El mes pasado, el gobierno nacional tuvo que presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para dar explicaciones sobre los decretos que alteraron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uno de los editores de La Pulseada, que participó como representante de las universidades, cuenta el detrás de escena y repasa las falacias de la exposición oficial, que no respondió ni uno solo de los cuestionamientos de las organizaciones.

 Por Daniel Badenes

 -Las audiencias de la Comisión Interamericana son un relojito -contaban, en la previa, los más avezados en ese mundo lejano, ajeno para el común de los mortales. -Arrancan en punto, cada parte tiene 20 minutos exactos, y cuando se cumple una hora tenés que salir de la sala.

Por eso, para quienes habían estado en reuniones preparatorias en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y vieron el evento por streaming, fue llamativo que pasada la hora de la convocatoria, con todas las partes presentes, esa mañana del 8 de abril la audiencia no arrancaba en el Salón Padilha Vidal de la Organización de Estados Americanos, en Washington. Allí, a más de 8300 kilómetros de sus lugares cotidianos, estaban sentados dos grupos de argentinos. De un lado, el equipo del CELS y una delegación representativa de la coalición multisectorial que impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incluso antes de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomara como propio el tema: medios comunitarios y pymes, cooperativas, universidades y carreras de comunicación. Del otro, funcionarios de distintas áreas, que acudieron incómodos a responder sobre los pasos atrás que el Estado argentino dio en diciembre y enero, por decreto, en materia de libertad de expresión (La Pulseada 138).

El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, que encabezó la delegación gubernamental, fue uno de los últimos en llegar, junto a uno de los árbitros del encuentro. En mesas enfrentadas, ambos cubiertas por manteles azules, se cruzaban miradas y se escuchaban por lo bajo preguntas sobre quién es quién, cuando a las 9 en punto sonó el timbre tocado por el norteamericano James Cavallaro. El presidente de la CIDH, un abogado graduado de Harvard que se doctoró en Derechos Humanos en España, alzó el tono de su segunda lengua:

-Buenos días señores, vamos a comenzar con esta audiencia. Tenemos un problema técnico con los micrófonos pero todos aquí podemos hablar con voz alzada, así que vamos a dar inicio.

En Argentina, más de mil usuarios conectados a la transmisión, no escucharon la rápida respuesta del presidente del CELS Horacio Verbitsky, referente del grupo de “peticionarios”:

-Señor presidente, esta audiencia trata de temas que son muy sensibles para la sociedad civil argentina y está siendo seguida en centenares de lugares, en centros comunitarios, universidades, sindicatos. Sin micrófonos nosotros no vamos a participar…

Fue el primer ladrido en esa mañana de tensa cordialidad, en el subsuelo de la OEA. Cavallaro propuso “tomar unos minutos” para solucionar los desperfectos. Los minutos sobraron: casi al instante, las luces rojas de los micrófonos encendidos empezaron a parpadear.

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Muchas cosas suceden antes de que suene el timbre protocolar que marca el inicio de una audiencia de la CIDH. En esta historia, hay que remontarse al primer día de gobierno de Mauricio Macri, cuando el decreto que modificó el esquema de ministerios socavó la autarquía de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estaba en línea con los “estándares” -palabra clave, una de las más repetidas en la audiencia- que el sistema interamericano de Derechos Humanos establece para garantizar la libertad de expresión. Un par de semanas después, la intervención del organismo ratificó el estado de alerta y convirtió a la Coalición por una Comunicación Democrática en uno de los primeros agrupamientos en organizarse contra las políticas regresivas del nuevo gobierno. En enero, mientras la CIDH recibía en Washington los pedidos para su período de audiencias ordinarias, otro decreto de necesidad y urgencia empeoró el panorama. La nota presentada el 18 de enero fue bien representativa del entramado social que impulsó, participó de la escritura, militó la aprobación y reclama la plena aplicación de la ley. La respuesta formal, 45 días después, fue un balde de agua fría para el Estado argentino.

Entre las organizaciones empezó la búsqueda de recursos, el trámite apurado de visas y el armado de una estrategia en ese terreno ajeno para la mayoría. El gobierno también definió la suya, en distintos planos. La primera fue mediática: un editorial de La Nación declaró “inaudita e incomprensible” la convocatoria de la CIDH, mientras que varios artículos del periodista José Crettaz insistieron en reducir el asunto a un debate entre “el Gobierno y el kirchnerismo”.

Con diez minutos de audiencia, esa falacia quedó desmentida. El primero en hablar después de Verbitsky fue el especialista Martín Becerra, quien asesoró al director en la AFSCA por el radicalismo Marcelo Stubrin, hasta que éste dejó su cargo para asumir como embajador en Colombia. Además de explicar la necesidad de normas y políticas para atenuar la concentración de la palabra, el investigador aclaró:

-Esta audiencia no ha sido citada para juzgar las intenciones declaradas por el gobierno ni especular sobre futuros proyectos de convergencia. Tampoco para evaluar el desempeño de gobiernos anteriores en esta materia, sobre lo cual algunos hemos sido y somos críticos. La audiencia tiene como propósito examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno.

Enfrente, con cara de piedra, escuchaba la numerosa delegación estatal que incluía, además del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, al embajador ante la OEA, autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones y dos funcionarios que conocen bien a la Comisión: Santiago Cantón y Eduardo Bertoni.

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El embajador Juan José Arcuri usó el 5% del precioso tiempo en presentar uno a uno, con detalle de títulos y cargos, a los integrantes de la delegación estatal. Su conformación -de la que tuvo la primicia Crettaz, el periodista de La Nación- fue el segundo paso estratégico del gobierno: llevar viejos conocidos. Cantón, hoy secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, fue el primer Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, designado en 1998. Lo sucedió Bertoni, actual Director de Protección de Datos Personales del gobierno de Macri, cuando Cantón asumió como secretario ejecutivo de la Comisión, donde trabajó hasta 2012. En suma, estuvo catorce años. Debe conocer a cada empleado, desde los custodios del ingreso hasta los técnicos de sonido.

No sorprendió cuando Cavallaro anunció una delegación “de altísimo nivel”. Tampoco que el actual relator interpelara a Cantón por su nombre de pila. La verdadera sorpresa fue la carencia de argumentos. En síntesis, ningún representante oficial habló sobre el tema de la audiencia. Se abocaron a denigrar al gobierno anterior y prometer una futura ley, cuyo proyecto nadie conoce.

Entre los ex relatores, Cantón fue el encargado del pasado. Enumeró una serie de hechos no vinculados con la ley audiovisual que, según su visión, hicieron que el Estado se viera “obligado” a modificarla por decreto. Bertoni, por su parte, planteó la necesidad de adecuar “la normativa vigente a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria” y mencionó la creación de una comisión para hacerlo. Pese a que el proyecto aún no está escrito, arriesgó:

-Si analizamos el propio texto de la propuesta del Estado argentino, resulta evidente que el nuevo marco regulatorio que se propone es acorde con el derecho internacional.

Mencionó una resolución del Ministerio de Comunicaciones que ninguno de los presentes conocía, ya que recién fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de abril, una semana después de la audiencia. Y consideró que era “prematuro y especulativo” discutir “el posible problema que podría derivar de una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración”, como si la audiencia no tratara sobre decretos existentes, cuyas consecuencias habían sido expuestas.

A la hora de las réplicas, Verbitsky recordó que las “medidas transitorias” tienen efectos concretos y dio la palabra a referentes de dos sectores afectados: las pymes y las cooperativas del interior. Contundente, el pampeano Oscar Nocetti retomó la pregunta por el problema de la concentración (ver “La carpeta…”) y despejó toda duda:

-Los DNU han desguazado el carácter antimonopólico de la ley de medios, le han quitado a los grupos económicos concentrados todas las restricciones que impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Las cooperativas estamos en mucho riesgo. Señor presidente: es inusual que nuestras organizaciones populares puedan acceder a una instancia como esta. Cientos de cooperativas y miles de ciudadanos solidarios depositan la confianza en ustedes.

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Por ahora, la CIDH fue cautelosa y receptiva de las promesas del “nuevo gobierno”, aunque contundente en aspectos centrales. En la audiencia, el relator especial Edison Lanza señaló una serie de preocupaciones “sobre medidas ya adoptadas”: dijo que el organismo regulador “como está hoy diseñado, no cumple con estos estándares” y llamó la atención sobre el tratamiento que se dio a la televisión por cable, que en Argentina alcanza al 83% de los hogares. En un comunicado posterior, la Comisión dijo que “toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de Derechos Humanos”; en otras palabras: una nueva norma no puede dar pasos atrás en materia de derechos, como efectivamente ya se hizo por decreto.

La CIDH también anotó que el gobierno prometió abrir “un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales”. La disolución del consejo donde se garantizaba una participación multisectorial, que motivó el llamado a la CIDH, muestra la voluntad contraria.

Después del timbre final, otra vez con micrófonos apagados, el titular de ENACOM Miguel de Godoy se acercó a pedir contactos para “dialogar”. El representante de las pymes Osvaldo Francés puso el dedo en la llaga: le entregó su tarjeta como vicepresidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, un cargo que desempeñaba ad honorem y quedó sepultado por los decretos de los que Godoy eludió hablar.

“Estamos seriamente preocupados porque están dispuestos a no escuchar nada”, sintetiza a La Pulseada Damián Loreti, secretario del CELS y vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. “Por eso hubo que buscar este escenario, que fue el único lugar donde el Estado encontró un actor social «nuevo» para discutir los temas de comunicación, frente a un árbitro que no se lo llevan a empujones. Ese es todo el misterio de la audiencia”.

 Medios comunitarios

En una breve intervención, el comisionado Eguiguren dejó planteadas una serie de inquietudes al Estado argentino. Entre ellas, cómo iban a garantizar “la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios para colocarlos como plataformas o como espacios abiertos a las colectividades”.

Durante la audiencia, el referente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) Néstor Busso habló de esos sectores: “El Fondo de Fomento de medios comunitarios e indígenas se encuentra paralizado. Hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron concursos, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al 2016. La Dirección de Proyectos Especiales, a cargo de este fondo y de la relación con medios escolares, indígenas y comunitarios, está paralizada. Tenía 20 empleados, quedan hoy 4. Mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorrogan en forma automática las licencias (…) hay mas de 200 concursos de radio y televisión digital pendientes de resolución. La normalización en la banda de frecuencia modulada quedó postergada mientras avanzan rápidamente los grupos concentrados”.

Los representantes del Estado no tocaron el tema.

Must carry, garantía de pluralismo

El tema apareció, con esa jerga técnica, en varias intervenciones. Se conoce como “reglas de must carry” a la obligación que tienen los cableoperadores de incluir señales producidas por otros. Al desregular al cable, el decreto 267 eliminó ese requisito, que varias declaraciones de los Relatores de Libertad de Expresión consideran clave para garantizar pluralismo.

El titular de ENACOM, Miguel de Godoy, se vio obligado a responder:

-El directorio del AFSCA (sic), el primero de abril, sacó una resolución al respecto. Del ENACOM, perdón. Me gustaría, cuando vuelvan, poder dárselas, para que puedan tenerla.

El fallido sobre el organismo que su propio gobierno eliminó fue lo de menos. Al cierre de esta edición seguía sin conocerse una resolución que corrigiera este retroceso. Al contrario: Cablevisión dio un paso en la causa judicial donde se dirime el reclamo de la Universidad Nacional de Córdoba para que su canal de noticias sea incluido en la grilla. El abogado del cable del Grupo Clarín planteó que aquella regla ya no era aplicable porque el DNU 267 excluyó a la televisión por cable de las disposiciones de la ley audiovisual.

Pauta publicitaria

“Aprovechamos el desarrollo de esta audiencia temática como una oportunidad para contarles el cambio profundo y trascendente que estamos emprendiendo”, dijo el secretario de Derechos Humanos nacional Claudio Avruj. Como ejemplo, aseguró que “se detuvo la asignación arbitraria de recursos de publicidad oficial, siendo convocadas ante la Secretaría de Medios todas las organizaciones periodísticas para elaborar una regulación transparente e igualitaria de distribución de pauta”. Tres veces falso:

1. En sus primeros meses, el gobierno colocó su pauta publicitaria a cambio de deudas previsionales e impositivas. Favorecer empresas deudoras, lejos de ser un equitativa, es una forma de reparto discrecional.
2. Pese a los anuncios, no rige ni se ha dado a conocer ningún proyecto de regulación.
3. Los únicos consultados fueron grupos que expresan los intereses de los grandes medios privados. El informe presentado por escrito menciona dos: la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Y una tercera ONG consultada: la Fundación LED, encabezada por Silvana Giúdici, actual funcionaria de ENACOM, una de las que viajó a Washington a representar al gobierno.

Los estándares

El abogado Damián Loreti fue el encargado de explicar la incompatibilidad de los decretos con los acuerdos interamericanos. Muy claro, en cuatro minutos cronometrados, detalló tres “estándares” de Derechos Humanos que resultaron violentados: la autarquía del órgano regulador, los deberes de transmisión de los cableoperadores y “el principio de legalidad”, tema candente ya que el Gobierno había apurado, dos días antes, la ratificación del DNU 267 por parte de la Cámara de Diputados. “Según la Opinión Consultiva 6 de la Corte Interamericana, toda regla de restricción al ejercicio de derechos humanos se regula de acuerdo al principio de legalidad formal”, explica Loreti: “Legalidad formal significa un Congreso debatiendo la reglas con participación de mayorías, minorías y expresiones de la sociedad civil que sean oídas, de modo preciso y tendientes al bien común. Cuando tenemos una regla que no cumple eso, aunque al DNU lo refrenden las dos cámaras, no cumple con los estándares del sistema interamericano. O sea: no cumple con la Constitución, porque la Convención Americana de Derechos Humanos está metida adentro”.

La carpeta de ARECIA

En la audiencia quedó claro que una de las grandes preocupaciones de la CIDH es la concentración de medios. El vicepresidente Francisco Eguiguren dijo que “es dañina, es contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al gobierno argentino “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” con este problema. No le contestaron. El comisionado incluyó en la agenda “la concentración a nivel de medios de la prensa escrita”, tema que ha sido denunciado por la Asociación de Revistas Culturales (ARECIA) que integra La Pulseada. En ese sentido, luego de la audiencia entregamos al relator especial Edison Lanza una carpeta con el último censo de revistas culturales y un informe sobre la concentración en el sector gráfico.