El ex capitán Ricardo de La Canal, los tenientes Roberto Percuoco y Ernesto Conti, y al oficial principal José Antonio Cáceres son juzgados por la muerte de Ariel Canizzo, el joven de 33 años que en el año 2011 fue “secuestrado” de su casa por los cuatro efectivos –en un procedimiento irregular y sin presentar la orden de captura – y sometido a una brutal golpiza que derivó en su muerte cuando estaba detenido en la Comisaría Cuarta. Por pedido del fiscal y el particular damnificado, se amplió la acusación a “homicidio calificado”. Mientras se desarrolla el juicio, la familia continúa viviendo situaciones de amedrentamiento por parte de policías de la Comisaría Tercera.
El caso es patrocinado por la Asociación Civil Miguel Bru (AMB) y llegó a juicio caratulado como “apremios ilegales”, una vieja y conocida estrategia del Poder Judicial para garantizar la impunidad de los casos de gatillo fácil. El titular de la UFI 4 y Verónica Bogliano, abogada por parte de la AMB, pidieron la ampliación de la acusación ya que en base a los testimonios escuchados se puede acreditar que Ariel Cannizzo fue golpeado en estado de total indefensión lo que le provocó un cuadro de síndrome asfíctico subagudo por el cual murió horas después de ser detenido. La petición fue aceptada por el tribunal.
Uno de los testimonios fue el de Damián Cannizzo, hermano de la víctima, quien dejó claro que Ariel fue golpeado brutalmente en su casa el 21 de octubre de 2011, cuando los policías irrumpieron violentamente mientras perseguían a un menor. Sin orden de captura se lo llevaron a la rastra, casi inconsciente y ensangrentado. Cuando fue trasladado a la Comisaría Cuarta, desde la celda Ariel le dijo que estaba muy golpeado, le dolía mucho la cabeza y se sentía mal, y le pidió un foco ya que en la celda estaba a oscuras. Damián se despidió dejándole lo que había pedido y elementos de higiene, prometiendo volver al día siguiente con un abogado. Pero a la mañana le avisaron que había muerto “de un paro”. En la morgue, cuando fue a reconocer el cuerpo, tenía marcas de golpes en todo el cuerpo y la “cara desfigurada”.
Al igual que su mamá, aseguró que Ariel no tenía problemas de salud, y que meses antes los estudios pre ocupacionales que se había hecho para un trabajo le habían dado bien. También ratificó que Ariel ya había tenido problemas con los policías de la Comisaría Tercera. Meses antes de morir lo habían golpeado al detenerlo por agarrar una porción de pizza en la pizzería del padre de Conti, por lo que le abrieron una causa por resistencia a la autoridad, y antes le habían armado una causa por la que estuvo preso cuatro años.
Mientras se desarrolla el juicio, la familia continúa viviendo situaciones de amedrentamiento por parte de policías de la Comisaría Tercera. Llamativamente, al día siguiente que comenzó el debate, efectivos de esa dependencia allanaron la casa de la hermana y la ex pareja de Ariel, por una denuncia de robo de una policía que vive en el barrio. En la primera audiencia, la madre ya había afirmado que se siente insegura junto a su familia, porque la Comisaría Tercera queda a sólo tres cuadras de su casa, y una tarde mientras su nieto jugaba en la esquina la policía le frenó casi encima y le apuntaron con un arma. En la última semana testigos reconocieron que fueron amenazados por los compañeros de fuerza de los imputados o sufrieron represalias por su testimonio.
En el juicio participan como veedores la Comisión Provincial por la Memoria, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia, las Secretarías de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de ADULP y SUTEBA.
