La causa que tramita en el fuero penal no tiene imputados. Dos abogados y 28 víctimas materiales fueron habilitados a impulsar una denuncia contra Scioli y Bruera. Y se estudian dos muertes en hospitales reveladas por La Pulseada.
Mientras la investigación de las consecuencias —las víctimas fatales— de la inundación de abril inicia una nueva etapa tras el fallo de Cámara que confirmó al juez en lo contencioso administrativo Luis Arias, la investigación penal por las causas del anegamiento, que tramita en la fiscalía de Jorge Paolini, entró en un paréntesis para resolver cuestiones administrativas, aunque hay algunas novedades.
Esa fiscalía de Delitos Complejos debe indagar sobre las responsabilidades políticas de la catástrofe; por ejemplo, acciones u omisiones en la gestión de obras de mantenimiento para los cinco arroyos que cruzan La Plata, dos de los cuales desbordaron con la inédita lluvia. Por el momento no hubo imputaciones a funcionarios.
Si bien Paolini fue designado para llevar adelante todas estas causas, como las denuncias que les dan origen llegaron en distintas fechas a fiscales y jueces que estaban en turno, el fiscal actual debe esperar que esos actores iniciales declinen sus competencias originarias, para luego anexar en una cuerda judicial todas las denuncias y comenzar a producir pruebas.
La semana pasada, en tanto, Paolini aceptó como particulares damnificados en la causa a dos abogados y 28 damnificados materiales de la inundación, por dos denuncias que se habían presentado en abril contra Daniel Scioli y Pablo Bruera. Como contó La Pulseada en su edición impresa de mayo, tras los 400 milímetros que cayeron en tiempo récord en La Plata en un año electoral, en abril también llovieron denuncias.
Una de ellas la presentó el abogado Alejandro Montone, por la responsabilidad de la Provincia en la presunta ausencia de obras de mantenimiento en los cursos de agua. La otra es la de abogado Martín Berasategui Ilundayn en representación de 28 damnificados. Todos fueron aceptados ahora como partes en el proceso bajo la figura de “particular damnificado”. La medida de Paolini se conoció al día siguiente de la reunión de funcionarios con vecinos y familiares de víctimas en la Gobernación.
La figura de particular damnificado puede ser asumida por todo sujeto jurídico, de existencia física o ideal, concretamente afectado por un delito de acción pública, siempre que tenga un interés directo, concreto y actual, protegido por alguna norma reparatoria. En su momento, con esta misma figura la abogada Sofía Caravelos, del CIAJ, denunció penalmente al intendente Pablo Bruera. Caravelos también denunció al primer fiscal de esta trama, Juan Cruz Condomí Alcorta, en la fiscalía 4 de La Plata, a cargo de Fernando Cartasegna. Ninguna de estas peticiones registra movimientos. En el mismo sentido, Condomí Alcorta fue liberado por una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo del 15 de agosto, de pagar la multa de $15.000 que le había impuesto el juez Arias por impedirle acceder a la causa.
Estudiarán otras dos muertes en hospitales
Alicia Shimizu y Analía Peña estaban internadas en el hospital Español de La Plata y por el corte de luz que afectó a barrio Norte fueron derivadas de urgencia al hospital Italiano, donde fallecieron. No integran el listado oficial de víctimas pero sus nombres están en la fiscalía penal y sus historias clínicas, pedidas por el fiscal a ambos hospitales, serán analizadas por la perito de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte Emma Virginia Creimmer, designada por la procuradora María del Carmen Falbo.
Numerosos oficios similares, pidiendo información por todos los fallecimientos de abril, partieron en estos meses desde el juzgado de Arias hacia clínicas, hospitales, cementerios, crematorios y otras dependencias sanitarias y administrativas de la región, en el marco del voluminoso expediente que tramita en el fuero en lo contencioso administrativo y tiene competencia específica sobre la lista de víctimas fatales.
El relato oficial niega que haya habido cortes de luz en nosocomios durante la tormenta del 2 de abril. Lo negó Daniel Scioli en su última conferencia de prensa y se llamaron al silencio funcionarios a quienes esta revista solicitó información pública sobre este punto. Pero sobran testimonios recogidos durante estos meses por periodistas, vecinos y actores judiciales, así como informes técnicos, que prueban que la luz se cortó. Algunos de los pacientes que fallecieron en hospitales inundados donde hubo cortes del suministro eléctrico son Guillermo Piombino, Alicia Shimizu y Analía Peña.
