Para la Provincia siguen siendo 52 las víctimas fatales, aunque las personas que no irán a votar este 11 de agosto por la catástrofe de abril sumen alrededor de 80. Salvo por las asambleas y los familiares, que vuelven a las calles, la actividad electoral ahogó hasta los desacuerdos. Pero las preguntas (víctimas, responsables, resarcimientos, incendio en YPF…) permanecen, desparramadas en un tendal de expedientes.
Pasaron cuatro meses de los gritos de ahogados, del fuego en la destilería, de los autos dados vuelta, de los geriátricos y los ómnibus tapados por el agua. De las familias con pánico en techos, mesas y cielorrasos. De la morgue saturada de cadáveres, incertidumbre, policías y familiares de muertos y desaparecidos. De las mil y una leyendas sobre cuerpos y el manoseo Bonaerense de sus identidades. De las casas sin agua y con mosquitos gigantes. De la Cruz Roja y la Facultad de Periodismo. De los asentamientos más abandonados que nunca. De las piñas en el Concejo Deliberante y el tuit del papelón. De la rapiña funeraria. De los funcionarios tirándose con agua y fuego. De Bruera descargando en Scioli; de Cristina señalando a Bruera y a Scioli; de Scioli apurando el cierre de la lista de víctimas.
De las miserias más feroces que recuerde la ciudad.
Hubo promesas de obras y subsidios, lluvia de cifras y acusaciones, y comisiones investigadoras que dejaron más preguntas que respuestas. Salvo por la unión de asambleas y los familiares de víctimas, que desde fines de junio comenzaron a reunirse para concentrar sus demandas de justicia, la campaña hacia las elecciones primarias ahogó hasta los desacuerdos en torno a la inundación de abril, que por el momento dejó alrededor de 80 fallecidos según datos no oficiales, 20 expedientes judiciales y muchos administrativos y legislativos, y las peores postales de la historia platense.
Por qué se incendió la destilería de YPF, qué cosas se podrían haber evitado, cuánta gente murió, cuánto patrimonio se perdió en el agua y quiénes son los responsables son algunas de las preguntas que quedaron desparramadas por todos lados. En los 18 expedientes penales abiertos en la fiscalía de Delitos Complejos. En las 2 causas que acumulan prueba en el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1. En las denuncias contra el juez Arias (que siguen su curso en la Corte y en la Procuración). En los reiterados oficios del juez Arias y el fiscal Paolini al Ejecutivo Municipal, al Ministerio de Seguridad, a la central de llamadas 911, al Cementerio, al Centro de Monitoreo Urbano (MOPU) y a Defensa Civil para que colaboraran con pruebas para la investigación. En los expedientes administrativos que encarpeta el Municipio para reparar económicamente a los familiares de fallecidos. En los pedidos de informe legislativos y periodísticos desoídos. En los informes surgidos de la comisión de concejales que debía investigar por qué se inundó La Plata y cómo se coordinaron las tareas operativas durante la emergencia. En las exposiciones ante la comisión de legisladores que también debía investigar y dar respuestas. En los grupos de familiares de fallecidos que no recibieron funcionarios bonaerenses. En las dramáticas llamadas que se hicieron al 911. En algunas paredes.
Para el gobierno municipal, que apeló al motivo “reconstrucción” colectiva de la ciudad durante al menos cinco ediciones de su periódico de propaganda y desde una agresiva campaña en televisión y en YouTube (con el eslogan “obras, medidas y acciones”), la inundación hace un tiempo trocó en “seguridad” en el casco urbano. El discurso oficial subraya incluso las virtudes de las cámaras de vigilancia urbana, un material retaceado a la Justicia que investiga la inundación.
Voceros de calle 12 evitaron responder cuánto se está gastando en propaganda tras la inundación pero aseguraron que lo de YouTube “son dos mangos” de “la publicidad institucional de las acciones de gobierno”. El intendente había dicho a esta revista que el periódico de propaganda —que ya salió al menos seis veces desde abril— es un gasto insignificante.
Para el gobierno provincial, abril se evaporó incluso antes: tras la conferencia de prensa del 8 de ese mes, en la que se construyó un “cambio de etapa” y se cerró el comité de crisis que estaba en boca de todo un país. No se habla mucho de las obras, del censo en asentamientos para reubicar a familias antes de hacer obras, de la revisión de una lista de muertos escueta e irrespetuosa con las identidades. Ni de funcionarios provinciales que asuman alguna responsabilidad.
Pasaron cuatro meses. Nadie renunció.
De la mano de la cifra de víctimas (aún objeto de tironeo judicial) está la reparación económica prevista para familiares, un engranaje administrativo del que participan abogados del Municipio, la Agencia Platense de Recaudación y la Secretaría de Economía, entre otros, y no está exento de desprolijidades y desacuerdos.
Los familiares, la unión de asambleas y algunas organizaciones barriales se concentran este viernes 2 de agosto a las 18 en la plaza Moreno. Habrá lectura de comunicado, suelta de barquitos de papel y marcha a la Gobernación.
