La asamblea de vecinos, que ya protestó en el centro platense varias veces, está “envalentonada” para que el diálogo abierto con funcionarios resuelva sus déficit en vivienda, salud y nutrición. La Pulseada habló con un referente de esta zona olvidada y con una joven cuyo bebé pasó frío en abril y murió en mayo.
Las ratas son grandes. Salen de los yuyos, pasan entre las ruedas de los carros estacionados tras el cartoneo del día y se meten en las casillas de chapa y madera clavadas en el barro. Cuando cae la noche es una boca de lobos.
Los problemas más importantes del barrio El Retiro son “vivienda, salud y nutrición”, según enumera un referente vecinal que recibe a esta revista en inmediaciones del club Corazones, ubicado en 160 entre 49 y 50, donde se reúnen en asamblea los sábados. También cuenta, preocupado, que de un relevamiento casero que empezaron a hacer vecinos después de la inundación de abril surge que el 60% de los niños de la zona tiene problemas respiratorios. Resume que “El Retiro tuvo que cortar el tránsito para que se visibilice la situación del barrio”, pero remarca: “Acá ya había un antes del 2 de abril”.
Inmediatamente después de la inundación, cuenta, en el barrio estuvieron un tiempo “achatados”. Ahora, en cambio, se sienten “envalentonados” para luchar. Ya cortaron calles del centro de La Plata cinco veces para exigir que el ministerio de Infraestructura y la Municipalidad de La Plata les presten atención. Piden ser tenidos en cuenta en un relevamiento de Infraestructura y también piden calzado para los chicos, materiales de construcción que les permitan recuperarse un poco, alimentos y acceso a subsidios.
La última vez que cortaron el tránsito fue hace una semana frente al Ministerio, en 7 entre 58 y 59. Algunas de las pancartas que llevaron a ese piquete denunciaban la “indiferencia” del gobierno hacia el barrio después de la inundación. Después de esa protesta “comenzó el diálogo” con la Provincia, explica el referente. Ahora esperan que esto se vaya traduciendo en algunas primeras soluciones. Y se quejan de que en algunos medios de comunicación la única prensa que tienen cuando salen a la calle es por “caos en el tránsito”.
La encuesta socioeconómica post inundación realizada por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata resaltó la gravedad de la catástrofe al considerar que el 72,8% de los hogares afectados nunca había registrado inundaciones en el pasado. Pero no es el caso de estos vecinos. Desde 2004 a la fecha, según asegura el referente de la asamblea barrial de El Retiro que dialogó con esta revista, ellos sufrieron numerosas inundaciones de distinta magnitud.
Tampoco es la primera vez que se inunda la joven que recibió a La Pulseada y le contó cómo se evacuó el 2 de abril y cómo murió en mayo su bebé de ocho meses.
La tumba de los angelitos
La casilla donde vive hace tres años ni siquiera es suya. Tiene chapas por paredes y barro por piso. Se llueve siempre, se inunda cada vez que llueve de más y se mete el frío. También las ratas y el olor pestilente de una faenadora de porcinos que funciona en la zona, muy cerca del arroyo Pérez. Afuera de la casilla hay una zanja recién cavada.
Bajo una lucecita única improvisada adentro, la joven muestra la foto de su bebé de 8 meses, sonriente y redondo, que murió el 25 de mayo de 2013. El 2 de abril “lo tuve que sacar sí o sí bajo la lluvia porque si lo dejaba acá se me moría ahogado —explica. Y opina—: A él me lo mató el día del temporal”.
El peso, la talla y la maduración neurológica de A.G.R. eran normales antes del 2 de abril y su madre remarca que era “normal”. Aunque había estado internado antes con algunos “problemitas de bronquios” que había superado. El certificado de defunción informa paro cardiorrespiratorio no traumático secundario de neumopatía.
La tormenta provocó el desborde del Pérez y el agua subió en la casilla aproximadamente medio metro (la cuadra se eleva un poco hacia el fondo del barrio), como marca la joven en una camita donde duerme su otro nene, de dos años. Entre el frío y el susto tomó a sus hijos y buscó refugio como pudo, igual que casi todo el mundo. Según el relevamiento sociosanitario realizado por el Colegio de Trabajadores Sociales de La Plata, del total de consultados el 97% se evacuó con ayuda de la sociedad civil y sólo el 3% restante, con participación de algún nivel del Estado.
En el centro de evacuados, el bebé pasó frío y debió ser internado a fin de mes, el 30 de abril, en el hospital de Niños de La Plata, cuenta su mamá. Ya de alta, el 25 de mayo a las 4 de la mañana, cuando su hermana la pasó a buscar para ir a trabajar, la joven encontró a su hijo inconsciente. No respondía. En ese momento, llamó a una ambulancia (que “nunca apareció”, afirma) y luego llegó hasta el Sor María Ludovica en un patrullero. No pudieron reanimarlo.
Lo velaron en un comedor del barrio y lo enterraron en el cementerio municipal de La Plata. Por el traslado a la necrópolis, a su mamá, que vive en condiciones de precariedad extrema, le quisieron cobrar $600. Ahora, cuenta, le paga cada mes $40 “a la que cuida la tumba de los angelitos”.
Familiares de varios adultos que fallecieron a fines de abril, en mayo e incluso en junio, sostienen que en virtud del buen estado de salud de estas personas previo a la catástrofe, han fallecido como resultado indirecto de ésta: por haber estado expuestos al frío y al agua estancada, haber sufrido picos de estrés o haber contraído enfermedades de transmisión hídrica, por ejemplo.
La polémica por el criterio de admisión a los listados de víctimas —aparte de aquélla por las irregularidades en el registro de muertes provocadas a consecuencia directa de la catástrofe: personas ahogadas y electrocutadas en la tormenta— está abierta desde un comienzo y se asemeja a lo que ocurre en Santa Fe. Allí, tras las inundaciones de 2003, la cifra de víctimas que considera la Justicia y la que computan las organizaciones de inundados varía de 18 a 158, respectivamente.
La causa judicial por errores e irregularidades en el listado de víctimas fatales de la inundación platense de abril la lleva adelante el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata, a cargo de Luis Arias. Es una investigación en el marco del “habeas data”. Para evaluar los distintos casos que conformarán una primera y provisoria lista se toman testimonios y se solicita prueba documental (a hospitales, sanatorios, ministerios, cementerios, crematorios, escuelas), material que luego se interpreta en la lógica de las reglas de “la sana crítica”. En este fuero se trabaja para el análisis con un criterio más amplio que el que se ha establecido en el fuero penal (a cargo de investigar las causas de la tragedia), donde en principio se considera víctimas de la inundación a fallecidos en determinadas circunstancias exclusivamente entre los días 2 y 8 de abril.
En tanto, asociado a la investigación por la inundación, hace algunos meses la asesora de incapaces Ida Scherman presentó tres recursos de amparo para pedir que pobladores que viven en condiciones de muchísima precariedad fueran inmediatamente asistidos. La medida surgió a partir de datos recolectados por trabajadores sociales en barrios de La Plata, Berisso y Ensenada. El juez Arias dio curso a esos recursos y ordenó al Ejecutivo bonaerense y a Berisso y La Plata atender “las necesidades colectivas más urgentes y básicas de los pobladores afectados por la inundación”; específicamente aquéllos que tenían poco y nada y tras el temporal lo perdieron todo. Arias también requirió en ese momento al gobierno provincial la información sobre el plan de relocalización de 700 familias asentadas a la vera del arroyo Del Gato.
Salud y niñez
La encuesta socioeconómica post inundación del CEDLAS arrojó que en el 15,8% de los 78.631 hogares afectados vivían niños menores de cinco años y que el 26% de los hogares afectados debió incurrir en gastos de salud (consultas, medicamentos, etc.) por un promedio de $651. Para los hogares no directamente damnificados, el gasto promedio en ese rubro fue de $456.
A su turno, el programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la facultad de Derecho de la UNLP destacó en su informe sobre los niños y la inundación que “la falta de acceso a la vivienda digna y al hábitat justo como resultado de los procesos de segregación espacial ocurridos en las últimas décadas y la instalación de las poblaciones más vulnerabilizadas en zonas inundables y el nivel-socio económico de las poblaciones afectadas se vinculó directamente con la posibilidad de recuperación económica en el mediano plazo y el acceso a los derechos fundamentales como la salud, la educación y la asistencia”. Y concluyó que la catástrofe expuso “la violación sistemática a los derechos humanos que venían sufriendo cientos de niños, niñas y adolescentes de esta jurisdicción como consecuencia directa de la omisión por parte de los organismos municipales y provinciales de implementar el sistema estatuido a partir del dictado de la ley 13.298”.
Las acciones de asistencia las llevaron adelante punteros y de forma discrecional, sostiene el informe de Niñez, en sintonía con el relevamiento sociosanitario de la catástrofe social del Colegio de Trabajadores Sociales, determinó que “las respuestas inmediatas y posteriores a la inundación surgieron casi exclusivamente de la sociedad civil” y “la política pública quedó reducida a acciones desarticuladas, sin planificación, y un manejo discrecional de los recursos disponibles”.
Trabajo Social concluyó además que los planes de vacunación fueron “rápidamente cortados” y faltaron protocolos útiles para detectar lo que pueden considerarse patologías derivadas; por ejemplo, el estrés post traumático. Y que ante también fue la sociedad civil la proveedora del agua potable, en más del 80% de los casos.
Pese a este panorama, el Estado provincial no realizó un relevamiento propio fuera del “Reporte de situación-emergencia hídrica-ciudad de La Plata”, que publicó el 20 de abril la Dirección de Medicina Preventiva, como balance de las acciones desplegadas durante la emergencia y evaluación positiva de la preparación del ministerio de Salud para afrontar una catástrofe de esta envergadura.
Allí también se incluye un plano de áreas de desratización, pero no se especifica si se trata de un proyecto o de una acción concluida, ni se detalla qué recursos se emplearon o se emplearían para dicha tarea. Consultado por esta revista luego de la confirmación de una muerte en el hospital Español de La Plata por leptospirosis (una enfermedad infecciosa de transmisión hídrica de características similares al hantavirus), Ángel Luis Crovetto, director de Medicina Preventiva, sustuvo que no se barajó realizar ningún relevamiento después de la inundación.
