco”. El Estado ha sido incapaz de frenar la proliferación de empresas ilegales y no se muestra muy eficiente en la inspección de las legales, que incumplen requisitos de capacitación, emplean a personal inhabilitado, etcétera.
“Nadie invierte en los organismos de control. No hay recursos y no hay eficacia”, afirma Lugones, que ya no trabaja en seguridad pero sigue vinculado a actividades de contralor, en el área de educación. “Lo que existe en común es un abandono alarmante de la idea de control. El área de seguridad privada funcionaba muy mal incluso con Arslanián”, recuerda.
La política gubernamental se reduce a acciones espasmódicas. Desde que Daniel Scioli es gobernador, ya se dispusieron dos intervenciones de la dirección fiscalizadora de las agencias, anunciadas a la prensa en situaciones críticas. “Cuando la intervención de un área del gobierno, que debería ser un hecho excepcional, se transforma en una práctica habitual nos tenemos que preguntar si no estaremos ante una incapacidad absoluta para resolver los problemas estructurales de la seguridad pública, si estos actos no responden a un acto demagógico, o ambas cosas a la vez”, planteó el diputado Juan Carlos Juárez al fundamentar un pedido de informes nunca contestado por el Ejecutivo bonaerense.
Mientras tanto, el negocio crece y se torna cada vez más difícil de controlar. De a poco, las pequeñas empresas pierden terreno frente a transnacionales como Securitas, Group4 o la española Prosegur, la aliada de Juncadella que otrora absorbió la empresa de López Rega y ahora cuenta con 70.000 agentes en todo el mundo y facturó más de 1.200 millones de euros en el primer semestre de 2010. “Mientras que la actividad comienza a tomar carácter transnacional, la legislación y el control comienzan a quedar obsoletos. Así como hay escasa normativa regulando la actividad a nivel nacional, es prácticamente nula a nivel regional”, advierte Cafferata. Y cada día más los ciudadanos, rodeados de cámaras y hombres armados, quedan a merced de un negocio colosal, peligroso y sin límites.
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