Las abogadas de la familia de Johana Ramallo buscan reactivar el pedido de recompensa para quien aporte datos que ayuden a esclarecer el crimen de la joven vista por última vez hace tres años. Se esperan cotejos sobre el hallazgo de un tercer resto y aseguran que la causa judicial que lleva el Juzgado Federal N° 1 sigue “muy activa”.
Mes a mes y luego año a año desde el 26 de julio de 2017 Marta Ramallo, acompañada de organizaciones sociales y políticas, actualiza el reclamo de justicia por su hija. La causa que ahora investiga su muerte permanece sin ningún imputado, se desconoce –al menos públicamente– si hay sospechosos y poco se sabe sobre los avances que ayuden a responder qué pasó con Johana Ramallo.
En diálogo con La Pulseada, María Inés Lopisi, abogada querellante junto a Valeria Moneta, describe que se trata de una causa “muy compleja y muy activa. Van tres años y es una causa en la que el año pasado una o dos veces por semana teníamos audiencia”. Ahora, con la pandemia y como en todos los ámbitos, el movimiento bajó y buscan reactivar el pedido de recompensa para que “cualquiera que tenga un dato útil para saber qué paso con Johana se acerque al juzgado. Eso es lo que más estamos pidiendo, que se acerquen a hablar, porque estamos seguras que hay algo ahí que se sabe y puede ayudar”, afirma Lopisi.
La primera recompensa que se ofreció fue publicada en diciembre de 2017. La causa ya la llevaba la justicia federal pero la solicitud la había realizado en agosto, un mes después de la denuncia de la desaparición de Johana, la fiscal provincial Betina Lacki. Esa recompensa aún se ve publicada en la página web del Ministerio de seguridad de la Nación, la autoridad de aplicación a través del programa “Buscar”.
La publicación es confusa: al ingresar en el listado de personas extraviadas el nombre de Johana Luján Ramallo aparece en la segunda página. Dice al lado “extraviada/desaparecida” y abajo, en letra chica “el Ministerio de Seguridad informa el hallazgo” antes del monto de la recompensa, y su descripción y datos.
Lopisi explica que esa resolución era para dar con su paradero y ahora quedó caduca. El “hallazgo” fue en principio de dos restos en la zona de Palo Blanco, Berisso, en agosto de 2018. Un brazo primero y, 20 días más tarde, una pierna que quedaron perdidos en los vericuetos de la justicia provincial, cada uno por separado. Recién 9 meses después se integraron las instrucciones por esos hallazgos a la causa de Johana Ramallo.
Ahora las abogadas esperan pruebas sobre un tercer resto, una tibia, que se encontró también en Berisso pero en el sector de la costa conocido como La Balandra. “Estamos a la espera de una fecha para el cotejo de ADN que va a realizar tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que es perito de parte nuestra, como la asesoría pericial de la justicia”, comenta Lopisi y agrega que, de coincidir, la expectativa es poder pedir nuevas medidas de prueba y rastrillajes en la zona, porque sólo se realizaron en la zona de Palo Blanco con resultado negativo.
Mientras tanto, antes del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), habían pedido nuevamente la publicación de la recompensa, ya que la ley contempla también ofrecerla para quienes aporten datos útiles para esclarecer delitos, en este caso, las circunstancias de la muerte de Johana. Lopisi asegura que “a aquellos que puedan brindar información el juzgado les reserva la identidad, ni siquiera para la querella eso es público. Hay testimonios que son testigo 1, 2, 3, no sabemos quiénes son. El juzgado los va a resguardar”.
La causa acumula cuerpos, ronda los 45. La abogada menciona que las líneas de investigación que se siguen son varias, todas vinculadas al delito de trata, y que entienden que muchas de las personas que incluso han declarado podrían haber omitido algún dato por miedo. “Estoy esperanzada de que alguna línea en algún momento sea más clara y nos lleve a la verdad”, concluye.
