Nota principal: Trata, el infierno consentido
En exclusiva para La Pulseada, José D’Antona, uno de los abogados que representaron a Susana Trimarco, se refiere a la apelación que hicieron de la sentencia y al juicio político que impulsan contra los jueces que absolvieron a todos los imputados por el secuestro y la desaparición de Marita.
“Voy a intentar resumir una serie de irregularidades que detallar nos llevó más de ciento y pico de hojas —previene el abogado antes de fundamentar por qué piden el juicio político a los jueces del caso Marita Verón—: el maltrato que el Tribunal propinó a las víctimas testigos y el que permitió que infringieran los defensores, las continuas amenazas y la torpeza y la impunidad cuando una imputada declara en el juicio que otra la había amenazado en el baño”.
Los jueces admiten que los imputados integraban una red de trata pero no lo consideran suficiente para condenarlos. ¿Ustedes desarrollan algo con respecto a este punto en el pedido de jury?
—Quizás estamos ante el error lógico más grande que se comete en la sentencia. El más elemental sentido común te indica que no hay justificativo para decir que por la misma prueba que no creen que estas testigos hayan estado con o visto a Marita para así eludir la condena, no pueden ser luego usados para decir que están seguros de que son tratantes. Por supuesto está claro que no es un error, está hecho ex profeso para lograr la impunidad de esta gente.
Al momento de la sentencia, Trimarco denunció que una carta anticipaba la absolución de todos…
—Hace como dos años ella recibió un correo electrónico donde le decían que no tuviera ningún tipo de expectativas en el juicio de su hija porque los jueces habían recibido o iban a recibir una gran suma de dinero y los imputados iban a quedar todos en libertad. Susana lo imprimió, se lo llevó a Piedrabuena (porque es el presidente del Tribunal) y éste se lo desmintió. Si bien confió, como es una mujer que hace 10 años está en esta lucha y ya no le cree a nadie, fue e hizo la denuncia en la fiscalía correspondiente.
El expediente tiene unos 57 cuerpos: ¿hay rastros de la complicidad policial?
—Cuando los vecinos de La Ramada vieron a Marita intentaron asistirla pero ninguno llamó a la Policía. Sin embargo, aparecen ahí y en vez de actuar como marcan los protocolos no la registran en los libros de guardias (que finalmente terminan por desaparecer) y un oficial que estaba de franco supuestamente la lleva a la terminal y la sube a un colectivo. En definitiva, la Policía la devolvió a la red de trata. Después aparece también la complicidad política. El entonces ministro de Seguridad, Julio Díaz, supuestamente intentando ocuparse de la integridad psíquica de Micaela [hija de Marita], le puso una psicóloga. Pero la mujer no trabajaba ni el ministerio de Desarrollo ni en el de Salud, era su novia y tenía como misión informarle todo lo que se hablaba en la casa. Al final terminó confesándolo. Te podría dar miles de ejemplos de la complicidad policial, judicial y política.
Por otro carril recurrieron a Casación, ¿qué esperan de esas actuaciones?
—Por un lado, pedir la nulidad de la sentencia. Pero como un nuevo juicio implicaría la revictimización de mujeres que ya pasaron un calvario en La Rioja, después tuvieron que contarlo a la Policía, en la fiscalía y nuevamente durante el debate oral, lo queremos evitar. Por eso pedimos que sea directamente la Corte de Tucumán la que aplique las codenas. Y lo puede hacer, por lo menos tiene las facultades para que sea así.
