Sensaciones en primera persona desde Santiago, cuatro meses después de las manifestaciones disparadas por un aumento del boleto del subte con origen en décadas de desigualdad. La espera de plebiscito para reformar la Constitución pinochetista en abril próximo.
Por Gustavo Vázquez
Conocí Chile y su capital, Santiago, en el verano de 1980. Mis primeras impresiones fueron el raro efecto que produce la luz del sol al atravesar la densa capa de smog suspendida sobre la ciudad, una pintada en un micro “te queda poco Pinocho”, en alusión al dictador que gobernaba con mano de hierro y la omnipresencia de los Carabineros supervisando la vida misma. La represión y las desapariciones eran moneda común.
Cuatro décadas más tarde algunas cuestiones persisten como si fuesen denominadores comunes. La dictadura ya no está, pero dejó un sistema que produjo la mayor asimetría entre los que detentan el poder y la riqueza concentrada en un 5% de la población y la mayoría a la que no le alcanza a veces hasta con tres pegas (trabajos) para llegar a fin de mes. La ecuación es perversa, siempre endeudados y cada vez más lejos del “paraíso” neoliberal.
Es enero de 2020 y pasaron cuatro meses de las revueltas que explotaron con la chispa desatada por un aumento en el boleto del subte que derivó en una reacción generalizada, heterogénea y sin líderes visibles contra el sistema económico, social y político heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (ver La Pulseada Nº 176).
El humo sobre la ciudad es una constante difícil de resolver y los carabineros siguen presentes, ahora ocupados en dispersar, represión mediante, las numerosas y cada vez más frecuentes manifestaciones populares que exigen que se vaya el presidente Sebastián Piñera.
Las paredes siguen hablando con sus pintadas; “paco muerto no viola”, “por una educación digna y estatal”, “No + AFP”, son algunas de las miles que se pueden leer en el centro de Santiago, en las autopistas y hasta en la costanera de la coqueta Algarrobo.
La salida al estallido fue el llamado a un plebiscito para reformar la Constitución, previsto para el 26 de abril. Los chilenos deberán responder dos preguntas: si quieren una nueva Carta Magna y qué tipo de órgano debería redactarla (ver Modelos en pugna).
Postales cotidianas
La espera se palpa en las calles. A metros de la casa de La Moneda una intervención callejera danza y canta. “Piñera culiau, culiau, culiau”, es el único verso que se escucha mientras hombres y mujeres bailan y contornean sus cuerpos. La gente se arremolina, algunos aplauden y otros simplemente miran. De pronto un objeto lanzado desde lo alto de un edificio que da al paseo Ahumada cae en el medio del grupo y la efímera protesta se dispersa. Alguno de los tantos vendedores con sus puestos improvisados comenta: “Esto no da para más, hace treinta años tenemos la pata encima; antes fue el ‘cauro de Pinochet’ y hoy este ‘huevón’ que nos gobierna. Por eso la gente sale a la calle, porque queremos que se vaya, que renuncie”.
El paseo Huérfanos está relativamente concurrido porque es la tarde, la hora de salida del trabajo en el microcentro Santiaguino. Aldana es una de las transeúntes, es ingeniera en sistemas que trabaja en el Banco de Chile. “Tengo 25 años y pasaré no menos de 20 para pagar la hipoteca que contraje para poder estudiar. Por eso salimos a la calle, para decirle al gobierno que este no es el camino, que no todo es generar riqueza para unos pocos a costa de no tener educación y salud gratuitas”.
Los mercados son, quizá, los mejores lugares para entender costumbres y formas de consumo en las grandes ciudades. La Vega de Santiago promete todo eso junto, pero para llegar hay que cruzar el Mapocho, un río que baja de la cordillera con sus aguas escasas y de color marrón producto del sedimento que arrastra en su curso. Uno de los tantos puentes que lo cruza posee veredas atiborradas de vendedores. Así se llega de a poco al mercado central donde la oferta de productos frescos es más que atractiva: pescado, frutas, verduras, carnes y muchos artículos de la canasta familiar están allí.
“Empezamos muy temprano y terminamos después de las 7”, comenta María. “Siempre peleamos nuestra pega pero cada vez pareciera que necesitamos trabajar más porque el dinero rinde poco. No entiendo de economía, pero algo anda mal seguro porque a este ritmo tendremos que estar las 24 horas y no se si alcanzaremos a hacer diferencia”.
En las grandes cadenas de supermercados, cuando se está pagando en la caja, hay jóvenes que ayudan a poner las compras en la bolsa. La cajera me dice por lo bajo “son chichos que con tu propina se ayudan a pagar los estudios en la universidad”.
Son 30 años
Así las cosas en un Chile donde el gobierno posee un 6% de aprobación, según el Centro de Estudios Públicos. El llamado al plebiscito queda muy lejos en el tiempo. Mucho antes, quizá, el gobierno y la clase política tendrán que sacar una “Ley Antisaqueos” como ironiza desde su tapa The Clinic (www.theclinic.cl).
El reclamo social creciente no es cosmético. Harto de pagar todo el tiempo educación, salud, transporte e impuestos y con sueldos casi congelados, el pueblo chileno sabe que es difícil volver atrás y siente que puede torcerle el rumbo al gobierno neoliberal. Lo que no se sabe es cuál será el costo
Diez mil presos
Desde el 18 de octubre del año pasado, cuando la reacción por el aumento en los boletos de subte provocó una revuelta que derivó en estallido social, y hasta el 3 de febrero último, en Chile se contabilizan 9.787 personas que fueron detenidas. Las cifras fueron difundidas a mediados de febrero por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile (INDH) y forman parte de un contexto de crisis que no cesó y tiene en jaque al segundo mandato del presidente Sebastián Piñera.
La mayoría de las detenciones fueron distribuidas en las comisarías de las regiones Metropolitana y de Antofagasta, a 1.340 kilómetros al norte de Santiago.
Otro dato es significativo respecto del alcance de la represión: entre los detenidos hay 1.133 niños, niñas y adolescentes (943 varones y 190 mujeres). Todos los casos fueron detectados por los veedores del INDH en comisarías.
El jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, dio precisiones sobre las condiciones de detención. Habló de diversos tipos de abusos y violaciones a sus derechos planteados por los presos: “En algunos casos de torturas, en otros de tratos crueles, inhumanos y degradantes, también de violencia sexual respecto de las personas detenidas y en otros casos del incumplimiento de derechos de los detenidos”.
Modelos en pugna
En el plebliscito del 26 de abril los chilenos tendrán que decidir si quieren una nueva Carta Magna y qué mecanismo debería redactarla. Las dos opciones entre las que se podrá elegir son una «convención mixta», formada en partes iguales por los actuales parlamentarios y otros electos; o una «convención constituyente», integrada sólo por personas escogidas únicamente para ese fin.
En caso de triunfar el “sí” a la reforma, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, en el mismo momento en que se voten las autoridades elecciones regionales y municipales. Y la nueva Constitución, cuya redacción tiene un plazo de un año, se ratificará en otro plebiscito.
A diferencia del plebiscito de abril, cuya participación no es obligatoria, la ratificación sí lo será.
La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social ya que la actual, redactada en tiempo de dictadura pinochetista, es considerada como el origen de la grandes desigualdades del país, ya que le concedió al Estado un rol secundario en la provisión de la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
