“No pregonamos el encierro como solución de nada”

En el Centro Cerrado Nuevo Dique, cuarenta chicos de entre 16 y 21 esperan un juicio o cumplen condenas ordenadas por la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil en el marco de un proceso. Con ellos trabajan unos 50 adultos que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, sin injerencia del Servicio Penitenciario, y transitan un camino pesado entre dos tipos de políticas para la niñez.

Hablan Carlos Lucía, director de Institutos Penales de la Provincia; Oscar Tacchi, responsable del Nuevo Dique; y Alejandro del Muro, coordinador del Centro. Definiciones sobre la gestión actual, criterios y objetivos de trabajo.

Nota principal: «Este es el instituto que más putean en el sistema»

“Con el Patronato, a un chico no se le dictaba la prisión preventiva: se lo privaba de la libertad y se lo tenía en una institución, independientemente del delito que hubiera cometido, desde robar un caramelo a asesinar a alguien, siendo culpable o inocente. Y no tenía plazos legales que cumplir −sintetiza Oscar Tacchi, director de Nuevo Dique−: La nueva ley garantiza el derecho del chico. Lo más importante es que el chico es escuchado, que su palabra vale: el chico va, conoce el juez, habla con el juez y tiene defensor”.

Este proceso dura “como máximo, un año”, asegura Tacchi. En ese lapso “se tiene que comprobar que cometió el delito, el fiscal tiene que recabar las pruebas para pedir la elevación a juicio como pasa con los mayores, y ahí se decide si es culpable y en función del delito que haya cometido se aplica lo del Código Penal…”. También cuenta que cambió el rol del asesor de Menores: “Ahora el defensor es defensor y no tiene nada que ver con el juez. Por eso, cuando dicen que los chicos entran por una puerta y salen por la otra no es la realidad. Un chico tiene un proceso, tiene un juicio, tiene derecho a ser escuchado y defendido”.

La información oficial dice que hoy hay en la provincia de Buenos Aires “unos 450 jóvenes privados de la libertad por transgresiones a la ley penal, 110 en régimen de semilibertad o abiertas y 2.200 con medidas socioeducativas alternativas a la privación a la libertad”.

De esos 450, 40 están en Nuevo Dique, 10 con sentencia firme y 30 en proceso de apelación para modificar las condenas recibidas. El resto está recluido en otros 15 centros; dos o tres tienen dimensiones parecidas a Nuevo Dique, otros son un poco más grandes (como los de Lomas de Zamora y Pablo Nogués), y el resto aloja alrededor de 20 chicos, apunta Carlos Lucía, responsable de Institutos Penales. “Esa es la idea: centros más reducidos para menos cantidad de pibes −define−. Los más grandes, con lugar para 112 pibes, se construyeron hará seis años con criterios de la gestión anterior, que no son los nuestros”.

En condiciones así “no tenés el tiempo suficiente ni siquiera para conocerlos a todos o para poder hacer un abordaje (…) -describe Tacchi, que prefiere no hablar de ´reinserción social´ como si antes los chicos no hubieran integrado la sociedad-: Acá somos todos personal civil; no hay Servicio Penitenciario (…) Y la herramienta más importante que tenemos es la palabra”. El “viejo Alfaro”, recuerda, “tiene una historia muy triste porque fue siempre muy conflictivo. En determinado momento acá había 60 pibes. Eso tiene que ver con cómo querés trabajar vos en cada institución”, sostiene, y traza el ideal para trabajar bien: no más de 20 o 25 chicos por institución.

La apuesta: vínculos y trabajo

“Nosotros hablamos de la generación del vínculo con el pibe desde el respeto, desde el afecto, desde el diálogo, desde escucharlo y acompañarlo −define Carlos Lucía−. Si hace falta, tenés que estar tres horas hablando”. Alejandro Del Muro agrega que “antes” los institutos se dedicaban a alojar a los pibes mientras que “ahora” ellos piensan en enseñarles un oficio, lograr que terminen la escuela, gestionarles un trabajo por fuera y contemplar las condiciones de sus familias. “Porque el trabajo no termina en la institución: sigue los fines de semana con la familia que te viene, te plantea los problemas, y nos tenemos que hacer cargo de esta responsabilidad −dice−. Se está trabajando con las familias para ver si podemos conseguir algún programa de inclusión laboral, terrenos fiscales, quién nos puede donar casillas… Es decir que estamos armando hoy un dispositivo para abordar la problemática real”.

Del Muro habla de un buen vínculo con el entorno familiar de los chicos, que se construye a fuerza de “escucha, habla, propuesta, la ayuda… Con eso ya la familia baja 200 cambios y empieza a poder trabajar”. Carlos Lucía agrega que a muchas familias pobres “se les brindan los recursos necesarios como para que puedan venir” cuando se les hace cuesta arriba llegar a los centros donde están los chicos. Es que, en Nuevo Dique, por ejemplo, sólo dos de los chicos son de La Plata (“porque no hay muchos chicos de La Plata que estén en régimen cerrado”, explica Lucía).

Los departamentos judiciales que más casos de internación tienen son los del Conurbano. Pero el total de chicos que ingresan al sistema cada año se mantiene estable. La capacidad para régimen cerrado es de 465 plazas en la Provincia. Está casi completa pero “no está desbordada. No hay hacinamiento, como se dice: en ningún lugar se supera la capacidad de alojamiento que tiene”, según el titular de Institutos Penales.

En Nuevo Dique los emprendimientos productivos actuales son: la fideera-panadería y la carpintería, y están planeando armar un taller de chapa y pintura. Los chicos hacen sillones, bancos, taburetes, etc., y se llevan el 60% de lo que se vende. El 40% queda, para materiales. Las ventas se hacen entre la comunidad del instituto, funcionarios, jueces o gente de otras instituciones. Del Muro acompaña con una anécdota: “Un chico que egresa el mes que viene estuvo yendo dos años a carpintería así que se hizo el bajo mesada, la alacena, las mesitas de luz… todos los muebles de la casa los hizo acá y cuando se le dé el egreso se los vamos a llevar a la casa”.

Sumando los de otros institutos, cuenta Lucía, hay diez emprendimientos productivos: bloqueras (destinadas en una primera etapa a la construcción de las aulas para escuela y talleres en el Almafuerte), invernáculos, panaderías, herrería, taller de electricidad, huertas… Por eso están ensayando un borrador de proyecto de ley para poder comercializar legalmente el fruto de este trabajo. “La idea de Pablo (Navarro, subsecretario de Niñez y Adolescencia) es transformar todos los talleres tradicionales que había en los institutos en emprendimientos productivos de capacitación. Esta ley lo que va a permitir que el microemprendimiento pueda autoabastecerse y sostenerse en el tiempo”, anticipa Lucía y recuerda que “en Abasto los talleres hacía 25 años que estaban abandonados”.

La baja: política y realidad

La Pulseada interroga sobre la baja de la edad de imputabilidad que promueven algunos sectores para conocer una opinión significativa, ya que los institutos penales de la provincia son los que reciben a los menores en conflicto con la ley penal. Carlos Lucía no quiere hablar del tema. Asegura que “esta discusión se está aprovechando desde distintos lugares por este año electoral”, aunque admite no obstante que “es un tema importante”. “Hay que dar una discusión importante y no que cualquiera salga diciendo cualquier cosa, pero no creo que sea el tiempo de dar esta discusión…”, dice el funcionario y prefiere que “hablemos de lo que estamos haciendo y cómo fueron cambiando las instituciones con el laburo de la gente y la participación de los pibes en estos últimos años”. Alejandro del Muro se suma, pero deja sentada su posición: “Podemos bajar la edad a los 10 o a los 8, pero el problema no es ése sino el trabajo que tenemos que hacer. El problema de raíz no es la baja de la edad”. Por su parte, Tacchi advierte que “si hablamos de la baja de la edad de imputabilidad, primero hay que hablar de por qué se llega a esto. ¿Qué pasó en el país? Y todos los políticos son responsables porque todos pasaron por todos los gobiernos. Todos son responsables. ¿Qué pasó en la época del menemismo? Se rifó el país y estos chicos, ¿de qué año son? Son todos del ‘89, del ‘90… Destruyeron toda una generación. ¿Cómo generamos en ellos la cultura del trabajo si los padres quedaron excluidos? Vienen de una o dos generaciones de desocupados. Entonces, hagámonos cargo como país. No sean hipócritas porque muchos que piden bajar la edad de imputabilidad lo que piensan es que hay que matarlos a todos”. Por último, Tacchi asegura que si se bajara la edad de imputabilidad, no se produciría ningún impacto en el Centro Nuevo Dique: “En todo el sistema de la provincia hay 14 menores de 16 años. Es un porcentaje ínfimo. ¿Entonces, qué estamos discutiendo? No estamos diciendo que el índice de delincuencia de los chicos menores de 16 años es del 20 o del 30% de la población. Estamos hablando del 1% o menos”.

Del encierro a la confianza

Para el cierre, un balance sobre los cambios más marcados, además de nombre (de Aráoz a Nuevo Dique). Tacchi se remonta a la Ley de Patronato y asegura que “era así: ‘Ah, vos son negrito, vos sos pobre, no tenés una familia bien constituida, bueno, te vamos a cuidar’, y lo metían en una institución”. El director remarca la historia de encierro asistencial que tenían muchos chicos y que constituía el escalón previo al encierro penal. “Nosotros, como trabajadores –agrega Tacchi- no pregonamos el encierro como solución de nada. Buscamos generar un vínculo de confianza con el pibe para decirle: ‘Vamos a hacer un montón de cosas’, pero no depende de nosotros. Si yo tengo la posibilidad de sacar los 40 chicos a jugar un partido de fútbol o a una fiesta, como hicimos el 24 y el 31 de diciembre pasado que vinieron 120 familiares y estaban los 40 chicos afuera y se comportaron correctamente…-se entusiasma-: ‘Esta es una cuestión que ganan ustedes porque éstos son los espacios de ustedes’. Ellos acá están de paso y tienen que aprender a respetarse”. Y cierra con la historia de Maxi, el chico que quiere ser enfermero. Un pibe recluido hace cinco años-: Nuestro primer egresado en una escuela en contexto de encierro”.