“La Provincia no tiene voluntad de que esto avance”, resume Eduardo Reese, coordinador del equipo que bocetó la ley provincial de Acceso justo al hábitat. Para exigir su aplicación urgente ante dificultades para acceder a un terreno o regularizar su tenencia, organizaciones sociales y políticas se nuclearon en La Plata. Rostros e historias de militantes barriales y profesionales que transitan un camino largo y desigual.

Por Josefina Garzillo

—Mi nombre es Analía, venimos de La Boca, de la cooperativa de vivienda Los Pibes. Somos 33 familias. Hace 10 años nos organizamos. Si Dios quiere a fin de año vamos a tener la obra terminada.

Mientras habla señala orgullosa la maqueta con la que llegaron a la plaza San Martín en junio pasado para participar de la jornada de “Cabildo abierto” organizado por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y convocada por el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata y decenas de organizaciones políticas y sociales. En la maqueta están representados a pequeña escala sus casas y el edificio de la cooperativa. “Tenemos una pelea con el Instituto de Vivienda que por la burocracia de ellos nos atrasa la obra. De las 33 familias, varias se fueron cayendo por el cansancio de ir a pelear por los papeles. Nosotros tenemos el aguante de los hijos y los maridos que nos bancan. Esto solo nadie lo puede hacer. En La Boca están vendiendo los conventillos. A (el jefe de gobierno porteño Mauricio) Macri le jode que una cooperativa de esta magnitud esté a tres cuadras de Caminito”, cuenta.

La mañana está fría. El sol sale y se esconde de ratos, costumbre de otoño platense. En la plaza que separa a la Gobernación de la Legislatura hay unos 12 gazebos con puestos de organizaciones sociales que llegaron para reclamar la aplicación plena de la ley provincial de Acceso justo al hábitat (N° 14.449), sancionada en 2012 gracias al empuje de muchas organizaciones que venían trabajando desde sus barrios a partir de conflictos por el acceso a la tierra, promulgada recién en 2013 después de reclamos y fallos judiciales, y vital para la enorme cantidad de bonaerenses que no acceden a la vivienda digna.

Muchos de los presentes forman parte de la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de Educación (COOPTEBA), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Movimiento Evita. Para compartir traen sus exigencias e historias colectivas, y productos de sus emprendimientos, como el MNCI, que llenó su puesto de mermeladas y dulces, libros, folletos y otras publicaciones.

Llegan además con sus exigencias y sus luchas. Desde Los Pibes, Analía le cuenta a La Pulseada que en este momento trabajan en ayuda mutua para hacer baldosones, lijar paredes y pintar puertas de los 33 departamentos del edificio. En la plaza también está Antonio, de la Cooperativa 23 de Noviembre. Toma la voz y recuerda cómo hace un año 120 familias se reunían en Varela a partir de que la Pastoral Social y la CTA les hablaran de la existencia de la ley: “El objetivo nuestro es hacer nuestras casas con autoconstrucción y práctica comunitaria. Algunos compañeros tienen el oficio y otros nos empezaremos a formar. En Varela tenemos medio millón de habitantes. Muchas familias vivimos juntas porque estamos fuera de acceder a un crédito. Con esta ley vamos a poder…”, cuenta en voz alta para ganarle a la murga que practica los primeros toques en la plaza.

En simultáneo, Gisel Bravo hace las pruebas de sonido para la radio abierta que enmarcará la jornada. Integra el equipo de Comunicación y Capacitación de Madre Tierra, una organización con 30 años de trabajo sobre el problema de la vivienda en el partido de Morón. “Tenemos una revista y una radio que se llaman ‘Haciendo barrio’. El programa sale en la FM 89.3 Huayra Timbal los viernes a las 11.30, en Castelar Sur. Desde ahí difundimos la ley de Acceso al hábitat. En los barrios se necesita ya la implementación”.

La jornada arranca en el recinto con disertaciones de Alicia Sánchez y Alberto España del Frente para la Victoria (FPV), dos de los diputados que acompañaron la ley, entre otros representantes de organizaciones sociales, territoriales y académicas. Cerca del mediodía las actividades se dividen entre la plaza y tres talleres en simultáneo en la facultad de Trabajo Social, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de calle 46 y el Rectorado.

Especulación y necesidad

“Hay una gran resistencia del gobierno provincial a aplicar la ley. La publicaron en el Boletín Oficial un año después de la sanción, a consecuencia de una denuncia del juez Arias, en octubre de 2013”, recuerda Eduardo Reese mientras zigzaguea con La Pulseada en el ritmo y el ruido de la avenida 7 al mediodía. Además de arquitecto e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Universidad de General Sarmiento (UNGS), dirigió el equipo que redactó esta ley y se dedicó a difundirla en la Provincia cuando era apenas un proyecto. “La ley tiene herramientas y financiamiento para ejecutar programas y crea un ámbito participativo para poder demandar. Es decir, crea derechos y lugares para hacerlos exigibles”. Admite que va a ser un trabajo largo.

Reese charla con La Pulseada inmediatamente después de coordinar un taller en la Facultad de Trabajo Social, donde representantes de distintas organizaciones contaron las realidades que atraviesan ante la ausencia de políticas públicas: dificultades para acceder a los títulos de sus tierras, 700 familias resistiendo una toma hace meses en Quilmes, agua y otros servicios públicos prometidos que se hacen esperar…

“Varios de los artículos de la ley no están reglamentados”, plantea un vecino en el taller, y agrega que “son de los más importantes”. “No es casual”, aclara Reese. “Ustedes tienen que saber que la Provincia no tiene voluntad de que esto avance. Desde 2012 cobra el impuesto a los inmuebles ociosos que contempla la ley para financiarse y le preguntamos al Gobernador ‘¿dónde está y qué hacen con esa plata?’”.

Entre los puntos más novedosos que Reese comparte con las organizaciones se destacan la creación obligatoria de los “consejos locales de hábitat” como espacios de participación, el “castigo impositivo” a los inmuebles ociosos y la derogación de una cantidad de trabas que imponía la Ley de Ordenamiento Territorial (8912/77) de la última dictadura para regularizar la tenencia de la tierra. “Ya no tienen que recurrir a larguísimos trámites creados en esta provincia por un conjunto de burócratas. Eso hoy no existe más”, dice.

Los intereses generados alrededor de la tierra no son nuevos. El urbanista Raúl Wagner, que también trabaja en la UNGS, analiza con La Pulseada: “El gran problema que domina la Argentina hoy es el aumento del precio del suelo urbano. En los últimos 10 años ha aumentando casi por diez a nivel nacional. Existen financiamientos para conseguir viviendas, como el PROCREAR, pero es muy difícil acceder a un terreno. No es que falte tierra, sino políticas públicas que impidan la renta artificial.

Uno de los motivos del aumento en las periferias es el boom de los barrios privados, práctica muy instalada en los sectores económicos altos y “entre la clase política, que buena parte vive ahí”, lamenta Wagner y afirma que esta situación “lleva a las personas con menos recursos a buscar un pedazo de tierra en el sector informal”, donde “caen en asentamientos o son víctimas de loteos fraudulentos”.

La nueva ley, con el impuesto a los inmuebles ociosos, vendría a revertir esta situación y poner freno a la especulación, pero la aplicación de esto último también se está dando “mal, a mansalva” para Reese, que aclara que no todo el que tiene un lote vacío es un especulador. Muchos pueden pertenecer a gente que está juntando la plata para construir la casa. “El espíritu de la ley lo dice claramente: ‘Hay que hacer una discriminación de los inmuebles que están vacantes por distintas razones. ¿Qué hace ARBA? Aplica a todos por igual”.

Reese enfatiza que “la clave es la organización en los barrios para exigir la aplicación a escala municipal. Esta ley nos demanda la construcción del poder popular. La salida es colectiva. Ya no va más que individualmente por familia hagan una cola para anotarse en un plan de vivienda. Ahora tenemos una ley para exigir mucho más y cambiar la concepción de cómo construimos el barrio”. Sus palabras resuenan en la experiencia de las organizaciones. Desde Los Pibes, Analía cuenta: “El nuestro es un terreno muy valioso. Estamos en La Boca, frente al río, y en lucha con el gobierno de la ciudad, porque quiere extender Puerto Madero para este lado”.

El camino

2004. Se forma el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (FOTIVBA), al que adhirió la Universidad de General Sarmiento.

2005. Primer borrador de la ley, que proponía cambios a distintos marcos jurídicos, en particular a la ley de Ordenamiento Territorial, de 1977. “Los debates en esa época eran sobre necesidades más inmediatas, como tener un plato de comida, conseguir laburo. Hubo que esperar hasta 2009 para que el tema entrara en la agenda y tener un primer proyecto de ley”, recuerda Reese.

2009 a 2012. Discusión pública en barrios y asambleas los sábados, y en universidades o colegios profesionales en la semana.

El proyecto original fue firmado por Marcelo Saín (Nuevo Encuentro), Alicia Sánchez y Alberto España (FpV). “Avanzó en las dos cámaras en una coyuntura política favorable”. “Unidos y Organizados (kirchnerista) recién se creaba, lo tomó como carta de presentación política y se aprobó”, sintetiza el integrante del CELS. “Después se tomaron un año para publicarla en el Boletín Oficial” y reglamentarla.

Emilio y las banderas

Para estar en el Cabildo, Emilio viajó desde Ezeiza. Allá vive hace 40 años, desde que se acercó en el ‘73 para presenciar la vuelta de Perón. Antes anduvo por Santa Fe, a los 13 años, cuando abandonó Santiago del Estero en busca de trabajo. Entrando en la facultad de Trabajo Social platense sostiene fuerte la bandera del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Le nombran la lucha del Movimiento Campesino de Santiago, el MOCASE, y sonríe orgulloso. Dice que hace años se enroló en el Partido Justicialista, del que no lo mueve nadie, y que acompañó a todos los gobiernos sociales: a los que ayudan a la gente. Estar en los movimientos es importante, dice. “Para tener lo que uno necesita”.

—¿Qué es lo que uno necesita?

—(Piensa un rato, la mirada fija hacia el frente…). Trabajo, tierra y producción. Yo no tengo nada, no hice la vivienda porque no tenía un lugar. Nación me mandó de todo: chapas, tirantes, camas, materiales. Yo estoy muy agradecido pero todavía no lo pude hacer.

—¿Por qué vino a apoyar esta ley?

—Por lo menos si no consigo yo, que quede para los que tienen más años de vida. Yo tengo que ir dejando todo y esperar el destino.

Fue y vino por las provincias. Recuerda sobre todo la última vuelta: el regreso de Perón a Ezeiza. “Yo me salvé por segundos, estaba ahí, cerca de la cabina de Leonardo Favio que había preparado para recibir a Perón. Que al final bajó en Morón. Muchos se fueron yendo. Yo me quedé a vivir ahí y estuve con todos los movimientos sociales, ERP, Montoneros, FAR. Nunca llevé armas. Yo siempre quería aprender más”.

—¿Qué quería aprender?

—Cómo se lleva adelante un movimiento social, qué medios se necesitan para mejorar la vida. Lo contrario a la dictadura de Menem, yo a ese lo llamo Movimiento Salvaje porque vendió todo, nos dejó in-co-mu-ni-ca-dos cos: sin los trenes.

Sostiene muy fuerte la bandera del Movimiento Campesino. Dice “las otras me quedaron guardadas. Siempre traigo la argentina también. Esta (la del MNCI) es linda porque lucha para conquistar lo que uno necesita para vivir”. Antes de saludarnos Emilio hace flamear la bandera para una foto. Y dice que también hace versos:

“Esta es la tierra del indio /

Nadie se la puede negar /

Es un grito de libertad y del suelo donde ha nacido /

Y si todo está perdido luchemos con la verdad /

Las causas desaparecerán cuando no haiga más pobreza”.