Juntos, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos vienen permitiendo a este sector, históricamente ligado a policías y grupos parapoliciales y hoy pilar de la “emergencia en seguridad”, operar en suelo bonaerense sin carnet de buena conducta en derechos humanos. Hay unas 60 empresas favorecidas por la vista gorda.
Por Josefina López Mac Kenzie
Aunque en 2010 identificó a pedido de la Justicia a más de 40 integrantes de agencias de seguridad privada que “habrían actuado en el aparato del terrorismo de Estado”, a la Secretaría de Derechos Humanos, que debe auditar a los candidatos a una habilitación, no le preocupa quiénes son. Así, el ministerio de Seguridad aprovecha para expedir las licencias a ciegas, ignorando un artículo de la ley 12.297, y el resultado son unas 60 empresas activas que podrían tener una composición tan peligrosa como aquélla.
El eterno romance de la Provincia con el rubro se potenció en abril pasado, cuando el gobernador Daniel Scioli declaró la “emergencia en seguridad pública”. Ese decreto sostuvo, de manera casi idéntica a uno de 1980 que obligaba a las agencias de Investigaciones y Seguridad a “cooperar” con la Policía Bonaerense, que “las empresas prestadoras de servicios de seguridad y su personal realizarán sus tareas en carácter de auxiliares de las fuerzas de seguridad pública y tendrán la obligación de comunicar en forma inmediata a las fuerzas policiales toda situación que implique un riesgo para la integridad física de personas y bienes”.
La emergencia multiplicó convenios con las cámaras que nuclean a estos empresarios, como UPSRA, CAESI, CAESBA y CARESEB, que juntas involucran a casi 50.000 agentes (muchos, trabajando en condiciones precarias) y afirmaron que “el sector participará activamente”. El ministro de Seguridad, Alejandro Granados, exclamó: “Queremos brindarles a los vecinos la seguridad que se merecen y por eso avanzamos también con este sector, para que sea protagonista”.
La Oficina para la Gestión de la Seguridad Privada quedó a cargo de Fernando Amarilla, hijo Edgardo, presidente del Concejo Deliberante de Ezeiza (el municipio de Granados) y ahora también funcionario del Ministerio. Para habilitar una agencia, esa Oficina debe contar con el visto bueno del secretario de Derechos Humanos, hoy Guido Carlotto, que a partir de bases de datos que administra debe chequear que esa firma no tenga ni dueños, ni vigiladores ni jefes de Seguridad beneficiarios de las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, o con condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos o culposos relacionados con la “seguridad”; que no estén en actividad en fuerzas armadas, de seguridad, penitenciarias o de inteligencia; o que no hayan sido excluidos de éstas por violar ley 12.297, que regula al sector.
Nada de esto se cumple. Fuentes del Ministerio culpan Carlotto porque “no responde las requisitorias” que le realizarían. Ellos, en lugar de intimar al Secretario y/o buscar información en la secretaría de Derechos Humanos de Nación, habilitan las empresas con una fórmula sencilla y pública —las resoluciones están disponibles en el boletín informativo de Seguridad—: “De la documentación agregada surge que se encuentran cumplidos los recaudos legales, salvo el requisito previsto en el artículo 8° inciso 2° de la Ley N° 12.297, respecto del señor Marcelo Miguel Sánchez Sorondo. Que en dicho contexto, corresponde otorgar en forma provisoria, la habilitación solicitada…”.
Una lista incompleta trabajada con información oficial supera las 60 agencias habilitadas así en distintos municipios: 11 en la gestión de Carlos Stornelli en Seguridad y Sara Cobacho en DDHH; 38 en la de Ricardo Casal (con Cobacho y luego con Carlotto del otro lado), y al menos 13 en la de Alejandro Granados. Aunque Casal prometió modernizar la relación con el rubro reemplazando tareas que eran “manuales”, para “agilizar las altas, renovaciones, bajas y todo tipo de trámites”, hay habilitaciones “provisorias” que datan de 2010. Si completaran los requisitos—papeles; dinero— podrían volverse “definitivas”. Si en cambio el legajo de la empresa no se mueve (por ejemplo para un cambio del titular o jefe de Seguridad) es probable que sean eternamente provisorias.
Los fierros
La seguridad privada fue el aguantadero tradicional de grupos de derecha (en La Plata muchos militantes en los ’70 de la organización de la extrema derecha peronista Concentración Nacional Universitaria integraron en los ‘80 agencias donde se insertaron por sus conexiones con policías o civiles en el Ministerio), así como de policías y militares retirados, y de represores en la última dictadura. La Pulseada publicó un informe especial en 2010 y van otros dos ejemplos, de prófugos de la Justicia federal platense que cayeron este año. Alberto José Esteban Pulvermacher, imputado por torturas y apremios ilegales cometidos en el centro clandestino “1 y 60”, integró hasta hace un tiempito dos agencias habilitadas por el mismo Ministerio que ofrecía dinero por datos sobre su paradero. Ricardo Luis von Kyaw, un asiduo del Jockey club porteño acusado por crímenes de lesa humanidad en “La Cacha”, fue hasta hace poco jefe de una agencia. “El holandés” cayó de forma más novelesca: en una comisaría panameña, con un pasaporte alemán trucho por el que pagó miles de dólares en Paraguay. Llegó detenido a Ezeiza.
En su libro Ezeiza, Horacio Verbitsky menciona a alguien hoy ligado a varias empresas de seguridad. Es Rodolfo Mario González Arrascaeta y figura en el capítulo “Los fierros” (pág. 64, edición de Contrapunto, 1985), que indaga en “una de las incógnitas que persistieron después de la masacre” de 1973: “de dónde provenían las armas que emplearon”. Este año, Arrascaeta fue nombrado en una denuncia presentada en La Plata referida a “la Oficina” en la gestión Casal, con tres funcionarios señalados por presuntas “coimas” ($250.000) para emitir habilitaciones sin trámites; la versión, que sugería que a la hora de la siesta la Oficina se transformaba en una casa de citas con agencieros, terminó archivada en la fiscalía de Delitos Complejos Nº 8, de Jorge Paolini, mediante una resolución de la época del Procurador Eduardo Matías de la Cruz que permite desestimar denuncias basadas en anónimos sin dar paso alguno.
Arrascaeta también está al frente de uno de los institutos de capacitación homologados por el Ministerio: para ser “jefe de Seguridad” de una agencia hay que aprobar un curso. Su instituto queda en Malvinas Argentinas, partido que gobierna uno de los intendentes de la mano dura, Jesús Cariglino, y donde Granados —de licencia como intendente de Ezeiza— eligió en abril pasado inaugurar el “primer Comando de Patrullas Comunitarias, punto de partida del específico accionar policial por zonas”.
Pedido de explicaciones
Primero el Frente de Izquierda en Diputados y después el Frente Renovador en Senadores, en los últimos meses se hicieron eco de una serie de notas publicadas inicialmente en el sitio web OtrosCírculos.com sobre este modus operandi para habilitar agencias de seguridad a espaldas de la ley y presentaron solicitudes de informes en la Legislatura para que el Ejecutivo se expida sobre la situación. El del FIT se aprobó sobre tablas en Diputados. El del Frente Renovador no fue tratado. Y seguramente ninguno será respondido. En tanto, al cierre de esta nota el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) trabajaba en una presentación judicial sobre la cuestión.
42 peligrosos
En 2010, para un informe especial sobre el tema, esta revista consultó por escrito a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia sobre “agentes, directivos o propietarios de empresas de seguridad privada que están o estuvieron involucrados en causas judiciales por delitos de lesa humanidad” y nunca obtuvo respuesta. Pero la había y daba miedo: archivada en la “causa López” (por la desaparición forzada del testigo) estaba una lista enviada por la entonces secretaria de DDHH, Sara Derotier de Cobacho, con 42 integrantes de agencias que “habrían actuado en el aparato del terrorismo de Estado”.
