Nota principal: Veneno en las vías
Su vida cambió de rumbo cuando hace unos años, en un viaje para hacer un posgrado notarial, se topó por primera vez con la problemática ambiental: “Una colega empezó a contarme lo que pasaba con los silos y de a poco empecé a acercarme al tema de la soja. Cuando conocí al doctor Rodolfo Páramo (médico que investiga los efectos en las personas) y me contó la historia de doce chiquitos con malformaciones en Malabrigo -pequeña localidad santafesina-, ahí dije: esto es más grave de lo que se habla”. Oriunda de Santa Fe, una provincia sojera por excelencia, Graciela Gómez –abogada ambientalista y escribana- fue acercándose a la problemática hasta involucrarse activamente en la lucha contra el uso de agrotóxicos en nuestro país.
Ignorada por la gran prensa nacional, sus denuncias y escritos encuentran eco en España, Francia, Brasil y Ecuador, entre otros países. “Es demasiada gente la que está padeciendo esto y no se sabe porque se oculta sistemáticamente, lo que obliga a recurrir a medios extranjeros. En Santa Fe nadie lo publica, en el país los grandes medios no lo publican; pero estamos en la lucha, hay que seguir peleando”.
Gómez ha logrado pequeñas victorias en las batallas encaradas por los pueblos fumigados. “Disiento con muchos colegas, que aplauden los fallos provinciales que establecen zonas de resguardo, ya que está probado que más allá de las distancias, las fumigaciones llegan igual a la gente, pero sé que en el mientras tanto, algo hay que hacer, y cuanto más alejemos la fumigación, mejor. Hay que consensuar, sigamos alejándolo. En 9 de Julio logré que se zonifique el pueblo como zona de resguardo ambiental, pero es muy difícil lograr eso en toda la provincia”, señala.
-Algunas asambleas vecinales lograron la sanción de ordenanzas que prohíben la fumigación, pero las instalaciones ferroviarias son de competencia federal. ¿Hay un vacío legal al respecto?
-No. Yo creo que miran para otro lado: si hay jurisdicción federal se debe actuar de oficio, o presentar alguna acción judicial… Pero la justicia no se involucra, hace la vista gorda. Hemos presentado amparos y responden “que se ocupe el Estado nacional”. Tiran el fardo al gobierno para que actúe, y el gobierno tampoco actúa. De parte del gobierno, hay un doble discurso: por un lado, demuestran interés y por otro lado les gusta la “caja” que da la renta. Un buen juez, un buen fiscal debería trabajar de oficio en estos casos. La misma situación se plantea con la supuesta autonomía que hay que respetar de cada provincia… Cuando hay un derecho básico afectado, como es el derecho a la salud, plasmado en nuestra Constitución Nacional, dejemos de hablar de autonomías: hay un derecho inalienable afectado que va más allá de las delegaciones de poder. El Estado debe empezar a actuar…
-¿La legislación debe modificarse o hay que hacer cumplir la existente?
-La legislación es mala, es inconsistente. Hay una ley marco, la Ley General de Ambiente, y en base a ella las provincias se manejan de acuerdo a su autonomía. Hay muchos errores e inconsistencias… Por eso no queremos una ley provincial, queremos que el estado sancione una ley nacional, porque cada provincia, más si es sojera, legisla de acuerdo a sus intereses. Lo mismo pasa con las distancias aplicadas en los distintos fallos judiciales: no puede ser que Santa Fe tenga una distancia, Buenos Aires otra, Córdoba otra… ¿Tiene más derecho a la salud la persona que vive en Buenos Aires que la que vive en Santa Fe?
