Borrados del mapa

A tres meses del desalojo bestial a la comunidad toba que protestaba pacíficamente en una ruta nacional en Formosa para defender el territorio propio, no hay responsables por los muertos, los heridos ni los destrozos. Tampoco soluciones para los más postergados, que ni en vísperas de elecciones consiguen recuperar los DNI que les quemaron en la cacería de noviembre, o mejorar un poco su calidad de vida. La Pulseada dialogó en Buenos Aires con el dirigente indígena Félix Díaz sobre un conflicto que revuelve a Latinoamérica. “No tenemos derechos humanos”, sostiene.

Por Josefina López Mac Kenzie

“(…) En las áreas rurales, este conflicto de tierras se da entre campesinos o indígenas que las poseen desde hace décadas y empresarios o terratenientes (en su mayoría, inversores extranjeros) que las reclaman, principalmente, para sembrar soja, talar leña o criar ganado a escala. La disputa, desigual, trae como resultado el desalojo de miles de familias campesinas o indígenas. Estos desalojos se producen con o sin intervención judicial, mediante el uso de intimidación o violencia física directa (tanto en la persona como en los bienes de los poseedores) ejecutada por las fuerzas de seguridad provinciales o –en muchos casos- por grupos parapoliciales contratados por los mismos empresarios y terratenientes”.

Lo anterior podría formar parte del diario de cualquier comunidad originaria de nuestro país; calza a medida, por ejemplo, de lo que puso a Formosa en la televisión a fin de año. Pero es un análisis que la ONG internacional Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE por su nombre inglés) preparó para la ONU en 2007 acerca de la lucha por la tierra en la Argentina en el marco de lo que se conoce como el avance de la frontera agrícola. Documenta la miseria habitacional y el hostigamiento sistemático a familias campesinas y aborígenes del Norte que defienden la tierra donde pretenden subsistir.

En 2010, el Estado argentino fue denunciado por distintas entidades en el ámbito internacional, dado el acoso que sufren sus comunidades indígenas, contando episodios que han llegado a incluir torturas. En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU lo instó a adoptar medidas para que la legislación que prohíbe los desalojos se aplique por igual en todo el país.

Curtidos

A los aborígenes de Formosa cada vez les cuesta más demostrar que no son usurpadores de campos sino nietos de sus abuelos. Muchas comunidades no están registradas o no logran que se reconozca a sus representantes cuando no sintonizan con el gobierno provincial. Perseguidas por la tierra (y sin acceso al agua, a la salud, a la educación bilingüe o a la justicia), asisten a diario a una procesión de camiones que se llevan el monte al bolsillo. Un progreso económico que no las necesita.

El 23 de noviembre pasado estalló una bomba de tiempo. En Colonia La Primavera, a 170 km de Formosa capital, fue desalojada a lo bestia una comunidad toba-qom que hacía cuatro meses protestaba pacíficamente en la ruta nacional 86 (tras fracasar en la Justicia) en defensa de tierras que consideran de propiedad ancestral y donde el gobierno empezó a construir, sin consultarles, un edificio universitario.

Una amalgama de policías provinciales, gendarmes y civiles con respaldo político zonal les ordenaron, sin suerte, abandonar la medida. Después, reprimieron a los pobladores sobre la ruta, saquearon e incendiaron uno a uno sus ranchos y los persiguieron, monte adentro, a tiros resistidos con flechazos. El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, satanizó a la comunidad por haber intentado resistir el ataque.

En ese raid murieron un hombre qom (según testigos, rematado en el suelo) y un policía. Hubo detenidos y heridos graves (Indymedia publicó la historia de un hombre reprimido hasta el desmayo que perdió todos los dientes). Y más de 80 personas vieron desaparecer en el fuego sus DNI. Hasta que no los recuperen no existen para el Estado. Para votar, para cobrar ayudas sociales. Al cierre de este número no había ocurrido y cuesta entender la demora ante semejante perversión.

El conflicto, ejemplo de un tira y afloje por los recursos naturales que zamarrea a Latinoamérica, es viejo. Hay 1.300 hectáreas que los qom defienden dentro del proceso de reparación histórica que garantiza el marco legal (ver aparte “Tierra enajenada”). Invocan un decreto nacional que les otorgó 5.000 hectáreas en 1940 (cuando Formosa ni siquiera era provincia), y un título de propiedad comunitaria de 1985.

Ya hace setenta años, una especie de familia amiga del poder a quienes todos llaman, no sin eco feudal, “los Celía”, hacía pastorear sus animales en esa tierra toba. Ahora, lo que tensó las cosas fue una maniobra del gobierno provincial que satisfizo a los Celía con 1.300 hectáreas indígenas (parte de las 5.000), de las que éstos le cedieron la mitad para levantar una sede universitaria. A los tobas los “compensó” con otras 1.300 hectáreas, con el detalle de que esa superficie integra el Parque Nacional Río Pilcomayo. La tierra aborigen no puede ser cedida, vendida ni permutada. Y la Provincia no puede disponer del Parque. Un fiasco.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había informado al gobierno nacional en agosto sobre la temperatura política que había en La Primavera. Lo de noviembre fue demasiado. Y Félix Díaz, representante de la comunidad en el Consejo de Participación Indígena (un órgano de enlace entre la Nación y las comunidades, en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígena), decidió buscar en Buenos Aires amparo y visibilidad para un drama crónico en su provincia e incómodo en la capital, porque lo que piden es tener derechos humanos.

La Pulseada conversó con él, su esposa Amanda, y su hija Jorgelina a pasos del acampe del centro porteño donde permanecen, ahora centrifugados en un collage de publicidades gigantes.

“No es lo mismo ser indígena”

Viajaron “para llegar a la Presidenta, que siempre habla de cambiar el sistema de vida de los argentinos y dice que trabaja para los derechos humanos. Esa expectativa nos generó llegar para plantear la injusticia que estamos sufriendo hace bastante tiempo”. El hombre habla lento. Mitad hábito, mitad cansancio. Asegura haber salvado su vida “de milagro” en el desalojo. Tiene 51 años, 4 hijos, 3 nietos, 3 hermanos y “militancia en diferentes sectores político partidarios, religiosos y gremiales”. Llegó hace tres meses.

Con ayuda de Amnistía Internacional, Félix y Amanda viajaron en colectivo. El viaje fue triste: “El pensamiento siempre fue algo negativo porque sabemos que los problemas indígenas siempre se han tratado como algo aislado y de menor importancia, entonces no estaba convencido de que esto se iba a resolver rápidamente. Tenía dudas… −lamenta Díaz−. Porque para los gobiernos lo indígena nunca es lo mismo que un problema de una organización social no indígena”.

Los qom se sienten cercados por “tres frentes muy poderosos −enumera−: El gobierno de la provincia, porque está trabajando en 600 hectáreas de tierras nuestras para levantar un instituto universitario; Parques Nacionales, porque hay superposición de títulos de tierras; y la familia Celía”.

“Somos los más afectados por persecuciones y detención cuando manifestamos contra el gobierno provincial −asegura, y coincide con la perspectiva de organizaciones que han denunciado una actitud racista del gobernador Gildo Insfrán−: No respeta al indígena a pesar de que Formosa fue la primera en reconocer que los pueblos originarios son los preexistentes, con derecho a ser protegidos por la Constitución y las leyes. Dice que las comunidades indígenas son las privilegiadas, mientras les expropia tierras. No puede hablar de la necesidad de la gente. Venimos denunciando también las muertes por abandono −continúa el referente−. Cuando han muerto muchos indígenas los jueces dicen que es por accidente, muerte natural, o paro cardíaco, pero jamás hacen mención a la enfermedad”.

A fin de año, Díaz profundizó la protesta con una huelga de hambre. Tras una semana, lo recibieron funcionarios del Ministerio del Interior, el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el ayuno finalizó con la firma de un acuerdo con “acciones para resolver el conflicto”. Por ejemplo, proteger la integridad de la comunidad, estudiar la situación territorial, propiciar la aplicación de un plan de salud, permitir el acceso de la comunidad al Parque Nacional Pilcomayo y tramitar los DNI. Según Díaz (al cierre de este número), el cumplimiento de estos compromisos está en cero.

“El mismo juez que autorizó el desalojo es el que está haciendo investigación de este tema −sintetiza Díaz−. Yo no tengo esperanza de que Formosa pueda revertir esto. Porque ellos mismos están armando causas contra nosotros, justificando la intervención policial para decir que las víctimas son los policías y no los indígenas”.

Los dueños de Formosa

El Pilcomayo, río achocolatado con playas de arcilla, da nombre al departamento donde queda La Primavera, al sur de Formosa. Cerca están Laguna Blanca y Clorinda, la ciudad que mira a Asunción del Paraguay. En la zona, el verano revienta en los mangos y bananos, en el monte tupido y en un caudal de insectos como para repasar taxonomías.

Los qom son la segunda etnia de Formosa en cantidad de población, después de los wichí y antes de los pilagá. En La Primavera suman 850 familias (unas 4.500 personas). Nacieron y crecieron allí como sus padres y abuelos. La mayoría subsiste de la pequeña agricultura. El algodón, que decora el escudo de Formosa, “ya no tiene más salida”, dice Díaz. Cultivan mandioca, batata, poroto, zapallo, naranja, banana, pomelo, mango y otros frutos de la zona. Viven en 2.500 hectáreas.

No tienen agua potable ni sala de primeros auxilios pese a que, como constató la ONG Médicos del Mundo después del desalojo de noviembre, hay prevalencia de Mal del Chagas, tuberculosis y malnutrición. Hay dos escuelas aunque faltan maestros especiales de modalidad aborigen, según investigadores del Conicet que estudian la zona e interpelaron a funcionarios provinciales a partir del estallido. “La educación bilingüe no funciona en la práctica. Muchos maestros no hablan quom y el chico necesita crecer con su idioma y que el maestro lo entienda”, aporta Díaz.

A 3 km, en Laguna Blanca, está la casa de Gildo Insfrán. Nació allí hace 60 años, fue vicegobernador entre 1987 y 1995, y administra desde entonces Formosa, una lengua de tierra abrazada por tres ríos y estigmatizada por la pobreza. Su gestión está marcada por la reticencia a regularizar la situación dominial de los originarios.

“Él era pobre y ahora es poderoso y no quiere saber nada con los indígenas. Creció, vivió y jugó con los indígenas. Él sabe −resume Díaz. Y agrega−: Tenía una veterinaria muy pobre, con apenas algunos remedios. Ahora tiene una mansión con murallas y pista de aterrizaje. Es un tipo que es dueño de Formosa. Nadie se le puede acercar. Está custodiado por un ejército de seguridad y policías”. Y asegura que el gobernador nunca lo quiso recibir, porque sólo “habla con él el que trabaja para él”.

A “los Celía” −el otro “frente”, co-impulsores y ejecutores del desalojo de noviembre−, Díaz los pinta como una familia grande, blanca, de comisarios y médicos, históricamente vinculada al poder: “Son gente muy violenta. Hijos de inmigrantes paraguayos a quienes los propios indígenas les prestaron un pedazo de terreno y de ahí se adueñaron. Ellos dicen que son los dueños y, lo más simpático, dicen que son los primeros pobladores de la zona… ¡que después llegaron los indios!”, protesta.

“La gente del Paraguay pariente del gobernador es la más privilegiada. Siempre decían que Gildo Insfrán tenía sangre en los ojos por la bronca que le generó que el Ejército haya desalojado a parientes de él en las comunidades indígenas −Díaz se refiere a una devolución de tierras a originarios en detrimento de criollos, que tuvo lugar en 1977 y no incluyó a “los Celia”. El escenario es complejo. Razas, jurisdicciones, tiempos, rencores−. Él decía que para qué quieren tierra los indígenas si no trabajan, si no producen y los criollos de la zona sí. Pero la tierra no la trabajan campesinos: la alquilan al sojero, al ganadero, a los empresarios, a Nidera, a Monsanto”.

La solapa de “reparación histórica” de página web oficial de la provincia no nombra a las etnias autóctonas, el 8% de la población.

“No venimos a mendigar”

“El regreso a nuestras casas depende de que el gobierno nacional nos dé algún escrito donde diga ‘vamos a hacer esto’, y hacer así un lapso de tantos días. El eje central es la devolución de las tierras −explica Díaz. Desde el centrifugado publicitario, repite ‘tierra’, que significa vida, historia, cultura. Y guerra−. La tierra y los DNI. Mi esposa y yo acá en Buenos Aires, en dos días nos sacaron el DNI. No se necesitan tantos recursos”. Los ahora indocumentados “son gente que no votaría a Gildo Insfrán”, agrega.

En Buenos Aires, hoy los Díaz se alojan entre el acampe y lo de una conocida de Amanda, en Floresta. Su presencia se licua entre el fin del verano y la previa electoral. El resto de sus hijos se volvió a Formosa, porque acá “no se hallaban”.

Con La Primavera intercambia información por teléfono, para mantener el blog www.comunidadlaprimavera.blogspot.com. (Lo hacen desde cibers, porque en noviembre también les robaron la computadora con su archivo). “Me piden que vuelva pero quiero quedarme acá por seguridad. No por miedo sino porque me conviene para seguir luchando. Si tuviese miedo no iba a estar metido en este problema”, sostiene Díaz. Al acampe se sumó en febrero Valentín Suárez, representante qom de otras zonas de Formosa. Y prometen que este mes llegarán más si no se cumple lo acordado.

“La verdad es que estamos mal. No tenemos derechos humanos. Mucha gente se está solidarizando con nosotros, y estamos agradecidos, pero no venimos acá a mendigar, a mostrar nuestra pobreza, ni a derrocar a un gobierno o a estar en contra de la democracia. Más bien pidiendo justicia para que no suceda más esto en nuestra comunidad y en otras provincias −clarifica. Y advierte−: Yo creo que si el gobierno nacional va a seguir permitiendo esto, en cualquier momento se puede levantar otra comunidad y va a pasar lo mismo que pasó en Primavera”.