CNU: «Muchos más deberían estar en el banquillo»

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En nuestro programa de radio charlamos con Daniel Cecchini (foto), uno de los autores del libro sobre el accionar de la banda parapolicial en 1976

El 15 de mayo pasado se iniciaron en los Tribunales Federales locales las audiencias del juicio oral y público contra dos de los más notorios integrantes de la Concentración Nacional Universitaria, la temida CNU, que actuaron en La Plata: Carlos «El Indio» Castillo y Juan José «Pipi» Pomares.

Esta organización paramilitar de ultraderecha, fundada a fines de los ’60 en el Instituto Cardenal Cisneros de esta ciudad, por el profesor de griego y latín Carlos Alberto Disandro -representante del nacionalismo católico fundamentalista-, se dedicó en principio a hostigar a los militantes de izquierda, sobre todo en las universidades de La Plata y Mar del Plata. En 1971 cobraron más notoriedad al atacar a tiros una asamblea que se desarrollaba en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata y asesinar a la estudiante Silvia Filler, de 19 años.

Fue apenas el primero de una extensa lista de crímenes, cometidos en soledad o en complicidad con la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, creada y dirigida por el tristemente célebre José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social. Incluso miembros prominentes de la CNU, como Alejandro Giovenco y Patricio Fernández Rivero, estuvieron en la primera línea de fuego durante la masacre de Ezeiza.

Esas acciones represivas ilegales cambiaron de naturaleza después del golpe del 24 de marzo de 1976. A partir de entonces muchos componentes de la CNU pasaron directamente a integrar, junto a las fuerzas militares y policiales, los grupos de tareas que implementaron el terrorismo de Estado.

El período de impunidad fue muy largo hasta que, en diciembre del año pasado, diez civiles y un militar pertenecientes a la CNU fueron juzgados en Mar del Plata y siete de ellos recibieron condena a prisión perpetua.

En La Plata, Castillo y Pomares están procesados desde 2011 y la elevación a juicio de la causa se produjo recién en marzo de 2015. Tuvieron que transcurrir dos largos años más para que comenzaran las audiencias.

Juan José «Pipi» Pomares y Carlos «El Indio» Castillo

Sin embargo, aunque la lógica hubiese indicado la unificación de los expedientes, el proceso judicial está fragmentado: de más de 60 crímenes comprobados cometidos en La Plata por distintos integrantes de la Concentración, sólo se tratarán en este juicio los casos de siete víctimas que fueron ultimadas en tres hechos, con apenas dos personas acusadas.

La Pulseada Radio dialogó con Daniel Cecchini, autor junto a Alberto Elizalde Leal del libro La CNU: el terrorismo de Estado antes del golpe, que tuvo una primera edición en 2013 y una segunda, ampliada y revisada, el año pasado. Cecchini es un periodista de muy extensa trayectoria, que -entre otros antecedentes- dirigió el semanario Miradas al Sur, fue corresponsal de la revista española Cambio 16 y ya lleva editados once libros, entre ellos Los nuevos conquistadores: el papel de los gobiernos y las empresas españolas en el expolio de la Argentina; Silencio por sangre: la verdadera historia de Papel Prensa y Cárceles: otro subsuelo de la Patria, escrito junto a Eduardo Anguita y recién presentado. Elizalde Leal también es un profesional de vasta carrera, que ocupó cargos jerárquicos en el staff de Miradas al Sur.

En la entrevista, Cecchini comenzó refiriéndose a los orígenes de esta organización criminal: “La CNU nació a fines de la década del ‘60, como un grupo de choque de la ultraderecha peronista en la Universidad Nacional de La Plata y luego se extendió también hacia Mar del Plata. Se trata de una facción ultramontana, antisemita y antimarxista, con una ideología muy reaccionaria, propia del catolicismo preconciliar. Tanto es así que (Carlos Alberto) Disandro consideraba que Juan XXIII era un infiltrado comunista dentro de la Iglesia. Ellos lo engloban todo en unos términos medio confusos que aludían a la ‘sinarquía internacional’ que ‘atentaba contra los valores de Occidente’. Hacia 1974 la CNU se dedicó fundamentalmente a patotear, perseguir y golpear a estudiantes y profesores de izquierda en las universidades de esas dos ciudades. En algunos casos anteriores habían ido más lejos, como cuando en 1971 irrumpieron a los tiros en una asamblea de Arquitectura en Mar del Plata y asesinaron a Silvia Filler”.

“A principios de 1974 -cuenta Daniel-, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, es obligado a renunciar y reemplazado por el vicegobernador, el sindicalista de ultraderecha vinculado a la UOM, Victorio Calabró. La CNU pasó entonces a actuar como un grupo parapolicial al servicio del nuevo gobernador. Comenzó a secuestrar y asesinar a delegados sindicales de base, estudiantes o docentes pertenecientes a organizaciones de izquierda o a la Tendencia Revolucionaria peronista. Operaban con protección policial y a las órdenes de Calabró. También pusieron sus armas al servicio del designado interventor de la UNLP, Pedro Arrighi. Después de octubre de 1975, ya firmados los decretos de ‘aniquilamiento’ por el gobierno peronista, que en ese entonces estaba a cargo del presidente provisional Ítalo Luder, empezaron a actuar bajo directivas del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Es decir, nacen como un grupo político, no como las organizaciones parapoliciales que también operaron durante el gobierno peronista como la Triple A o el Comando Libertadores de América. Pero luego se transforman en otra entidad paramilitar más puesta al servicio del terrorismo de Estado tal como se implementó en los años previos al golpe de Estado de 1976”.

Consultado acerca de la heterogeneidad de los integrantes de la CNU, que incluía desde intelectuales y profesionales como abogados, contadores y profesores, hasta militantes filofascistas, sicarios y diversos tipos de lúmpenes, Cecchini señaló que “tuvo miembros que uno podría considerar de tipo político y también un núcleo duro que operaba raptando y asesinando. Secuestraban y mataban en la misma noche y dejaban los cadáveres en las calles. Era una manera de sembrar el terror entre la población. Es diferente de lo que sucederá después de marzo de 1976, con el plan sistemático de represión ilegal, cuando los capturados serán trasladados a los centros clandestinos de detención y se dejará por lo común de arrojar cuerpos a la calle”.

Respecto a los cuadros que alcanzó a reunir la CNU en nuestra ciudad, Daniel aclaró que “en su momento de apogeo llegó a contar con un centenar de miembros pero sólo veinte o treinta eran los que operaban militarmente”.

Crímenes de lesa humanidad

En relación al primer juicio que involucró a componentes de la organización, llevado a cabo en Mar del Plata el año pasado, el periodista expresó que “fue muy importante porque en el fallo los jueces afirmaron que se trataba de crímenes de lesa humanidad y eso significó dar un paso relevante, ya que no existía todavía una sentencia similar”.

“Aquí en La Plata se juzgan en este momento siete secuestros y cuatro asesinatos. Y debería haber imputados entre ocho y nueve miembros de la CNU. Pero la instrucción del juicio demoró demasiados años y fue realmente muy mala. Al punto que uno de los crímenes que está en juicio es el de Leonardo Miceli, un delegado de una empresa tercerizada de limpieza que trabajaba en (Propulsora) Siderúrgica, y esa misma noche, el mismo grupo de tareas secuestró a un compañero, delegado de la misma empresa, Carlos Satich, y a un militante gremial peronista del ministerio de Economía, Horacio Urrera, y sin embargo los crímenes de Urrera y Satich no están incluidos en este juicio. Así es como en el marco de las distintas causas van apareciendo otros nombres que ya deberían estar sentados en el banquillo de los acusados”, agregó Cecchini.

Explicó también: “A través de la investigación que hicimos, encontramos un poco más de setenta secuestros y asesinatos cometidos por la CNU en La Plata. Y sólo se elevaron por ahora estos siete casos. Lo que implica que se abran causas residuales, mientras hay otras en instrucción, lo cual hará que siga demorándose la justicia para hechos que ya llevan más de cuarenta años de cometidos. Crímenes que en algunos casos el fallecimiento de los culpables dejará impunes. Porque si bien distintos integrantes de la CNU son gente de más de 70 años que aún vive, otros miembros del núcleo duro ya están muertos”.

Sobre versiones que vinculan a Hugo Moyano, entonces joven militante de la Juventud Sindical de Mar del Plata, en acciones conjuntas con componente de la CNU, Daniel respondió: “En efecto, hubo acusaciones de algún militante dirigidas a Moyano. Lo que nosotros tenemos en claro, lo que está documentado, es que el sindicalista de Camioneros estaba entre los que iban a marcar a ‘los zurdos que están atentando contra el gobierno de Perón’. Eso lo admitió el propio Moyano en algún momento. Respecto de que tenía vínculos con la CNU marplatense, no me cabe ninguna duda. Pero no hemos podido encontrar pruebas que nos indiquen que operaba en conjunto con ellos”.

Durante la entrevista surgió el tema de las posibilidades de actuar que parece conservar la organización. Al momento de exhibir en sus escaparates el volumen escrito por Cechini y Elizalde Leal, a dos librerías vinculadas al sello editor –La Campana-, una de Mar del Plata y otra de La Plata, les destrozaron sus vidrieras: “Así es, casualmente con diferencias de un mes las dos librerías recibieron atentados iguales, pero además en el último año y medio ha habido varias amenazas a testigos”, recordó el escritor.

El perfil de los acusados

En la charla Cecchini también habló acerca del perfil de quienes están siendo juzgados en La Plata: “Empiezo por Pipi Pomares, un antiguo miembro de la CNU, prácticamente del grupo inicial que rodeó a Disandro y al primer jefe nacional que tuvo la organización, Patricio Fernández Rivero. Después se transformó en uno de los lugartenientes del Indio Castillo, que era el jefe operativo de la banda. Vuelta la democracia se recicló en el Partido Justicialista de La Plata y llego a ocupar cargos en el municipio de la ciudad durante la gestión de Julio Alak. Fue también asesor del bloque de senadores del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, con todo el mundo sabiendo quién era y gozando de los beneficios de una suerte de pacto de silencio. Castillo, por su parte, se vinculó con el MODIN de Aldo Rico y después con un gremialista, Omar El Caballo Suárez, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), con quien dieron prácticamente un golpe de Estado dentro de esa agrupación. El Indio también estuvo relacionado con la política, aunque él nunca mostró otra figura que la de un matón. En cambio, Pomares se disfrazó de político”. Es probable que los poco informados no logren salir de su asombro: ¡un genocida como colaborador del intendente que luego sería nada menos que ministro de Justicia y Derechos Humanos y como asesor de los senadores bonaerenses del Frente para la Victoria! Por eso está claro que a estas audiencias -como bien dice Cecchini- tendrían que ser citados a declarar unos cuantos más.

Daniel habló sobre los motivos por los cuales, sabiendo que su convocatoria a los estrados era inminente, ni Castillo ni Pomares huyeron: “Simplemente por una cuestión de impunidad. Se sentían muy protegidos por una trama político-judicial. Poco tiempo después de que comenzáramos a realizar nuestra investigación tuvieron que desplazar a dos directores de la Cámara de Diputados por tratarse de ex prominentes miembros de la CNU: Antonio Agustín Jesús, alias Tony, y Ricardo Calvo, alias Richard. El primero era Director de Referencias Legislativas y el segundo, Director Legislativo de la cámara baja bonaerense y llevaba una carrera de casi treinta años”.

Respecto de las intrigas en torno a las motivaciones por las cuales el 26 de mayo pasado el gobierno de Macri decidió desclasificar el decreto secreto Nº 1.302 -firmado por Perón en abril de 1974- en el que se ordenaba “eliminar las acciones subversivas” y cuya reglamentación, en el típico lenguaje de los servicios de Inteligencia, hablaba del “Conflicto grave Nº 1, denominado Topo, y el Nº 2, denominado Yacaré”; Cecchini dijo: “Estos papeles se conocen ahora, pero hubo uno, de la Mesa Directiva del Movimiento Nacional Justicialista, de octubre de 1973, que no pudieron ocultar y que se llamó el Documento Reservado de Depuración del Movimiento. Allí se les baja a los integrantes del movimiento la directiva de eliminar a los elementos ajenos a lo que sería la doctrina peronista, es decir, se convoca a la persecución del peronismo de izquierda. Ese documento se leyó en presencia de Perón y uno de sus ministros lo filtró a los diarios La Opinión y Crónica, que lo publicaron. Después de tres días de negarlo, el gobierno tuvo que reconocer la existencia del escrito, por lo cual es posible trazar una línea entre ese documento y estos decretos secretos que ahora dio a conocer el gobierno nacional”. 

El resplandor de La virgencita

(extractado del libro La CNU: el terrorismo de Estado antes del golpe, de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal)

Por decisión del jefe de la patota, o quizás por indicación de quienes lo mandan, esta vez los autos no se dirigen hacia el Camino Negro, donde acostumbran a sembrar cadáveres. Carlos Ernesto Castillo, (a) El Indio, sólo ordena salir de La Plata en dirección a Ignacio Correas, un pueblo de las afueras de la capital provincial. No da ningún tipo de explicaciones. Y nadie se las pide. La madrugada del 13 de enero de 1976, los dos Ford Falcon avanzan lentamente. Van despacio porque llueve mucho, pero también porque quienes los conducen saben que nadie va a detenerlos. Una vez más, está todo arreglado con la Bonaerense: el camino a Correas es zona liberada. Los integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) son diez, cinco en cada auto. En uno de los Falcon llevan a un hombre apretado en el medio del asiento trasero; en el otro, la víctima viaja encerrada en el baúl. Cuando están lejos de La Plata, a una seña de Castillo, se detienen cerca de un puente. Nadie sabe por qué, pero El Indio tiene predilección por los puentes. “Vení’, le ordena al hombre apretado en el asiento trasero. Carlos Scafide, delegado de la comisión interna de Propulsora Siderúrgica, no ofrece resistencia. A nadie se le ocurre desobedecer cuando le están apuntando con una Itaka. Lo paran en la banquina, enfrentando la luz cegadora de los focos de los Falcon. “Juntá las manos, como si estuvieras rezando”, le dice y el hombre vuelve a obedecer, ahora apuntado por otras armas. Le abre las palmas y le pone algo entre ellas. “Apretá”, manda, y cuando lo hace le atan las manos con cinta aisladora. Scafide queda parado frente a los focos, como Castillo quiere, como si estuviera rezando, pero con un bulto apretado entre las palmas. Recién entonces El Indio da otra orden, seca: ‘Traigan al otro”.

Cuando lo sacan del baúl, Salvador El Pampa Delaturi está alerta. Sus secuestradores lo perciben y se ponen tensos. Tiene las manos desatadas pero, lo sabe, ninguna posibilidad de resistencia: son demasiados hombres y demasiadas armas. El Pampa, aunque ya no integra la interna de Propulsora, sigue siendo un dirigente reconocido dentro y fuera de la fábrica. A empujones, lo llevan hacia adelante, donde está el otro hombre, con las manos atadas, iluminado por los faros de los autos. Ahí también lo espera El Indio.

Recién cuando lo empujan a su lado, Carlos Scafide reconoce a Salvador Delaturi y le grita, desesperado:

¡Nos van a matar Pampa!

Como si el grito fuera una señal, Delaturi reacciona y se le va encima a Castillo, que lo tiene apuntado con la Itaka (…).

Esa noche hubo diez hombres que integraron el grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Castillo, (a) El Indio. A sus órdenes estuvieron Dardo Omar Quinteros, Julio Cuber, Gustavo Fernández Supera, (a) El Misto; Alfredo Ricardo Lozano, (a) Boxer; Martín Osvaldo Sánchez, (a) Papucho; Antonio Jesús (a), Tony; Ricardo Calvo, (a) Richard; Patricio Errecarte Pueyrredón y El Flaco Blas (…).

El Pampa Delaturi es rápido de reflejos pero no puede ser más veloz que el disparo de una Itaka. Cuando ve que se le viene encima, El Indio Castillo aprieta el gatillo. A Scafide, paralizado, lo mata inmediatamente después. El hombre cae con las manos atadas, sosteniendo, sin quererlo, el bulto que le puso El Indio. El bulto es una carga de trotyl de la que cuelga una mecha larga, lenta. La Virgencita, como lo llaman en la banda.

Debajo de la lluvia, todos disparan sobre los cuerpos caídos. Patricio Errecarte Pueyrredón vacía el cargador de la ‘45 que le dieron y se queda mirando, sorprendido, cómo la corredera de la pistola se le queda atrás. “Boludo, es porque te quedaste sin balas”, le dice otro de los asesinos y le pone otro cargador al arma.

El Indio ordena apilar los dos cadáveres -Scafide abajo, Delaturi encima- y dar vuelta los autos. Enciende la mecha y se sube a uno de los autos. Los dos Falcon arrancan y se alejan en dirección a La Plata. Están a unos doscientos metros cuando escuchan una explosión que parece la de un trueno. Se dan vuelta y alcanzan a ver, entre la tormenta, el resplandor de La Virgencita.

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