Asambleas barriales y familiares de fallecidos convocan a un encuentro ecuménico este domingo pero mantienen para el lunes 3 la tradicional marcha del Municipio a la Gobernación.
A diez meses de la lluvia fatal del 2 de abril de 2013, el movimiento local de inundados divide en dos sus actividades de conmemoración. Por un lado invitan a una actividad reflexiva, convocada como un «encuentro interreligioso», que se hará este domingo a las 18.30 en la plaza Moreno. Por el otro mantienen el reclamo político, que volverán a sacar a la calle en una marcha pero el lunes 3, a las 19 y también desde la plaza Moreno.
Al petitorio de reclamos vigente —esclarecimiento del número de personas fallecidas, juzgamiento a los responsables, obras para evitar que se repita la inundación, un plan de contingencias, revisión del actual Código de Ordenamiento Urbano platense, subsidios y exenciones impositivas por al menos un año— suman en esta edición de la marcha su rechazo al aumento de la tasa de servicios municipales.
La peor de la historia
En zonas que se inundan habitualmente y otras que nunca se habían anegado, el 2 de abril de 2013 La Plata padeció la peor crecida, que desnudó múltiples déficit de la región, dejó bajo el agua a miles de hogares, dependencias públicas y vehículos, y determinó alrededor de 80 muertes, aunque no exista aún una cifra oficial exacta ni acuerdo sobre los criterios para establecer la relación más directa o indirecta con el anegamiento.
El Estado no pudo prever la catástrofe. Tampoco reaccionar. En cuanto a la población general, el relevamiento del Colegio de Trabajadores Sociales expuso que las respuestas inmediatas y posteriores surgieron casi exclusivamente de la sociedad civil, que la política pública quedó reducida a acciones desarticuladas y discrecionales, y que el grueso de la población consultada se evacuó y abasteció de agua potable únicamente con ayuda de la sociedad civil y en casas particulares.
Y en cuanto a sectores particularmente desprotegidos, como los niños, el informe del Programa de Niñez y Derechos Humanos de la UNLP denunció que “la inundación mostró un sistema de protección de la niñez que no daba respuestas”.
Según calculó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, la inundación de la que se cumplen 10 meses afectó directamente al 34% de los hogares platenses (en 78.631 viviendas o entró agua o se arruinaron vehículos o lugares de trabajo de sus habitantes).
Se estima que en promedio el 80% de los hogares damnificados sufrió daños en sus instalaciones por unos $11.557; el 56,87% sufrió pérdidas en electrodomésticos por unos $10.023; el 75% registró daños en mobiliario por unos $24.780, el 48% perdió ropa y calzado por unos $4.500; y el 44% perdió alimentos por unos $1.438. El gasto en salud fue de un promedio de $651 para el 26% de los hogares damnificados y no damnificados. Y el 21,17% de las personas damnificadas sufrió pérdidas en sus comercios (instalaciones o mercadería) por un promedio de $5.127.
Existen causas judiciales abiertas en dos frentes: en el fuero en lo contencioso administrativo el equipo del juez Luis Federico Arias trabaja en un “habeas data” que concentra la investigación sobre errores e irregularidades en el registro y el cómputo de las víctimas fatales y encierra interrogantes sobre prácticas vinculadas al tratamiento de la muerte a partir del 2 de abril.
En tanto, en el fuero penal el fiscal Jorge Paolini tiene a su cargo el establecimiento de responsabilidades políticas por un supuesto estrago. Por el momento no hay funcionarios procesados y aquellos convocados a testimoniar fueron los de menor rango, aunque a fin de año Paolini citó a la entonces presidenta del Concejo Deliberante, Valeria Amendolara, y al ministro de Infraestructura, Alejandro Gaspar Arlía.
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