Vanesa Salgado, una de las autoras del nuevo libro “Políticas penales y de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes”, conversó con La Pulseada Radio. Advirtió sobre el aumento de sistemas de castigo a los pibes pese a que se ha avanzado en leyes para protegerlos. Las víctimas, como siempre, son casi todos chicos de sectores populares.
Vanesa Salgado: -Este libro es el resultado de una investigación encabezada por Silvia Guemureman, en la que confluimos una serie de autoras –todas mujeres– que integramos el Observatorio de Jóvenes y Adolescentes del Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nosotras concebimos la investigación académica desde una actitud militante: queremos estudiar y respaldar con datos, con investigaciones certeras y científicas, el conocimiento de la realidad para poder transformarla. Ese es nuestro objetivo y en esa dirección intenta aportar este libro que mira desde el 2000 hasta el 2012, atendiendo cuestiones nacionales, de CABA y en gran medida observando a la provincia de Buenos Aires porque varias de las autoras vivimos y trabajamos como militantes sociales en la provincia. Buscamos echar luz sobre cuáles fueron las dificultades para avanzar en el sistema o paradigma –como queramos llamarle- de la promoción y protección de derechos, que en la provincia está bajo la ley 13.298.
En el libro hay dos artículos de Ana Laura López que dan cuenta de lo que fue el proceso de sanción de la ley –una cuestión que ustedes conocen bien porque han sido protagonistas como organizaciones sociales-. Analiza también las dificultades que vemos en este proceso de efectivización de derechos. Y cómo se han apropiado de este discurso de los derechos sectores que en realidad no están dispuestos a trabajar para concedérselos a nuestros pibes. Lo que observamos es que cuando se repliega el Estado social lo que ocupa su lugar es el Estado punitivo. Entonces lo que paradójicamente ha aflorado en estos años de despliegue de una ley que se supone es de promoción y protección son sistemas de castigo sobre los pibes. Y fundamentalmente sobre los pibes de los sectores populares. Eso es lo que nosotros vemos y lo que decimos mirando a la justicia, al sector legislativo, a los medios de comunicación, a las políticas sociales y al encierro.
Damián Lambusta: -Julián Axat, que es Coordinador del Programa Acceso Justicia de la Procuración General de la Nación y que participó de la presentación del libro, marcaba cómo la Ley 13.634, que es la de responsabilidad penal juvenil, había pasado a un primer plano por sobre la 13.298, cuando en realidad la de responsabilidad penal juvenil es una ley subsidiaria de la de promoción y protección de derechos.
Vanesa: -Sí, eso es lo que se ve en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un sistema irregular, tutelar o de patronato, que se retira en función del cambio de paradigma implicado por la convención internacional, las leyes nacionales y las leyes provinciales. Pero tras ese retiro del sistema tutelar –que celebramos, sin duda- en muchos lugares no quedó nada. Quedó un vacío que no vinieron a cubrir las políticas sociales. Las que se dieron no alcanzaron y muchas otras no se dieron por deficiencias y por decisiones políticas. Cuando uno lo analiza desde el presupuesto lo puede ver. En dónde pone la plata una gestión como la provincial también nos habla de cuáles son las políticas que más y que menos se refuerzan. Y en el tema infancia tenemos una enorme deuda. Además, lo que no se sostiene con políticas de promoción y protección de derechos recibe respuesta del Estado a través de sus formas más punitivas o represivas. Bajo normas legales, como las del fuero penal juvenil, o ilegales, como los lazos sociopunitivos que genera la policía con los pibes en las barriadas. En la provincia vemos claramente que en estos años el avance del nuevo sistema ha sido poco. Por ejemplo, se han puesto mucho más recursos en las fuerzas de seguridad que en la formación de los servicios zonales o locales en cada uno de los municipios. Esto nos habla por lo menos de desatención, cuando no de decisiones políticas contrarias a lo que indica la ley. Tanto Silvia Guemureman como Julián Axat marcan una paradoja: la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño se dio en pleno menemato, en un momento de avance del Consenso de Washington en toda la región. Es la apertura al mundo de los derechos en un momento en que en la vida cotidiana se restringían los derechos más básicos de las poblaciones. Pasó en toda la región. Esta paradoja sigue de algún modo vigente. Hay sectores que se apropiaron de un discurso políticamente correcto: ya no hablan de “menores” sino de “niñas, niños y “adolescentes”, pero es apenas una manifestación discursiva. Y en eso los medios de comunicación hegemónicos también tienen un gran rol.
En los institutos sólo hay pibes pobres
Vanesa: -Investigar estas temáticas en la Argentina es harto complicado porque no existe información oficial. Por ejemplo, el número de chicos detenidos en la provincia, que nos parecía fácil de encontrar, es un dato a construir. Existe información muy dispersa, muy discrecionalmente manejada. Lo decía Silvia Guemureman: puede ser que los datos no existan, puede ser que existan y no te los quieran dar y puede ser una combinación de ambas cosas. Como sea, es un problema porque así es muy difícil diseñar una política pública. Si no sabemos para cuántos pibes, en qué situación, en qué zonas geográficas… Entonces la falta de datos provoca improvisación. Esa es la primera conclusión del libro: todos los datos que figuran son datos construidos artesanal y metódicamente. En segundo término, vemos muchas dificultades en el funcionamiento de la administración de justicia. Para Julián Axat es uno de los aparatos menos poroso, más opaco, más difícil de penetrar, más difícil de conocer. El libro tiene todo un capítulo, de Florencia Graziano, dedicado a la cuestión. Ella pudo meterse en esa administración de justicia y presenciar audiencias, recorrer pasillos y entrar en esas charlas más informales que se dan en las antesalas de los juzgados donde parece que se deciden más cosas que en las instancias formales. Ese trabajo de campo es muy rico porque da cuenta de lo que finalmente termina sucediendo. Cuando vos escuchás hablar a los funcionarios judiciales antes de entrar a una audiencia con un pibe, te das cuenta de que previamente ya saben lo que van a dictar, ya saben lo que va a pasar, porque tienen una idea formada, un preconcepto, una estigmatización y una mirada moralizante sobre la vida de ese sujeto al cual se supone que tienen que juzgar imparcialmente. En tercer lugar está la cuestión del encierro. Se trabajó con el 50% de toda la población detenida en institutos de menores. Y se sacaron muchas conclusiones sobre la violencia policial, sobre la violencia y sobre la tortura ejercida sobre esos cuerpos de niños y adolescentes.
Ana Laura López que trabajó el tema, habla de “pedagogía de la neutralización”: vemos que los chicos entran al encierro y pareciera que se los pone en “pausa”. Se los despoja de todo lo que los identifica: de su corte de pelo, sus zapatillas, sus ropas, sus lápices… De todo. Se los maltrata de diferentes formas, desde insultos hasta torturas físicas. Y una de las cosas que vemos en los institutos es que el 99% de los pibes que están ahí son pobres. Y muchos no tienen derecho a juicio.
«Políticas penales y de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes”
El libro, publicado por Rubinzal- Culzoni Editores, se presentó en La Plata en noviembre. Es el resultado de un proyecto de investigación que trabaja sobre el despliegue de las agencias de control social penal dirigidas a adolescentes y jóvenes, y sobre el conjunto de políticas penales dirigidas a ese sector de la población. Analiza prácticas y dispositivos institucionales y monitorea el movimiento de proyectos legislativos al respecto.
Las autoras de la publicación son: Natalia Debandi, Silvia Guemureman, Florencia Graziano, Marisa Herrera, Karen Jorolinsky, Ana Laura López, Julia Pasin, Vanesa Salgado.
