Un informe sobre el presente de quienes hacen nacer con sacrificio los alimentos más ricos del mercado. Las dificultades para acceder a la tierra, a una vivienda digna, a la seguridad social. La presión de intermediarios ventajeros y empresarios del campo y de la ciudad. Y la pelea por un marco legal y políticas que fortalezcan al sector, históricamente relegado.
Por María Laura D’ Amico
Producción M. L. D’ Amico y Ana Laura Esperança
En el césped que bordea al edificio de la Facultad han cavado un pozo. Sobre la corona de tierra que se formó en el reborde del agujero, varios cigarrillos encendidos están clavados y humean. Alrededor hay guirnaldas, papeles de colores y fuentes con tomates, lechugas, hojas de coca y demás vegetales cortados en pedacitos. También hay jugos, gaseosas y cerveza fresca. Tres mujeres bolivianas de tres generaciones llevan adelante la ceremonia. Beben un trago de caña con ruda y dejan el fondo del vaso para verterlo en el pozo. El 1° de agosto fue el Día de la Pachamama, fuente de todos los nutrientes, y así le agradecen la cosecha. También le piden: que sea un buen año, que no haya pestes, que no llueva mucho ni tan poco, que las heladas lleguen en el momento justo, que no los corran del predio que alquilan, que logren colocar un buen precio en el mercado y poder ampliar el invernadero. El ritual tiene una base ancestral, pero en los ruegos subyacen muchos de los problemas actuales de los productores hortícolas de nuestra región.
En el cinturón verde del partido de La Plata, si bien no hay cifras oficiales, se calcula que hay entre 3.000 y 4.000 productores hortícolas. Su trabajo cotidiano provee el grueso de las frutas y verduras que se comercializan a diario en ferias y supermercados. Tomate, morrón, lechuga, apio, cebolla de verdeo, albahaca, espinaca, zapallito… Alrededor del 80% de estos productores son oriundos de Bolivia o de provincias del norte argentino como Salta y Jujuy que llegan a la región en busca de mejorar su realidad económica haciendo lo que mejor saben: trabajar la tierra. Sobre parcelas ubicadas en la periferia de la ciudad comienzan a construir sus casillas y montan invernaderos, en extensas jornadas de trabajo y soportando muchas veces condiciones de vida muy precarias.
La Agricultura Familiar (AF) es la actividad ligada a la producción para la subsistencia, sobre todo en el ámbito rural, y a la comercialización a pequeña escala. Pueblos indígenas, campesinos, recolectores, pastores y pescadores artesanales de todo el país, entre otros, integran este sector de la economía que a diferencia de los grandes empresarios explota su unidad de explotación con sus propias manos. Según el último censo, en la Argentina el sector de los agricultores familiares o pequeños productores representa el 66% del total de los productores agropecuarios. El sector, históricamente opacado por la agricultura de exportación y el agronegocio, adquirió mayor visibilidad en la última década, entre otras cuestiones por políticas públicas impulsadas desde el gobierno nacional —en el marco de programas implementados en el ámbito del Mercosur—, que en julio pasado jerarquizó a secretaría la subsecretaría de Agricultura Familiar.
Sergio Dumrauf es profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y trabaja en la promoción y el desarrollo de la AF en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En diálogo con La Pulseada, cuenta que la AF como concepto se toma en Argentina a partir de 2003, cuando se empieza a reconocer que “hay un sector productivo que junta al campesino, al minifundista, al pequeño productor, al chacarero… Se trata de un sector importante que es diverso hacia adentro y tiene que ver con la alimentación de nuestro pueblo, con el desarrollo, con asentarse en el campo. Ahí se le pone otro nombre a algo que existía. Intentamos que sea un sector social que tenga su peso y vaya por otro lado de lo que es la Mesa de Enlace, que plantea en realidad un sector productivo empresarial”.
El investigador recuerda: “Cuando arrancamos, dentro del Estado había una Unidad de Minifundio, que funcionaba en el INTA, y nada más. Hasta 2008 todo el agro tenía que ver con la secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. Después se crea el Ministerio de Agricultura (Ganadería y Pesca) y este año se crea la Secretaría de AF (a cargo del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico), que institucionalmente es de mucho peso. Eso me parece importante, más allá de quién esté hoy”.
El karma del intermediario
Junto a la ausencia de seguridad social y habitacional, el mal estado de muchos caminos, la falta de financiamiento, infraestructura y tecnología para trabajar, y las dificultades para acceder a la tierra propia, la comercialización a un precio justo sigue siendo la piedra en el zapato de los pequeños productores. Este panorama quedó expuesto en el intercambio de experiencias que se dio en agosto pasado en las Cuartas Jornadas de Agricultura Familiar, donde estuvo La Pulseada. Dumrauf fue uno de los coordinadores de la actividad, que estuvo organizada por las facultades de Ciencias Agrarias y Veterinaria de la UNLP junto con el IPAF, y contó con la participación de profesores, estudiantes e investigadores de otras unidades académicas, así como de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de instituciones del interior del país. También se hicieron presentes integrantes del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), especialistas del INTA y productores hortícolas de la región, muchos de los cuales integran cooperativas o asociaciones.
La Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Esperanza es una cooperativa integrada por unos 30 socios del cordón hortícola platense. La mayoría son arrendatarios en la zona de Lisandro Olmos y Ángel Etcheverry, y venden el 90% de lo que producen “a culata de camión”: un intermediario, en este caso el dueño del camión, pasa por las quintas a recoger la verdura y la vende, por lo general, fijando el precio del producto. Por este motivo, cuando a Ramiro, un integrante de la cooperativa, le tocó hablar durante las jornadas, planteó “la necesidad de tratar de llegar directamente al consumidor”. Indicó que “primero era medio complicado porque no tenemos experiencia en eso, somos productores. En la tierra, en producir, sí, pero en la venta nos cuesta mucho”.
“Los intermediarios —agregó Ramiro— se llevan toda la ganancia, todo lo que invertimos; ellos son los que ponen el precio. O si no, lo llevan y pagan lo que a ellos les parece. Un 5% cuanto mucho podemos vender nosotros mediante la feria que tenemos en la facultad (“Manos de la Tierra”, La Pulseada 75), o mediante los bolsones. Después tenemos un gran problema para producir. Son muy caros los insumos y tenemos el problema de las calles, del alumbrado, de vivienda. No podemos hacer buenas viviendas porque estamos alquilando y los alquileres lo mismo, están muy caros. Así todo hacemos todo lo que podemos para tratar de llegar con productos frescos para el consumidor”. A su turno, otro integrante de Nueva Esperanza, Daniel, contó: “Hoy en día, por una jaula de lechuga te ofrecen $10. Y vos la semilla la comprás en dólar y el producto hecho lo vendés en pesos. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Toda se la lleva el intermediario y el semillero”.
Una opción que los productores encontraron para evitar el intermediario es la venta a través del programa “Verduras para todos”, impulsado por el gobierno nacional a través de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO). Mediante este sistema pueden insertarse directamente en distintos mercados, elaborando bolsones de frutas y verduras de estación que se venden a un precio fijo pautado previamente. Nicolás Fortunato, integrante de la CANPO, afirmó durante las jornadas: “Estamos tratando de ofrecer una alternativa a este manejo arbitrario de precios que se hace desde las cadenas concentradas, desde los comercializadores, que operan sobre eso y todo el tiempo están tratando de apropiarse de cualquier recurso que se haga desde el gobierno nacional o desde la economía misma, así que como colectivo organizado, como grupo de productores, como grupo de militancia, empezamos a ponerle el cuerpo a esta alternativa que se hace una vez cada 15 días en la Facultad de Periodismo y que estamos extendiendo ahora hacia Bellas Artes”.
“La comercialización es un problema serio —coincide Dumrauf—. Ahí es donde estamos trabajando con las ferias, los procesos de comercialización directa, la necesidad de compra por parte del Estado. Empezar a disputar la comercialización interna y que no seamos nosotros los que decidimos sino que haya un proceso organizativo. Dentro de todo, en La Plata ha habido un proceso organizativo interesante. Hace 10 años no había nada y hoy existe una Mesa Regional integrada por más de 20 organizaciones —algunas son grupitos, otras alcanzan 40 integrantes— con diversidad de estilos y de intereses, pero ese conjunto hoy está juntándose y tiene una identidad y puede plantear distintas cosas”.
Avance de la frontera inmobiliaria
En la medida en que las ciudades se expanden y se incrementa la zona urbana, aumenta el precio de la tierra y el mercado inmobiliario presiona. “La gran mayoría de los productores familiares de la región son arrendatarios o medieros, hay muy pocos propietarios. Es imposible para un productor comprar una hectárea, que está a lo mejor 150.000 o 200.000 dólares —explica Dumrauf—. Hoy en Olmos te cobran casi $3.000 por mes por hectárea pero si te vas para el lado de Brandsen por ahí conseguís a $1.000. En ese sentido, si no hay una política de protección por parte del Estado municipal, que en estos últimos tiempos no la está habiendo, que diga ‘toda esta zona es para producción frutihortícola y no para otra cosa’, la competencia misma y el mercado van llevando a que se tengan que ir”.
Daniel, de Nueva Esperanza, precisa que “de la zona de Abasto, Olmos, Etcheverry nos están corriendo con el precio. Algunos se están yendo para el lado de Gómez, Brandsen, o para el lado de Ruta 6”. Y describe su realidad: “No podemos tener una vivienda digna porque no podemos construir. No es de uno (la tierra). Cuando alquilamos un campo pelado, que no tiene nada, en algunos casos ni siquiera agua en un pozo, tiene un precio. Cuando empezás a construir y a hacer producir a esa tierra que no valía ni diez centavos, y plantamos y hacemos una casilla y hacemos el invernadero… Es mucha plata que se necesita, a veces uno se priva de muchas cosas para tratar de hacer eso. Pero cuando el dueño o la inmobiliaria ve que ya uno tiene algo armado, directamente te sube el precio porque sabe que de ahí no nos podemos escapar. No es que nosotros de un día para el otro desarmamos y nos vamos”.
Antonio y Luis son productores de San Roque y proveen frutas y verduras para “Verdura para todos”, que articula con la Facultad de Periodismo de la UNLP. Están sentados juntos entre las decenas de personas que participan de la Mesa sobre Comercialización en la Facultad de Agrarias y permanecen quietos, tranquilos. Cuando llega su turno, hablan con voz muy baja pero disparan con contundencia contra las inmobiliarias: “Vos hacés un contrato por tres años pero a los ocho meses aparecen y te van a negociar el precio. ¿Al final, para qué trabaja uno? No se puede agrandar la quinta, porque no se puede sostener así, uno tiene una familia para mantener. La verdad, vendemos poco”, lamentaron.
Dumrauf señala que el productor debería no dejarse presionar, porque “la ley dice que lo mínimo por lo que podés alquilar la tierra son tres años y de acuerdo a determinadas condiciones”, pero muchas veces esos acuerdos son de palabra y “no se tiene esa información, no se conoce, entonces pasa a ser una cuestión más desigual de quién dice una cosa y quién la otra”.
Para el investigador, una medida que podría empezar a transformar el problema estructural de la tierra es la conformación de “equipos de abogados trabajando con campesinos y productores familiares para que puedan de alguna manera poner en regla los papeles y tener su escritura”. Otra opción complementaria sería la administración de tierras que actualmente tiene en desuso el Estado.
Por último, Dumrauf propone “hacer arrendamientos largos, pautados, definiendo zonas que son para producción y no para residencia”, y la conformación de un banco de tierras del Estado. “Hasta hoy se hizo poco y nada. De hecho, cuando se aumentó el Inmobiliario Rural en la Provincia se armó un revuelo bárbaro y se terminó aumentando muy poco. Hay un fuerte lobby de la Mesa de Enlace y tal vez no haya un sujeto social que pida con mayor fuerza la intervención del Estado, políticas públicas, más fortalezas para pequeños productores. Pero por la positiva hay un montón de instrumentos y de institucionalidad que antes no teníamos. Nosotros apuntamos a que hay que ir generando proceso organizativos que permitan ya sea mejorar las condiciones más cotidianas o coyunturales por un lado, como también poder plantear algún tipo de política alternativa y que vaya cambiando cuestiones estructurales o por lo menos generar otros canales distintos. Y en esa pelea estamos”.
El sector
El concepto de Agricultura Familiar (AF) surgió en Brasil en 2000; Argentina lo tomó a partir de 2003, cuando se creó la Red Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) y empezó a haber una política más fuerte de intercambio entre los países que integran el Mercosur, en términos comerciales y promoviendo la inclusión social. Según el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, forman parte de la AF aquellos núcleos de productores agropecuarios y forestales, pescadores, recolectores con actividades artesanales, agroindustriales o turísticas que utilicen recursos de origen agrario, sin importar si el destino de esas actividades es la venta, el autoconsumo o el trueque y si es la actividad principal o una secundaria del hogar, siempre y cuando se ajusten a los siguientes criterios: residencia en áreas rurales o a una distancia que permita contactos frecuentes con la producción agraria o conexas; empleo de mano de obra predominantemente familiar y contratación limitada de mano de obra extra familiar; responsabilidad y control de la familia sobre la actividad productiva.
Hoy se calcula que un 75% de los productores de América Latina pertenecen al sector de la AF. En Argentina, según el último censo (2010), la AF representa el 66% de la producción, lo que equivale a unos 400.000 agricultores familiares.
Por una reparación histórica
En el Congreso nacional existieron cuatro proyectos de ley que buscaban impulsar al sector. Tres perdieron estado parlamentario; el último fue presentado en abril de este año en la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento en comisiones. Se titula “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” y propone reconocer a la AF como “un actor fundamental de la emancipación nacional en el ámbito rural”. Admite una “deuda pendiente con el sector”, al que define como un “agente indispensable de un desarrollo igualitario, productivo y económico”, para “la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo” y para cuidar la biodiversidad durante la transformación productiva. La iniciativa también plantea “promover políticas redistributivas” para el acceso a la tierra, al agua y a otros recursos, como por ejemplo la creación de un “banco de tierras”. En algunos puntos salientes del texto se denuncia también el proceso de concentración y extranjerización de la tierra en nuestro país.
La iniciativa fue elaborada por el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), un espacio heterogéneo compuesto por más de 900 entidades (de productores, organizaciones civiles, cooperativas y demás asociaciones), en sucesivas reuniones y debates con organizaciones del sector, y lleva la firma de los diputados del oficialismo Carlos Raimundi, Rocío Giaccone, Lautaro Gervasoni, Fernando Marcopulos, Susana Canela, Eduardo Pastoriza, Guillermo Carmona y Carlos Gustavo Rubin.
Según explicó a La Pulseada Miguel Fernández, presidente del FONAF y uno de los redactores del proyecto, “cuando hablamos de una nueva ruralidad entendemos que a los pequeños productores deben ser considerados como sujetos de derechos y que tengan los beneficios que tiene cualquier productor. Que tenga acceso al crédito, a herramientas para poder comercializar, a tecnología, al transporte, a las cámaras de frío. Siempre estamos trabajando en lo primario, vendemos a los intermediarios, que son los que se terminan quedando con la ganancia, y nosotros seguimos en la misma. Por eso hablamos de una reparación histórica”, explica.
Fernández agrega: “La ruralidad argentina está compuesta por todos nosotros, por toda la gente que vive en los pueblos. Muchas cosas se han ido con el tiempo y tenemos pueblos que parecen dormitorios, porque la gente trabaja la tierra y va a dormir solamente. Entonces hablamos de una nueva ruralidad, que vuelvan las personas a los pueblos con todos los beneficios que pueden tener, que puedan trabajar en el fondo de su casa, producir y tener una renta extra de la que ya tiene como medio de vida”.
La cuestión cultural
El Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF) incorpora al concepto de AF la idea de que quienes eligen esta forma de producción lo hacen porque prefieren el estilo de vida que conlleva, que permite tener una relación más directa con la tierra y con lo ancestral. Asimismo, tienen en cuenta al consumidor a la hora de pensar en un cambio cultural que enseñe a ingerir alimentos de buena calidad y a reflexionar sobre el proceso que ese producto tuvo antes de llegar a su mesa.
El efecto 125
Para Sergio Dumrauf, la pelea del “campo” con el Gobierno —ocurrida en 2008 por la Resolución 125, sobre retenciones a la exportación de soja— provocó un cimbronazo en el sector de la AF: “Significó no solamente una derrota del Gobierno sino también un retroceso del sector más vulnerable. Quien se posicionó con más fuerza y se estableció como el sector del campo fue la Mesa de Enlace y eso indirectamente también es una imposibilidad de avanzar en algunas cuestiones pendientes del sector del agronegocio, como la ley de arrendamientos, la cuestión de parar los desalojos o la comercialización tanto a nivel interno como externo”.
El investigador agrega en diálogo con La Pulseada que “en el ‘90 desapareció la Junta Nacional de Granos, que regulaba la comercialización internacional, y a partir de ahí hay cinco empresas multinacionales que manejan toda la exportación de granos. Entonces esto genera todo un peso económico y político que no se ha podido desarmar y de alguna manera hace que sea una cuestión desigual el peso que tiene el agronegocio con la AF”.
El aniversario
La decisión de la Organización de las Naciones Unidas de instalar a 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), con el lema “alimentar al mundo, cuidar al planeta”, es una buena excusa para colar al sector en una agenda periodística que suele ignorarlo aun cuando orilla temas que preocupan a las clases medias, como qué clase de alimentos comemos. En Argentina, desde el Estado el ministro de Agricultura Carlos Casamiquela inauguró el AIAF en junio, en la celebración de la XXI Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar, en el “INTA Expone 2014”, con la idea de fomentar el desarrollo productivo y social de los medianos y pequeños productores. Participaron también funcionarios de Uruguay, Venezuela, Brasil, Chile y Ecuador, y se analizaron temáticas asociadas a la producción de alimentos, tales como cambio climático, juventud y gestión de riesgo.
Allí se expresó la voluntad del gobierno nacional de estrechar vínculos con agricultores para generar instrumentos que favorezcan su crecimiento. Otras organizaciones que participaron son la FONAF, la Asociación de Mujeres Agrarias Argentinas (AMRAF), la Federación Nacional Campesina (FNC), la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), la Federación Agraria Argentina (FAA), y la agrupación Grito de Alcorta. En julio, el gobierno nacional jerarquizó a secretaría lo que era la subsecretaría de Agricultura Familiar y dependía de la secretaría de Desarrollo rural.
Desde el sector de las organizaciones sociales, una de las que promueven el año aniversario es el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), una asociación civil de raíz cristiana enfocada en las problemáticas de comunidades campesinas e indígenas del Noreste del país que trabaja desde 1970, sobre todo con educación, alfabetización y comunicación. Para el AIAF, lanzó una serie de producciones radiales y audiovisuales, y cartillas para escuelas (disponibles en incupo.org.ar), donde se promueve y amplifica al sector.
Ana Laura Esperança
“El desafío es disputarle el alimento al mercado”
La agricultura familiar está estrechamente ligada al concepto de soberanía alimentaria, un derecho de los pueblos y de los Estados a controlar sus sistemas alimentarios y a asegurar, para todos, alimentos accesibles y de buena calidad. En la Universidad Nacional de La Plata, la cátedra libre de Soberanía Alimentaria (La Pulseada 34) conjuga desde 2003 los aportes de distintas facultades para intentar fortalecer y revalorizar a los pequeños productores. “Fuimos pioneros en crear un espacio universitario que se ocupara de trabajar el tema en articulación a los actores sociales del sector. Afortunadamente, ese primer impulso se replicó en otras universidades del país —destaca en diálogo con esta revista el sociólogo Luis Santarsiero, coordinador de esta cátedra por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación—. La universidad como institución también se encuentra fuera del claustro, y a través de la cátedra se trabaja en el campo de acción, en distintos territorios”.
El origen, contextualiza, “estuvo profundamente vinculado al período inmediato pos crisis económica, política y social de 2001. Como colectivo intelectual, la universidad tenía que ofrecer una respuesta frente a eso y lo hicimos en el marco de una práctica militante ligada a distintos movimientos sociales vinculados al campesinado”. En el presente ofrecen un seminario cuatrimestral compuesto por diferentes módulos, abierto a estudiantes de distintas facultades y a la ciudadanía en general, con el acento puesto en lo territorial. Trabajan sobre todo en la zona periurbana de La Plata, donde se asientan los mayores productores de hortalizas de la región. Por ejemplo, en el parque Pereyra Iraola, en la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero, en la Isla Santiago, en Guernica, en Los Juríes y en Colonia Pampa Napenay.
“En cada espacio se implementan distintas prácticas y estrategias orientadas a la problemática específica, pero en todos buscamos fortalecer los derechos de estos pequeños productores, construir caminos que revaloricen prácticas productivas vinculadas a la cultura campesina a la que pertenecen, aumentar su valía como productores y como integrantes de una comunidad —explica Santarsiero—. Y sobre todo, con la intención de posicionar al alimento como algo más que una mercancía. En este sentido, el desafío sigue siendo disputarle el alimento al mercado. Pensándolo internacionalmente, el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria tiene que buscar las formas de crear esas medidas de seguridad en torno al alimento. Y acortar las distancias en los procesos de producción es una de las maneras.
Ana Laura Esperança
