Una comunicación interna en el Ministerio de Seguridad que disentía con el tratamiento de las víctimas de la inundación cayó en saco roto. En el Poder Ejecutivo continúa la falta de transparencia en el mensaje sobre un tema cada vez más controversial. Se ocultan datos y se niegan fotos. Mientras, en el plano judicial, la Suprema Corte habilitó que el fuero en lo contencioso administrativo continúe investigando. Y aparecen denuncias penales y pedidos de juicio político.
“Está circulando la versión de que el número de fallecidos a causa del desastre meteorológico es mayor a 51. Los rumores mencionan 210 muertos”, decía un memorando interno que no obstante salió de las entrañas del ministerio de Justicia y Seguridad el 5 de abril pasado, para desnudar que la observación negativa sobre la “impronta policial” del manejo de la catástrofe no es sólo una toma de exteriores.
Desde la dirección de Registro de Personas Desaparecidas Alejandro Inchaurregui le sugería en ese memo al jefe de gabinete de asesores del Ministerio, Marcelo Leonel Leguizamón, cómo poner fin a las habladurías a partir de pautas profesionales —evidentemente no consideradas durante la apremiante madrugada del 3 de abril— sobre las consecuencias del “desastre meteorológico”. Aconsejaba aplicar rigurosidad en el tratamiento de los cadáveres en juego hoy pero también a “efectos preventivos de futuras catástrofes análogas”.
Aunque en las casi dos semanas que pasaron ocurrió de todo en los barrios, en los juzgados, en la fiscalía que interviene por las “muertes oficiales” y en la morgue policial de La Plata, aquel memo no parece haber tenido efectos concretos en el abordaje de la post inundación. Y eso que el mensaje estaba dirigido al joven jefe de gabinete de asesores, “Chubito” Leguizamón, un funcionario oriundo de una de las zonas más afectadas por las precipitaciones —también de las más “donadas” y televisadas, y donde hubo varios fallecidos—, ligado a la conducción de Gimnasia y Esgrima de La Plata no en su momento más célebre, y ex funcionario del ex intendente Julio Alak. El alerta interno no parece haberse traducido en cambios, pero sólo a juzgar por la falta de nuevos mensajes del Ejecutivo sobre los asuntos que más ruido siguen haciendo en la ciudad.
Ante el silencio, las preguntas se potencian: sobre los aspectos no aclarados de la lista de 51 (52) fallecidos “oficiales”; sobre la codiciada lista de 37 muertos “por otras causas”; sobre la negativa a incorporar en la investigación penal del fiscal Condomí Alcorta los casos investigados en el fuero en lo Contencioso Administrativo; sobre las razones de la estrategia comunicacional de clausura apresurada de la lista de 51 (52); sobre las razones de la premura en el tratamiento de los cadáveres desde aquella madrugada…
Incluso en los pasillos de la sede de 51 del Ministerio hay intriga. “¿Vos creés en serio en lo de los 52 muertos?”, le preguntaba el otro día una empleada a otra en la planta baja.
El mismo día, nuestra revista tuvo que lamentar un episodio con ecos de otro tiempo. Un integrante de nuestro equipo de fotografía que intentaba registrar desde la vereda del bulevar 51 la fachada (¡la fachada!) del Ministerio fue increpado por un policía bonaerense que le contó que está prohibido tomar fotos de ese edificio y de cualquier otro, sea éste público o privado. Y que entonces debía ver las fotos que se habían sacado o bien “retener” la cámara. “Si no me las mostrás te la tengo que retener ahora. ¿Para qué son?”, le insistió.
No se supo si fue una directiva del jefe de la guardia rotativa de la entrada de 51 —personal que en teoría depende del cuerpo de Caballería: 1 y 60— o una decisión propia del agente producto de concepciones personales o de hábitos que persisten en la fuerza. La cámara no fue retenida y el episodio no pasó a mayores. Pero remite a otros tiempos.
Novedades y movimientos
En las casi dos semanas que pasaron desde aquel memo interno, afuera siguieron los cruces declarativos y judiciales entre funcionarios; continuó el tironeo de causas entre magistrados; surgieron nuevas —y graves— denuncias periodísticas y judiciales de familiares de víctimas del temporal (que de algún modo empalman con el alerta sobre procederes en los cuerpos de esa noche infernal); se involucraron nuevos actores en la toma de denuncias; se organizaron manifestaciones y asambleas barriales; y para coronar el Concejo Deliberante fue el escenario de un episodio para el que el lenguaje queda chico y retrata el momento que transita la política municipal.
Lo ocurrido puede captarse a partir de un trabajo periodístico de Marianela Toseti, directora de 221 Radio, que ayer intentó laboriosamente sacar algo en limpio de la bochornosa jornada previa, en “diálogo” con el edil Juan Pedro Cháves (bloque FpV-PJ) durante muchísimo tiempo de la mañana más caliente. El entrevistado no se había elegido al azar: había sido filmado a las trompadas en el Concejo e integra varias comisiones pertinentes para desovillar posibles causas de la inundación: Planeamiento, Urbanismo y Tierras (es el presidente); Obras y Servicios Públicos; Salud y Medicina Social; Medio Ambiente y Calidad de Vida. Pero no fue posible un diálogo constructivo con el funcionario.
En el plano de las responsabilidades, en las próximas horas se haría efectiva una nueva denuncia penal: contra Bruera y por estragos. Por otro lado, ya se concretó la presentación de un pedido de juicio político contra el gobernador, Daniel Scioli, en la cámara de Senadores provincial, a instancias de la asociación de Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad (Favisic). La presentación incluye la renuncia del ministro de Seguridad, Ricardo Casal, y del intendente Pablo Bruera, a quienes se acusa de “incumplir deberes de funcionarios públicos” y ser “coautores de los delitos de homicidio culposo y abandono de persona por omisión de sus obligaciones, por no tener un plan de contingencia previsto para situaciones como la acaecida el 2 de abril pasado”, como desarrolla la cobertura de Martín Soler en Diagonales. Además, la ONG que reúne a familiares y amigos de muertos y torturados en lugares de encierro cuestiona el alcance de la ayuda estatal y el “ocultamiento de la verdad” con relación a la cifra de víctimas fatales.
En la fiscalía del Dr. Juan Croz Condomí Alcorta, donde tramita la causa por las 51 (52) víctimas, el clima no es más tranquilo que en el Ministerio o en el palacio municipal por estas horas. Por eso llegaron varios enviados de la Procuración para brindar apoyo en estos días en la fiscalía, que atesoraría la lista de 37 “otras víctimas” y adonde también llegan las empresas funerarias en busca de papeles para completar trámites legales por los muertos que velaron, en el Registro de las Personas.
Como publicó La Pulseada el 11 de abril a partir de un relevamiento propio, las funerarias de la ciudad aseguran haber recibido “muchos más servicios” desde el 3 de abril http://bit.ly/150dFLp. Y como contó Pablo Spinelli, desde el Registro también emanaron denuncias graves sobre huellas y procederes. Y no quedan afuera del movimiento que la inundación sigue generando en los circuitos burocráticos de la ciudad.
Esta revista presentó la semana pasada ocho pedidos formales de información pública vinculados a la inundación, en 6 dependencias estatales, una empresa y un ente regulador. Entre otras cosas, se consultó sobre “las 37” muertes anunciadas por Scioli en su última conferencia de prensa. “Me decía recién el subsecretario (de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio) Albarracín, que hubo 37 personas más fallecidas en la ciudad de La Plata después del siniestro, que son personas que fallecieron por otras causas, no propiamente por la inundación, esto es muy importante, inclusive de las 37 había 17 que estaban internadas en los hospitales, previo a la fecha del temporal, son enfermedades terminales, otras situaciones de otro tipo”, expresó el Gobernador el 8 de abril pasado.
Las solicitudes se realizaron en el marco del decreto provincial Nº 2549, de acceso a la información pública sobre “organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo”. Sus autoridades de aplicación son la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Gobierno. Cumplido el plazo de 8 días, deberían responder. Está en juego la calidad de la comunicación estatal en el tratamiento de la muerte y de la verdad. Ya en la propia lista de 51 (52) cuesta encontrar un caso libre de errores.
Sobre el criterio en el relevamiento de las víctimas, también se supo ayer que la Suprema Corte provincial resolvió en el conflicto de competencia desatado entre los fueros penal y contencioso administrativo (los jueces Guillermo Atencio y Luis Federico Arias, respectivamente). El fallo mantiene la investigación en este segundo fuero (“el caso (…) es propio del fuero contencioso administrativo”, decide) aunque “no en todo” ni en el mismo juzgado. Ahora será en el Nº 2 del fuero, a cargo de la Dra. Ana Cristina Logar, adonde tramitarán las actuaciones con la prueba que se venía acumulando sobre las víctimas no oficializadas.
