La Casa nació el 15 de agosto de 1997, cuando en el marco de la obra de Cajade se decidió alquilar de un lugar para refugiar a mujeres que huían de convivencias violentas. La trayectoria en tiempos que la perspectiva de género era incipiente, su lucha por el reconocimiento y una supervivencia sin ayuda estatal.
Por Redacción La Pulseada
Foto de portada: Pablo Piovano
La Casa María Pueblo cumplió 25 años de trabajo con mujeres, niños y niñas que son víctimas de violencia intrafamiliar y necesitan un lugar de resguardo. Empezó su trabajo ligada estrechamente al Hogar de la Madre Tres Veces Admirable que una década antes había fundado el padre Carlos Cajade cuando la perspectiva de género casi no se conocía como tal a la hora de abordar el maltrato.
Faltaban muchos años para que el #8M y las campañas del #NiUnaMenos o el #NoEsNo se convirtieran en mareas irreversibles. Los chistes que denigran a las mujeres salían en la tele en horario central, no había canciones de artistas populares cuestionadas, los acosos verbales callejeros no tenían condena social y los femicidios solían ser considerados “crímenes pasionales” en las secciones de policiales.
“Recién arrancaba un debate, porque no estaba en la agenda de nadie”, recuerda ahora Darío Witt, promotor del refugio que hoy preside la abogada y escribana Karina Fiorito. Y recuerda que ni siquiera ellos sospechaban que fuera un problema tan complejo.
Una imagen relatada se convertiría en el momento fundacional de un emprendimiento que terminaría siendo pionero en el país y reconocido por eso internacionalmente. El 15 de agosto de 1997 era un día lluvioso en La Plata, caía la noche y Cajade salía con Darío y con el cura Juan Carlos Alba Posse de la Casita Madre del Pueblo de 6 y 602 cuando vieron a una mujer que estaba con sus bebés protegiéndose del agua debajo de un árbol en un terreno cercano.
Aquella escena era el emergente de un problema extendido en el barrio donde ya estaba consolidado el trabajo de la Obra. “No sabíamos que hacer con las mujeres y los pibes que llegaban a la Casita escapándose de la violencia de sus parejas”, recuerda Witt. Y pone un mojón temporal a su historia: “Ese 15 de agosto decidimos alquilar una casa y empezar, con la idea de solucionar este problema. No sabíamos que era un problema social tan extendido”.
María Pueblo sumó el concepto de «violencia en el noviazgo» a la Ley provincial del Violencia Familiar sancionada en 2021.
El incipiente trabajo de los primeros años en el barrio convirtió a María Pueblo en una referencia como el único refugio para mujeres, niños y niñas que huían de la violencia. En ese contexto se entiende que cuando dos años después en la Legislatura bonaerense empezó a debatirse la Ley 12569 de Violencia Familiar, sus responsables fueran una fuente de consulta. “No había mucha gente con experiencia y por eso nosotros aportamos en dos puntos”, recuerda Witt sobre aquella norma sancionada a fines de 2000 y promulgada en enero de 2001.
Habla de “la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño” y de la incorporación de la violencia en el noviazgo que amplió el concepto de violencia familiar. “La presente Ley también se aplicará cuando se ejerza violencia familiar sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja o con quien estuvo vinculado por matrimonio o unión de hecho”, quedó reflejado en el artículo 2.
La pelea no terminaría con la promulgación de la Ley. En 2005 María Pueblo denunció que los tribunales de familia de aquel momento se negaban a aplicarla. Se hizo público aquel planteo y se abordó comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El reconocimiento con el tiempo fue internacional y el modelo recibió en los primeros años del siglo distinciones de lugares como España, Italia, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, Australia y Brasil. Además del premio de ONU Mujeres otorgado más adelante en dos oportunidades, en 2012 como en 2017.
Pero la proyección de la Casa se profundizó desde 2003, cuando según Witt empezaron a cambiar muchas políticas y legislaciones. La organización alimentó la relación con el gobierno nacional, lo que incluyó una visita de la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner.
“En aquel momento las mujeres de María Pueblo pudieron exportar a distintos países el modelo”, dice Darío y le pone cifras al trabajo de 25 años. Habla de decenas de miles de mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia que tomaron contacto con la Casa. Pero es más precisa la cuantificación de acciones concretas: se tramitaron más de cinco mil exclusiones de hogar, hubo unos 450 agresores detenidos y se llegó a 84 abusadores sexuales con condena firme.
Y en esos años en los que el trabajo de los talleres de María Pueblo se exportaba se construyeron unas 70 casas para víctimas y hay un barrio al que se le puso el nombre María Pueblo.
Algunos hitos marcan la trayectoria en el cuarto de siglo de existencia. Uno de ellos fue la campaña “265 hombres contra el machismo” que fue reconocida internacionalmente. Otro -vinculado con el anterior- fue el pedido de expropiación de la casa del cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda, aprobado en 2012.
El emprendimiento pegó un salto cualitativo cuando en 2016 se transformó en un centro modelo de abordaje integral para víctimas de violencia de género con la inauguración de su nueva sede, una construcción de 1.100 metros cubiertos y amplias comodidades para albergar hasta 70 personas.
En 25 años se promovieron 5.000 exclusiones de hogar, unos 450 agresores fueron detenidos y 84 abusadores tuvieron condena.
PRESENTE
Actualmente la organización no cuenta con ningún convenio que signifique algún aporte económico de ninguno de los niveles del Estado. Ni los ministerios específicos creado por los gobiernos nacional y provincial ni la secretaría de Atención a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata mantienen un vínculo. “En los últimos 5 años tanto la presidenta como la vice son mujeres, han pedido entrevistas, pero nunca fueron recibidas por las ministras”, cuenta el fundador de la Casa en relación a las titulares de la cartera nacional Elizabet Gómez Alcorta y la bonaerense Estela Díaz.
A nivel local, como informó La Pulseada en el principio de la pandemia, se dio el ajuste más cruel cuando al frente de esa repartición estaba la hoy diputada nacional “libertaria” Carolina Piparo. Un simple mensaje de WhatsApp enviado justo en Nochebuena fue la comunicación de que la Casa ya no percibiría el único subsidio (unos 200 mil pesos) que recibía hasta el momento y que estaba destinado casi íntegramente al relleno del zeppelin de gas envasado.
Más allá de las consideraciones específicas y la evolución sobre las políticas de abordaje y contención de las víctimas de violencia de género que pueden estar vinculadas con la falta de apoyo estatal, la ayuda económica, por cierto limitada, llega de la comunidad.
Sí cuenta con el reconocimiento del Banco Nación que la seleccionó como una de las dos organizaciones que reciben el canje de puntos de las tarjetas a través del programa de beneficios de la entidad. Y de la cadena de supermercados La Amistad, que dona a la Casa lo que recauda en concepto de redondeo de los vueltos en las compras.
La entidad se ha financiado históricamente con recursos generados por sus propios integrantes, fondos obtenidos al ganar concursos organizados por diversas ONG’ s internacionales e ingresos por ventas diversas como las de artesanías y discos (entre ellos Aprender a dar, grabación que contiene la Marcha de los Chicos del Pueblo, compuesta por Witt y cantada junto al mismísimo Carlitos Cajade, que se comercializó en España, Italia, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, mientras que en la Argentina fue adquirida por 30.000 personas y conquistó el premio Gardel 2009).
“Ahora seguimos con proyectos propios, seguimos trabajando en los talleres y vendiendo los toallones y las toallas bordadas de seda que producen, trabajamos en talleres de radio y atendemos de manera gratuita tanto en lo civil y lo penal a las víctimas”, explican desde la Casa. Calculan que sólo en concepto de honorarios no cobrados por sus abogados a la hora de representar a las víctimas, llevan donados a la comunidad más de 300 millones de pesos. “Es lo que hemos podido hacer. Y corresponde agradecer a toda la comunidad que siempre ha colaborado y lo sigue haciendo de manera anónima, como lo hace también María Pueblo”, cierra Witt.
