A la altura de Las Quintas, la obra de ensanchamiento encuentra uno de sus puntos conflictivos. Los barrios “qom” y “paraguayo” sufren las topadoras pero los vecinos están fuera del plan de reubicación, no saben qué será de ellos y algunos temen ser desplazados. Se acaba de abrir una mesa de trabajo por este conflicto.
Textos y fotos María Laura D’ Amico
Nota principal: Último tren a Ciudad Oculta
En Las Quintas, en la calle 140 entre 525 y 526 de La Plata, viven unas 40 familias que llegaron de Chaco en la década de los 90 y se asentaron a la vera del arroyo. Pegado a este “barrio qom”, en dirección hacia la avenida 137, se asienta también el llamado “barrio de los paraguayos”, que habitan muchos inmigrantes de ese país vecino.
Ambos tienen características geográficas y estructurales similares: un terreno irregular con casillas de chapa y madera o viviendas de ladrillo y cemento levantadas a lo largo de los años con mucho esfuerzo, en la mayoría de los casos, por los propios “jefes de la casa”. Además, carecen de servicios públicos, las calles son de tierra y es común que en un terreno haya dos o tres casas o casillas, donde viven distintas familias.
Llegando a la 137 hay una canchita delimitada sobre la tierra con un cable, donde un grupo de chicos de no más de 12 años juegan al vóley. Otros más pequeños los miran desde un costado y comentan que están ansiosos por empezar la escuela después de las vacaciones. Algunos vecinos toman mate a la sombra de un árbol y se saludan con los que vuelven de trabajar. De vez en cuando llega música de las casas y casi no circulan autos. A unos metros de la canchita, junto a una zanja, una montaña de basura se quema despidiendo humo blanco y olor ácido.
Uno de los límites geográficos de estos dos barrios es el arroyo Del Gato, que en los últimos años se ha desbordado varias veces; sobre todo en 2002, en 2007 y en 2013 (inundación que a diferencia de las anteriores afectó también a gran parte del casco urbano y de otras periferias de La Plata y dejó casi un centenar de víctimas fatales y daños materiales incalculables). Dos años después de la catástrofe, el movimiento de máquinas, camiones y obreros está modificando la geografía y la vida cotidiana de los habitantes del lugar. El problema es que la obra avanza pese a que las familias de esta zona de Las Quintas no están incluidas en el plan de relocalización de viviendas del gobierno provincial, que prioriza los tramos de mayor caudal del Gato. Mientras tanto, proliferan rumores que acrecientan la incertidumbre sobre el futuro de este barrio y falta información oficial.
Los trabajos comenzaron en los últimos meses de 2014 y corresponden a la “Etapa XI” de la obra en marcha de saneamiento de la cuenca del arroyo Del Gato, comprendida entre las avenidas 137 y 143 y tiene una extensión aproximada de 1.001 metros (ver infografía en la edición impresa). Algunas casas están a la orilla al arroyo que las retroexcavadoras de Bricons S.A.I.C.F.I ya se comieron parte del terreno que hacía de patio, al fondo de las construcciones, dejándolas al borde del barranco. Además, se advierten fisuras en las viviendas y movimiento de sus cimientos.
Desde el fondo de la casa de una vecina del “barrio paraguayo”, en dirección al Río de la Plata, se observa la curva que hace una enorme canaleta de cemento construida para encauzar las aguas del arroyo. Enfrente de la casa, una pala mecánica amarilla John Deere remueve la tierra alisando el terreno donde luego será colocado el cemento. Una decena de obreros, con mameluco y casco, trabajan en el lugar. Algunos de ellos viven en ese mismo barrio, de donde aún no saben si se tendrán que ir. En la dirección opuesta (hacia donde avanzan las obras), el agua del arroyo corre como lo hizo siempre, sobre la tierra, arrastrando desechos, basura y animales muertos.
El conflicto
Como informó La Pulseada en su web en diciembre pasado, los vecinos están preocupados porque no saben cuál será el alcance de las obras ni qué consecuencias tendrán sobre sus viviendas. Para contrarrestar la escasa información oficial recibida hasta el momento, comenzaron a reunirse en asambleas semanales con integrantes del proyecto de extensión “Educación y acceso a derechos. Tendiendo puentes entre la escuela y la comunidad qom” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, y del Movimiento Justicia y Libertad, ambos con presencia en ese territorio hace más de cinco años. Allí intercambian las novedades que van surgiendo mientras aparecen los primeros problemas:
“Se me rajó toda la pared del baño por las vibraciones de la tierra”, dice un hombre de unos 40 años.
“A mí me dijeron que mi casa está sobre la obra y que me van a partir una habitación por la mitad”, cuenta una joven embarazada mientras hamaca en brazos a un bebé que todavía no cumplió un año.
“La otra vez vinieron a hacernos un censo y nos dijeron que nos iban a tirar las casas a la mierda”, agrega. “Nadie nos informa, no sabemos nada”.
Ese censo es una encuesta que desde la Subsecretaría de Tierra y Vivienda —ubicada en la órbita del ministerio de Infraestructura provincial, a cargo de Alejandro Arlía— hicieron, al decir de los vecinos, en algunas pocas casas, de forma aleatoria, en diciembre pasado. Como en el barrio la mayoría de los vecinos no fueron censados, decidieron en asamblea realizar un relevamiento propio para conocer la situación de las familias. Lo están realizando integrantes del proyecto de Extensión asentado en el lugar (que después de la catástrofe de 2013 les hizo llegar la primera ropa seca, también pañales, agua y alimentos). La información que surge de este censo aún está en análisis, pero a primera vista da cuenta de una gran variedad de consecuencias negativas de la obra sobre muchas de las familias, a causa de la transformación geográfica que se está produciendo.
La directora del Proyecto, Ángela Oyhandy, explicó a La Pulseada que “las obras avanzaron sobre los terrenos y las viviendas sin que existiera ninguna información oficial previa. Transcurridos seis meses de nuestra primera manifestación de preocupación al Ministerio de Infraestructura, desde esta dependencia hablan de la reubicación de “6 familias”, sin presentar un censo sobre toda la zona. Junto con los vecinos encaramos un relevamiento y contabilizamos más de 60 familias que viven en las orillas del arroyo y cuyo hábitat ha sido totalmente transformado y afectado por las obras”.
Sobre este tema, Justicia y Libertad difundió un comunicado (ver aparte), donde se aseguró: “Vecinas y vecinos denunciaron que a mediados de diciembre del año pasado unas personas se presentaron como trabajadores sociales a informarles que en dos meses tenían que desalojar sus casas por las obras, en enero les dieron opciones confusas y engañosas sobre dónde se reinstalarían y ahora sólo pesa sobre ellos el anuncio de desalojo”.
En sintonía, Oyhandy cuestionó el diagnóstico realizado desde la Provincia sobre la zona: “Cuando se habla de ‘pocos afectados’ entiendo que se utiliza un criterio en el que sólo se tienen en cuenta ‘casas a remover’, como si esas casas no fueran las viviendas de numerosas familias que llevan adelante su vida gracias al esfuerzo de su familia ampliada y su comunidad. Esto se observa en la vida cotidiana del asentamiento qom, como también de las otras familias trabajadoras que viven en la zona”, afirmó.
“Una casa es más que un obstáculo para la construcción de la obra y en cada relocalización se desarma la vida familiar de decenas de grupos familiares que organizan colectivamente el trabajo, el cuidado de los niños y niñas, la de los adultos mayores y los enfermos, la asistencia a la escuela. No se trata de cuestionar el desarrollo de la obra pública ni de la transformación urbana, sino de rechazar que se haga vulnerando los derechos de los vecinos más pobres de la ciudad”, concluyó Oyhandi.
La respuesta oficial
Para llevar adelante las obras hidráulicas planificadas después de la catástrofe (ver nota en esta revista, págs. 18-19), la ley provincial 14.527 autorizó en julio de 2013 un endeudamiento por $1.973 millones y ordenó crear una comisión bicameral de “control y seguimiento” de dichas obras que debutó en octubre de 2014. Su presidente, el senador del Frente para la Victoria Luciano Martini, sostuvo en diálogo con La Pulseada que la mayoría de las familias de Las Quintas “no necesitará ser relocalizada”, por encontrarse en la zona de “aguas arriba” del Gato; es decir, en una zona que será “afectada” en forma secundaria por las obras en curso. “Hoy la prioridad es ésta [la zona de 1 y 516], porque es donde más se va a tocar el arroyo: se lo va a ensanchar hasta 60 metros”, explicó Martini desplegando sobre su escritorio mapas y fotos de las obras proyectadas. Además, sobre la base de la información vertida en el censo realizado por Infraestructura, indicó que son “sólo 5 o 6 familias” las que deberán ser relocalizadas en esa zona, sin especificar de qué familias se trata. Para Martini, el resto de la zona es “no problemática”.
Denuncia en la Defensoría del Pueblo
El 13 de marzo pasado, el Movimiento Justicia y Libertad, el Proyecto de Extensión “Educación y Acceso a Derechos…” de Humanidades y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), junto a vecinos de la zona, presentaron una “denuncia y pedido de intervención” ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia (provisoriamente a cargo de Marcelo Honores). El pedido se hizo “por la grave situación que están viviendo un centenar de familias” que viven a la vera del arroyo Del Gato a la altura del barrio San Carlos, donde el Ministerio de Infraestructura está realizando obras de canalización del arroyo y amenazando a las familias con un desalojo presuntamente previsto para el mes de abril”, según informó el Movimiento en un comunicado.
“Decenas de familias ya fueron perjudicadas porque sus casas están siendo removidas, se rajan por la vibración de las máquinas, se les quita parte del terreno arbitrariamente, los desagües que antes llegaban al cauce de agua se ven obstruidos…”, indicó, y detalló que “los trabajadores de la obra les hicieron saber a los vecinos que el proyecto incluye la remoción de un puente que es el único acceso directo que tiene el barrio para llegar a la escuela. Sin el puente, cientos de chicos tendrán que ir a estudiar caminando por la ruta….”.
Desde el CIAJ, Sofía Caravelos cuestionó que no está implementada la ley de Hábitat [La Pulseada 121], que en la Provincia no existe el protocolo de relocalización que establece esta ley ni se cumple la “participación de las organizaciones en los procesos de discusión cuando afectan a las comunidades”. “Estamos denunciando que por acción o por omisión el ministerio de Infraestructura está cometiendo irregularidades”, agregó la abogada.
Cuatro días después de la primera denuncia en la Defensoría, los organismos la ampliaron a raíz de amenazas sufridas por una vecina del “barrio paraguayo”, embarazada y con un hijo pequeño, que aseguró que obreros del lugar le dijeron que en 48 horas debía desarmar su casilla para que la obra pudiera seguir avanzando. Cuando la joven, acompañada por el CIAJ, se acercó al obrador de la empresa Bricons para denunciar el hecho, le respondieron que la continuidad de la obra estaba a cargo de “otra empresa”, cuyo nombre no fue precisado.
El desalojo no llegó a concretarse y la Defensoría convocó a las partes a una mesa de trabajo para buscar una solución al conflicto. No obstante, al cierre de esta nota, la incertidumbre persiste y los vecinos se mantienen en estado de alerta.
2013 en el barrio qom
“San Carlos. Las imágenes son implacables. Pero no están en la televisión”, decía la crónica de María Laura D’ Amico desde este barrio de pibes descalzos publicada en la web de La Pulseada hace dos años. El agua había subido un metro y se refugiaron como pudieron en el galpón del club La Granja. “La frase ‘perdimos todo’, tan escuchada al otro lado de la avenida 32, acá se mantiene ausente. Es difícil perder todo cuando nunca se tuvo nada”, perfilaba la nota. “En las primeras 48 horas posteriores al peor temporal que se recuerde en la ciudad no recibieron ningún tipo de ayuda estatal”. “Necesitan colchones, alimentos y productos para combatir ratas y víboras”. “La única presencia estatal es un patrullero, estacionado sobre la banquina, a 200 metros de la entrada al barrio”.
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