Un sector de las asambleas barriales protestará primero con un “baldazo”. La otra rama junto a los familiares de fallecidos renovará el lunes la marcha a la Gobernación con consignas contra los festejos oficiales de carnaval.
Pasaron 11 meses de la peor inundación de la historia platense, signada por la muerte, y para conmemorar este aniversario habrá en la ciudad actividades durante el próximo fin de semana largo. El domingo 2 de marzo a las 18.30, un sector de las asambleas barriales encabezado por los Autoconvocados de Tolosa convoca a un “baldazo” en las puertas del palacio Municipal, en la calle 12 entre 51 y 53. Los organizadores sugieren concurrir con baldes, secadores, botas, pilotos y otros símbolos del agua.
Además, informaron que se presentará la murga Carton Yeno y que están invitadas todas aquellas murgas, batucadas, comparsas y cuerdas de tambores que quieran sumarse. “Es un reclamo de toda la comunidad y necesitamos que toda la comunidad este movilizada para combatir el olvido”, explicaron.
A la misma hora que esta primera actividad por el aniversario se estarán realizando en la ciudad los festejos de carnaval que organizó la Municipalidad para ese día en el Pasaje Dardo Rocha y en Tolosa, con murgas, comparsas y candombes.
En tanto, el lunes 3 de marzo a las 19, otro sector de la unión de asambleas barriales junto a la primera asociación de Familiares de Víctimas constituida después de la tragedia marchará por undécima vez del Municipio a la Gobernación. La consigna de este grupo es “Basta de carnaval, La Plata no es Venecia. Vivimos una tragedia”, en respuesta a los festejos organizados por el gobierno municipal. 
El comunicado que difundieron plantea que lejos de un romanticismo veneciano “las aguas sobre nuestra ciudad se llevaron cientos de personas que en la actualidad el fiscal y sus secuaces tratan de disimular, viviendas, millones de pesos en pérdidas materiales obtenidas con los magros sueldos de los trabajadores en este modelo capitalista y el crimen peor, el ocultamiento y la permanente y recurrente invisibilización de las víctimas”.
“Estos funcionarios que han gastado el grosero disfraz de buenos tipos están empecinados en montar un carnaval con el agua que transitó por nuestras calles. Nos vuelven a inundar una y otra vez con sus obras de distracción, los recitales gratuitos, el embellecimiento de plazas y ahora quieren maquillar la inundación como si La Plata fuese la hermosa Venecia”, continúa el comunicado, que apunta a las responsabilidades tanto al gobierno municipal como a autoridades del gobierno provincial y del nacional.
Todos plantean que los reclamos (sobre todo, plan de contingencia, obras hidráulicas para evitar que se repita la inundación, revisión del Código de Ordenamiento Urbano, subsidios y exenciones impositivas, y esclarecimiento en el número de muertes asociadas a la inundación y justicia) están vigentes.
La peor de la historia
En zonas que se inundan habitualmente y otras que nunca se habían anegado, el 2 de abril de 2013 La Plata padeció la peor crecida, que dejó bajo el agua a miles de hogares, dependencias públicas y vehículos, y determinó alrededor de 80 muertes, aunque no exista aún una cifra oficial exacta ni acuerdo sobre los criterios para establecer la relación más directa o indirecta con el anegamiento.
El Estado no pudo prever la catástrofe. Tampoco reaccionar. El relevamiento del Colegio de Trabajadores Sociales bonaerense expuso que las respuestas inmediatas y posteriores surgieron casi exclusivamente de la sociedad civil, que la política pública quedó reducida a acciones desarticuladas y discrecionales, y que el grueso de la población consultada se evacuó y abasteció de agua potable únicamente con ayuda de la sociedad civil y en casas particulares.
Y en cuanto a sectores particularmente desprotegidos, como los niños, el informe del Programa de Niñez y Derechos Humanos de la UNLP denunció que “la inundación mostró un sistema de protección de la niñez que no daba respuestas”.
Según calculó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, la inundación de la que se cumplen 10 meses afectó directamente al 34% de los hogares platenses (en 78.631 viviendas o entró agua o se arruinaron vehículos o lugares de trabajo de sus habitantes).
Se estima que en promedio el 80% de los hogares damnificados sufrió daños en sus instalaciones por unos $11.557; el 56,87% sufrió pérdidas en electrodomésticos por unos $10.023; el 75% registró daños en mobiliario por unos $24.780, el 48% perdió ropa y calzado por unos $4.500; y el 44% perdió alimentos por unos $1.438. El gasto en salud fue de un promedio de $651 para el 26% de los hogares damnificados y no damnificados. Y el 21,17% de las personas damnificadas sufrió pérdidas en sus comercios (instalaciones o mercadería) por un promedio de $5.127.
Existen causas judiciales abiertas en dos frentes: en el fuero en lo contencioso administrativo el equipo del juez Luis Federico Arias trabaja en un “habeas data” que concentra la investigación sobre errores e irregularidades en el registro y el cómputo de las víctimas fatales y encierra interrogantes sobre prácticas vinculadas al tratamiento de la muerte a partir del 2 de abril.
En tanto, en el fuero penal el fiscal Jorge Paolini tiene a su cargo el establecimiento de responsabilidades políticas por un supuesto estrago. Por el momento no hay funcionarios procesados y aquellos convocados a testimoniar fueron los de menor rango.
La cobertura completa de La Pulseada, acá.
