Entre la discusión legislativa por la despenalización en 2018 y la presentación del nuevo proyecto en mayo de 2019, hubo a lo largo y ancho del país movimientos en diversos ámbitos. Si bien los avances fueron desiguales, quienes deseen interrumpir el embarazo tienen ahora mayor acceso a la información.
Texto y fotos Laura D’ Amico
El 9 de agosto de 2018 el Senado de la Nación rechazó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que contaba con media sanción de Diputados. El resultado de la votación fue 38 votos en contra y 31 a favor. Quienes se opusieron al proyecto fueron los legisladores de Cambiemos (17), de Argentina Federal (11), de partidos provinciales (5), del Interbloque Federal (3), de la Unidad Justicialista (1) y del Frente para la Victoria (1). La presión de la multitud de pañuelo verde que durante horas rodeó el Congreso de la Nación para pedir a los senadores la aprobación del proyecto no alcanzó para que esas miles de personas -en su mayoría mujeres jóvenes y adolescentes- que peregrinaron hasta la madrugada bajo la fría lluvia de invierno, volvieran a sus casas con la ley bajo el brazo. Se avanzó, sin embargo, en la despenalización social del aborto; esto es, se empezó a hablar del tema en los distintos ámbitos sociales, se comenzó a socializar experiencias y, lo más importante, se tejieron redes de apoyo para facilitar abortos seguros a personas gestantes que quieran acceder a esta práctica y se ven obligadas a hacerla en forma clandestina, disminuyendo los riesgos de morbimortalidad.
El nuevo proyecto de interrupción del embarazo propone que las mutuales y obras sociales deben incluir la práctica en el plan médico obligatorio
El 28 de mayo de este año, al conmemorarse el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó, por octava vez consecutiva en la Cámara de Diputados, el Proyecto de ley de IVE. El nuevo texto establece que tanto mujeres como personas gestantes podrán acceder a un aborto hasta la semana 14 de gestación y que la práctica debe garantizarse en un plazo de cinco días una vez requerida. Como novedad, el proyecto refuerza el derecho a recibir educación sexual integral, laica, científica y accesible, y contempla la interculturalidad, es decir, que quien reciba información lo haga en su propia lengua. Además, se quitó el punto que señalaba que una de las causales de la IVE era “si existen malformaciones fetales graves”, y se agregó que las mutuales y obras sociales deben incluir la práctica en el plan médico obligatorio (PMO). Asimismo, propone modificar los artículos 85 y 86 del Código Penal, y agregar el artículo 85 bis que establece que en lugar de penar a la persona que aborta se debe condenar con prisión e inhabilitación del ejercicio de la profesión a todo “profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.
Entre los impulsores de la legalización del aborto en Argentina hay quienes sostienen que el proyecto no debe ser tratado este año porque, además de ser un año electoral, la composición del Senado es la misma que la que lo rechazó el año pasado. Esto desgasta a los propios y empodera a los ajenos, que cobran impulso en sus reclamos antiderechos. Un ejemplo de ello es la elección de la mediática militante del aborto clandestino, Amalia Granata, para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe en las elecciones del 16 de junio pasado, el día del apagón que dejó sin luz a casi todo el territorio argentino. Granata fue posteriormente condecorada por el presidente Mauricio Macri, quien además castigó con el tercer lugar en la lista de diputados provinciales por la Séptima Sección Electoral –donde no tiene casi chances de entrar– al actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Lipovetsky, quien fuera el encargado de conducir el debate realizado en el Congreso sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Pero muchas organizaciones de mujeres que impulsan la ley desde hace décadas insisten en que la presión social y el cambio cultural que se está produciendo en torno al aborto en las calles, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación y los hospitales merece tener su correlato en la legislación.
Mientras la disputa por la despenalización del aborto se zanja en el Congreso, en los juzgados y en los hospitales de Argentina, donde según el artículo 86 del Código Penal el aborto no es punible en algunos casos (si evita un riesgo de vida de la madre o si el embarazo es producto de una violación), lejos de las luces de la televisión y de los debates académicos, jueces, profesionales de la salud y pacientes libran a diario otras batallas para que se cumpla (o no) con ese derecho. Si bien sigue habiendo muchos obstáculos para que se cumpla con la ley vigente, entre el debate de 2018 y la presentación del proyecto en mayo de 2019, pasaron cosas.
En la “cuna de niño por nacer”
En febrero de 2019, Lucía, una nena de 11 años embarazada de 23 semanas producto de una violación, pidió la interrupción legal del embarazo. Lo hizo en contra de la voluntad de su madre y la del cura, que la iba a visitar al Hospital Eva Perón, de San Miguel de Tucumán, para hacerle la señal de la cruz en la frente. Lucía estuvo más de un mes internada a la espera de que algún profesional de la salud le realizara la práctica. Como los médicos del hospital se negaron a cumplir con su derecho, el ministerio de Salud de la Nación tomó intervención en el caso y convocó a los médicos tocoginecólogos Cecilia Ousset –quien expuso la realidad de su provincia en el debate en el Congreso– y a su marido Jorge Gigena, que se desempeñan en una clínica privada de la capital de provincia del norte argentino. 
“Nadie del sistema público le quiso hacer la ILE a Lucía entonces el ministerio de Salud nos llama. Yo soy católica y objetora de conciencia pero mi esposo no, entonces él accedió inmediatamente porque estábamos al tanto del caso, por la Red de Profesionales del Norte Por la Vida y el Aborto Legal”, contó Ousset a La Pulseada durante una entrevista telefónica.
Cuando llegaron al hospital Eva Perón, todos los médicos que debían asistir a Gigena en el aborto se declararon objetores de conciencia, de modo que Ousset, que sólo había ido a acompañar a su marido, tuvo que hacer de instrumentadora quirúrgica para poder llevar adelante la práctica. “No hicimos una fetotomía porque era muy peligroso para la vida de Lucía. Por eso tuvimos que hacer una microcesárea”, detalló Ousset. Al salir, del quirófano, una persona del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán los estaba esperando. “Cuando el feto salió vivo fue entregado a neonatología donde le hicieron las maniobras de mantenimiento con incubadora. Entonces el agente del MPF y los dos guardias de seguridad que esa misma noche nos iban a llevar presos por homicidio calificado se tuvieron que ir porque no había delito. Sólo nos tomaron los datos”, contó.
El recién nacido murió 10 días después, y Ousset y Gigena fueron denunciados penalmente por un grupo de médicos y abogados antiderechos. “En este momento estamos denunciados ante la misma fiscalía (Especializada en Homicidios, a cargo de Adriana Giannoni), que impidió de oficio la ILE y que pedía a la Defensora de Familia que le ponga un abogado al feto”, señaló la médica.
“La fiscal está tomando declaración a personas en contra nuestra, que son los médicos del quirófano que se han negado a realizar la ILE. Están juntando pruebas. Nuestros abogados todavía no tienen acceso a la causa. Sabemos que se hizo autopsia al feto, una cosa de locos porque hay que tener un cuerpo del delito para hacer una autopsia. Estamos siendo investigados por un homicidio en la justicia provincial”, relató.
En Tucumán no hay ley provincial ni protocolo de ILE. “Estamos siendo investigados por un homicidio en la justicia”, contó la médica Cecilia Ousset a La Pulseada
Ousset opina que si prospera la causa “sería un paso atrás porque volveríamos a la inquisición del siglo XIV, donde no hacer lo que dice la Iglesia Católica está mal”. Ousset y Gigena pelean, en un contexto adverso, para que se respeten los derechos de las mujeres. “Nosotros en Tucumán seríamos los traidores, los que venimos a denunciar desde adentro la hegemonía médica y los que confiamos en las mujeres que saben cómo parir, que saben lo que quieren, que saben cuáles son sus deseos reproductivos y que necesitan información y saber de sus derechos”, concluyó Ousset.
Entre el derecho y el obstáculo
El 21 de mayo de 2019, el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue hallado culpable del delito de “incumplimiento en sus deberes de funcionario público” por negarse a practicarle una ILE a una joven de 19 años de alta vulnerabilidad social, identificada como R.P, embarazada de 22 semanas producto de una violación. Dos años antes, R.P había solicitado una ILE en el hospital de su ciudad natal, que es de baja complejidad. Las profesionales de la salud pidieron la derivación a la vecina localidad de Cipolletti, Río Negro. Rodríguez Lastra, jefe del servicio de Ginecología del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, rechazó el pedido argumentando que no recibiría a la paciente si no contaba con un examen psiquiátrico. Este requisito no está contemplado en el protocolo de ILE de esa provincia, de modo que el médico incumplió, por primera vez, su deber de llevar adelante la práctica.
Al no tener una respuesta en el sistema público de salud, R.P acudió a una organización feminista que le suministró Oxaprost para llevar adelante un aborto en forma clandestina. Días después llegó a la guardia del hospital de Cipolletti con un cuadro febril y contracciones aisladas. Allí fue recibida por Rodríguez Lastra, quien en lugar de continuar con las maniobras abortivas, tal como lo solicitaba la paciente, le aplicó antibióticos y una droga llamada Indometacina que inhibe las contracciones. Así se negó, por segunda vez, a cumplir con el derecho que le asistía por ley a R.P.
R.P permaneció internada más de dos meses pidiendo “que le saquen el coso”. Dejó de comer y casi no hablaba, y manifestaba ideas de muerte, según contó la psicóloga que la asistió en ese período en el juicio realizado contra el médico. R.P fue obligada a parir un niño que fue dado en adopción.
En su veredicto, el juez Álvaro Meynet determinó que Rodríguez Lastra fue “autor” del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Entre los principales argumentos señaló que el médico no estaba inscripto en el registro de objetores de conciencia al momento de los hechos. También hizo hincapié en que “en todo momento mantuvo el acusado una actitud negadora de la práctica que se le demandaba a la cual estaba obligado por ley, intención que oculta detrás de excusas de diversa índole, las cuales además no las informó como era su obligación, respetando el derecho de la paciente”. La sentencia contra Rodríguez Lastra se conocerá a mediados de julio. La condena para este tipo de delitos es de un mes a dos años de prisión, con el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer la profesión.
Luego del veredicto que lo declaró culpable, Rodríguez Lastra ratificó su postura antiderechos y aumentó su exposición pública: hizo declaraciones radiales en las que afirmó que el niño que “salvó” es “muy feliz” junto a la familia adoptante. Esos dichos le valieron un pedido de “bozal legal” del Ministerio Público Fiscal de Río Negro porque “afectan la salud de la joven y violan la intimidad del menor”. Además, fue distinguido por “salvar las dos vidas” por el partido Democracia Cristiana, que luego lo inculyó en su lista como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las elecciones de octubre.
El fin del tabú
Mientras el Congreso de la Nación se dispone a tratar nuevamente un proyecto de IVE, los casos de Lucía en Tucumán, y de R.P en Río Negro, dejan en evidencia los obstáculos a los que se enfrentan las personas gestantes de alta vulnerabilidad social que desean interrumpir un embarazo en el sistema público de salud, aún cuando están amparadas por el Código Penal desde 1921.
Según el informe “Las cifras del aborto en Argentina” elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), la Red de Referentes para el Acceso al Aborto Seguro en la Argentina (REDDAS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en 2016, sólo “15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos para realizar un aborto legal por causales”.
En Tucumán no hay ley provincial ni protocolo de ILE. Allí, el 2 de agosto del año pasado la Legislatura sancionó por amplia mayoría una resolución que declara a la provincia “cuna de la Independencia y Cuna del Niño por Nacer”. En ese contexto, dos médicos que se desempeñan en el ámbito privado garantizan, con perspectiva de género, los derechos a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo contra el poder de funcionarios judiciales que les niegan el derecho a decidir sobre su cuerpo.
En Río Negro, que desde 2012 cuenta con la ley provincial 4.796 de “Atención Sanitaria en Casos de Abortos no Punibles”, –impulsada por la legisladora Marta Milesi–, y con un protocolo para adecuar la norma, profesionales de la salud pueden –o podían hasta 2017– anteponer sus creencias o su hegemonía médica al derecho a decidir de las mujeres. En el caso de R.P, la “reparación” llegó en 2019 de la mano de la justicia.
Los casos de R.P y de Lucía ocurrieron antes y después del debate, respectivamente, y tuvieron lugar en regiones del país con realidades socioculturales, políticas y económicas muy diversas. Son ejemplos, pero permiten pensar qué cosas se están moviendo, en forma no lineal, con mayor o menor grado de intensidad, desde el debate que se libró durante tres meses en el Congreso, en el que 881 expositoras y expositores hablaron a favor y en contra de la legalización, hasta la nueva presentación del proyecto.
Hay sin embargo algo que parece perforar las limitaciones de cada región y es que luego del debate el aborto dejó de ser tabú. La despenalización social avanza a lo largo y a lo ancho del país y se percibe en la proliferación de espacios de debate, el mayor caudal de circulación de información y en el tejido de redes de mujeres para llegar a todos los rincones de modo que quien desee abortar pueda hacerlo de una forma segura.
Así lo explicó Ousset: “En Tucumán después del debate cambiaron muchas cosas. En primer lugar se empezó a hablar del aborto, que era una palabra que no se podía nombrar. Hemos visto una gran aceptación en las mujeres mayores de 55 años que evidentemente fueron las que podían hacer un control de natalidad con el aborto en condiciones más o menos seguras, según si tenían médico para que les haga la maniobra instrumental. Mujeres pudieron contar sus propias experiencias en cada seno familiar, se pudo debatir. Se pudo conocer el Misoprostol y se puso a las socorristas como mano derecha del sistema público de salud disminuyendo la morbimortalidad en Argentina, especialmente en el norte, donde tienen una tarea titánica. Las pacientes han podido saber cuáles son sus derechos, saber qué era una ILE. Esto ha sido una cosa acelerada en el último año y estoy totalmente segura de lo que estoy diciendo”.
Ousset aseguró que su consultorio desborda de pacientes que saben que aunque ella sea objetora de conciencia les facilitará la información necesaria para que puedan decidir: “Tenés que tener no solo el saber, tenés que tener el corazón, la mente y la idea de que sin los derechos sexuales y reproductivos de la mujer no hay democracia”, destacó. /// LP
Ser objetor o ser obstructor
“Una cosa es ser objetor y otra obstaculizador”, dice Cecilia Ousset a La Pulseada, y aclara: “Yo que soy una médica objetora y que tengo miles de pacientes que saben que respeto los derechos de las mujeres, saben que las voy a derivar. Ese mismo día levanto el teléfono porque a mí lo único que me importa es que la paciente esté sana y esa es mi obligación como médica. Yo no estoy acá para evangelizar, ni para lograr adeptos a la iglesia, ni para juzgar, ni para dar sermones. Eso lo hace cada persona consigo misma”.
Señala que “el obstaculizador es el que pone sus creencias personales por encima de los derechos y por encima de la ley. Eso es un delito, por lo tanto lo que le pasó (la condena) a Rodríguez Latra es perfectamente acorde a la ley y es una gran enseñanza para toda la medicina”.
