“El Poder Ejecutivo es la parte demandada”, explicó el juez de la causa que analiza las consecuencias de la inundación de abril en La Plata. Cuáles son sus tres hipótesis de trabajo sobre las víctimas fatales.
Tres cuerpos y varios anexos que llenan una biblioteca y un escritorio acumula el expediente Nº 27.014, donde el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias colecta pruebas sobre irregularidades el registro de víctimas fatales por la inundación del 2 de abril. En cuántas de las aproximadamente 300 personas que fallecieron en esos días se puede probar la relación con el anegamiento es algo que determinará la sentencia. Por ahora el juez, que sigue recibiendo testimonios e intentando recibir datos oficiales, baraja tres hipótesis sobre el ocultamiento de cuerpos: muertes declaradas, muertes no registradas y casos de muertes sin cuerpo ni registro. “Todas deben ser estudiadas para corroborar o descartar víctimas”, aseguró Arias en diálogo con esta revista.
La primera hipótesis de trabajo es sobre muertes declaradas (en el Registro de las Personas) por diversas causas. ¿Cuántos de los centenares de fallecidos (sobre todo el 3 de abril, aunque hay casos de muertos por la inundación que llegan casi hasta fin de ese mes, como Alejandro Nuccitelli, Francisca Ibarra y otros) son producto del temporal? En esta línea se estudian todos los “formularios 03” de registro de muertes en La Plata y 8 distritos, así como certificados de defunción, libros de Registro de morgues y otros documentos. La búsqueda de cuerpos en otras localidades, fuera de La Plata, fue objeto de estudio del fiscal Paolini.
La segunda hipótesis se ocupa de muertes no declaradas. Cuerpos que no fueron registrados. Se habló de cadáveres extra (unos 10) en la morgue policial y en otras morgues, en el hospital San Martín, en el hospital Naval (donde ahora funciona el Cucaiba) y hasta en el Estadio Único, en camiones frigoríficos… Todas son versiones, pero algunas se contaron en sede judicial bajo juramento. El juez asegura que por lo declarado por empleados del Registro de las Personas todo indica que no se cumplieron ciertos protocolos de registro. Por ejemplo, la ley establece 60 días para anotar a los fallecidos pero fuentes del Registro le dijeron que esto “no se cumple”, explica Arias.
No obstante, esta revista había contado que en la Dirección de Antecedentes del ministerio de Seguridad, donde se cotejan huellas dactilares, no habría quedado ningún cadáver de esos días sin identificar ni hubo “ingresos posteriores” a sus heladeras. “No había lugar”, describieron fuentes policiales, y aseguraron que los procedimientos fueron transparentes, “sin ocultamiento”, aunque se haya dado “un circuito muy veloz” de ingreso, registro y entrega.Esto pese a que efectivamente en el libro de la morgue se anotaron muchos NN esos días, algo explicable como “un instante” en el caos de tantos cuerpos en la morgue.
La tercera conjetura es sobre cuerpos que no están. Cadáveres que se puede haber llevado la corriente, por ejemplo.En esta hipótesis no hay ni cuerpo ni registro. Desde vecinos de varias zonas hasta bomberos de Bernal refirieron en sede judicial haber visto con sus propios ojos cuerpos que pasaban flotando. En el caso de los bomberos, estaban abocados a rescatar a los vivos y no pudieron ocuparse de los muertos, contaron.
Otra cuestión en la que el juez apoya esta hipótesis es el accionar de las fuerzas de seguridad. Por un lado hay una contradicción con la Prefectura Naval: desde esta Policía le dijeron que ellos no intervinieron en el rescate, pero desde la Científica el comisario general Pablo Vázquez, superintendente —que declaró al comenzar la ronda de testigos desde el 10 de junio en el juzgado de Arias— le dijo que sí. Por otro lado está la cuestión de los rastrillajes: Arias cree que no se hicieron como correspondía más que en el caso de Nilda Luján Godoy (desaparecida y luego encontrada muerta en Los Hornos el 8 de abril) y que la Policía “no tiene constancia de rastrillajes”.
En una de las respuestas oficiales a Arias por la cuestión de las llamadas al 911 (que la central de emergencias telefónicas no entrega, como contó anteayer esta revista), el director provincial de Investigaciones Judiciales del ministerio de Justicia y Seguridad, Roberto Falcone, expresa el 17 de junio que el primer fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, ordenó y coordinó “todos los rastrillajes” en el marco de la investigación. Pero Arias tiene dos dudas: si los rastrillajes se realizaron como correspondía y si Condomí tuvo alguna injerencia en lo que ocurrió esos días (trámite de cuerpos sin oficio judicial, cremaciones exprés, etc.).
La cifra y las llamadas evaporadas
Como contó La Pulseada el 13 de junio, la justicia tiene una lista de aproximadamente 78 víctimas asociadas al temporal, entre los casos “prácticamente probados” y algunos dudosos. Son todos adultos. Sólo uno de ellos tendría características similares a las de un suicidio. Y de las ocho inhumaciones que el juez Arias estudiaba en el sector Niños del cementerio de La Plata fueron descartados todos menos dos que aún se analizan.
La cifra final estará recién cuando el juez Arias dicte su sentencia después de desovillar las tres hipótesis en las que trabaja. Y falta bastante para esto. “Es un proceso largo”, había manifestado el juez hace ya varias semanas, en sintonía con lo que planteaba el fiscal penal, Jorge Martín Paolini, al exponer a mediados de mayo ante los senadores de la comisión de Derechos Humanos.
Para Arias, “lo que digan Scioli y Casal sobre las víctimas carece de todo valor”, teniendo en cuenta que la cuestión está judicializada y precisamente el Poder Ejecutivo es la parte demandada.
Las testimoniales continúan en el juzgado de Arias aunque con dificultades. Ocurrió en los últimos días que algunas cédulas no llegan a los domicilios correspondientes. “Tenemos muchas pruebas pero lo fundamental son las declaraciones de las personas frente a la resistencia o al ocultamiento de pruebas por parte del Poder Ejecutivo provincial y de la Municipalidad de La Plata”, dijo Arias a esta revista.
El juzgado de Arias está ubicado en la calle 11 Nº 864, entre 49 y 50, donde el juez recibe a toda aquella persona que quiera declarar algo acerca de las inundaciones y las víctimas.
Los casos más graves de resistencia del Ejecutivo a informar, como contamos, son el de las cámaras de seguridad con las que el Municipio vigila la ciudad (le entregaron al juez sólo 2 horas de filmación, y de momentos previos a la inundación) y el escandaloso caso de reticencia sobre las llamadas del 911. Hay respuestas curiosas, imprecisas y hasta contradictorias por parte del nuevo responsable de la central de llamadas, el contador Carlos Costa, y del director provincial de Investigaciones Judiciales del ministerio de Justicia y Seguridad, Roberto Falcone. ¿Las grabaciones se hicieron, no se hicieron, se hicieron entrecortadas? ¿Qué respondieron Edelap y Telefónica a los reclamos realizados por el 911? ¿Llegarán a la Justicia los registros de las llamadas (los audios o los archivos en PDF) evaporados?
Registros
El Registro de las Personas, que dirige Claudia Corrado, es una dependencia neurálgica en la investigación de Arias, que se concentra en irregularidades en el manejo y el registro de las muertes. Cuestiones detectadas inicialmente en el registro de algunos casos y testimonios recibidos luego le permitieron intuir un eventual mandato para proceder con los cuerpos sin escala judicial. La idea de que hubo una orden técnica, desde la cúpula del Registro y desde la Policía, para inscribir muertes traumáticas sin oficio judicial, cosa que no corresponde, está en la línea de fuego judicial.
“En general los testimonios corroboran lo que veníamos observando: que todas las actuaciones por el cómputo de víctimas y el rescate las dirigió la Policía” que conduce Hugo Matzkin, resumió el juez Arias a La Pulseada. Mazkin declara ante Arias este jueves.
Las consecuencias de un proceder de este tipo son graves: por ejemplo, un cuerpo puede ser —irreversiblemente— cremado a sugerencia de un policía o de un médico particular. Justamente una de las características que tuvo el tratamiento de los cuerpos a partir del 2 de abril es que hubo demasiadas cremaciones —por certificar muertes traumáticas como si no lo fueran— y pocas autopsias, cuando no era necesaria tanta premura. Hay un patrón claro sobre qué cuerpos no se cremaron y en qué casos se sugirió cremar. Eso, ligado a los 51 casos “definitivos” admitidos por el gobierno, forma parte del laberinto judicial que, por ahora, no encuentra su hilo de Ariadna.
