El lunes 29 de octubre, a las 10 horas, en los Tribunales de 8 entre 56 y 57, comienza el juicio por la muerte de Cristian el «Rusito» Pérez, el 14 de octubre de 2002. La Policía dice que se suicidó; las pruebas sugieren otra cosa.
Cristian Pérez tenía 18 años cuando lo encontraron muerto en las vías del tren. Este lunes próximo a las 10 horas, en los tribunales de 8 entre 56 y 57, se inicia el debate en el que se intentará develar lo que pasó en un caso más rodeado de preguntas que de certezas. En 16 años por la causa pasaron cuatro fiscales y el Estado argentino recibió una denuncia por inacción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Finalmente, el caso de Cristian “el Rusito” Pérez llegó a juicio y siete policías enfrentarán cargos por homicidio agravado y encubrimiento en un episodio todavía incierto por la manipulación conjunta de la policía y algunos operadores judiciales.
Durante las audiencias, que se extenderán desde el 29 de octubre hasta el 29 de noviembre, habrá en el banquillo siete policías. Cuatro de ellos por el homicidio doblemente agravado: David Alejandro Koenig –el único que será juzgado además por su encubrimiento, aunque insólitamente llega al juicio en libertad-, Juan Alejandro Pavela, Rubén Eduardo Lago y Juan Marcos Condoleo. Y otros tres por su encubrimiento agravado: Pedro Oscar Djurasek –exonerado en 2006 por un caso de torturas en una comisaría de Lomas de Zamora-, Jorge Alberto Luna y Miguel Ángel Álvarez (además del mencionado Koenig). El Ciaj patrocina a la familia de Cristian desde 2007, cuando la abuela se puso en contacto ya que tenía más de un indicio para desconfiar de la versión policial del suicidio.
“El Rusito” Pérez fue arrollado por un tren a la altura de City Bell, la mañana del 14 de octubre de 2002. Los policías que llegaron al lugar –presuntamente advertidos por un llamado telefónico- caratularon el informe preliminar como un “suicidio”. Así lo aceptó la justicia durante años, malogrando pruebas vitales para su esclarecimiento.
Según las constancias de la causa, Cristian llegó a la dependencia policial a las 4:00 de la madrugada. Lo llevaron un grupo de jóvenes que pretendían “lincharlo” porque había atropellado, unas horas antes, al hermano de un policía. Un rato después Cristian fue trasladado al Cuerpo Médico de la policía, en la calle 38 entre 7 y 8. A las 5:50, se labró un acta consignando “lesiones leves”. Ese documento no tenía la firma de Cristian, pero el acta de extracción sanguínea -que se hace en simultáneo- sí aparecía suscripta por él. Sin embargo, la pericia caligráfica estableció que era una firma falsa.
Cristian fue devuelto a la comisaría 10ma., donde lo interrogó Alejandro Pavela, el policía cuyo hermano había sido atropellado. A las 6:20, figura en el asiento del libro de Guardia que Cristian había sido dejado en libertad: también se comprobó que era falso. A las 8:10, su cuerpo fue arrollado por la formación a la altura de City Bell.
Los maquinistas del tren declararon que no pudo evitar arrollar a Cristian porque yacía “inmóvil” sobre las vías. Aseveraron haber vivido otros suicidios antes, y en esas experiencias las personas siempre intentaban moverse en los segundos finales. Cinco testigos que declararon en el expediente vieron a una o dos camionetas policiales detenidas un rato en la zona donde apareció su cuerpo sin vida. Un testigo de identidad reservada, identificó a los cuatro efectivos que bajaron un bulto de la camioneta: Koenig, Pavela, Lago y Condoleo.
Sin embargo un rato después, en la sede policial, los uniformados calificaron el expediente como “suicidio”. El fiscal Leandro Heredia (destituido hace pocos días por cometer irregularidades en al menos cincuenta causas judiciales) convalidaría la versión policial durante varios años. Esa mañana dispuso que el personal policial que estaba en la dependencia la madrugada de la muerte de Cristian tomara las primeras medidas de prueba. Recién cuatro días después, transcurridas las horas cruciales para una investigación criminal, trasladó la investigación a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata.
La autopsia se realizó en la morgue de la Policía, donde el médico no hizo ninguna distinción entre las graves lesiones que tenía el cuerpo de Cristian y aquellas provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista -que discrepaba con la versión policial- no fue incorporado hasta mucho después al expediente. Además, las ropas y pertenencias de Cristian desaparecieron y se perdieron las muestras de ADN de pelos hallados entre los dedos de Cristian. El libro de guardias de la comisaría fue ocultado durante siete años. Ni la falsificación de las firmas de Cristian, ni los dichos del maquinista y el médico legista fueron considerados relevantes por nuevo el fiscal, Tomás Moran, que le repetía a la abuela de Cristian que iba casi a diario a su despacho que debía ser ella quien consiguiera las evidencias. Hoy Morán está detenido, sospechado de integrar una megabanda de operadores judiciales, policías, ladrones y estafadores que presuntamente lideraba el ex juez César Melazo, quien también obstaculizó pruebas fundamentales en esta investigación, como el secuestro del libro de guardia y la detención de Koenig.
El 15 de octubre de 2013, el CIAJ denunció al Estado argentino ante la CIDH por su inacción en la investigación judicial del asesinato de Cristian Pérez. Habían pasado dos fiscales más: Betina Lacki y Marcelo Martini. Estaba violando varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos, el Derecho a la vida, a la Integridad Personal, a la Libertad Personal y a las Garantías Judiciales y la Protección Judicial.
El viernes 3 de octubre de 2014, basándose en pruebas aportadas por el CIAJ y el testimonio del testigo reservado, el fiscal Martini pidió la detención de los cuatro efectivos por el homicidio agravado de Cristian Pérez. El Juez de Garantías César Melazo hizo lugar al pedido, pero inexplicablemente rechazó la detención de David Koenig, el policía de mayor rango, por lo cual afrontará el debate oral en su contra como subcomisario de la comisaría Primera. La decisión se volvió más clara mucho más tarde, cuando comenzaron a conocerse las relaciones entre el ex juez y la delincuencia policial.
