Acusados de matar a la hija de un expresidente, seis militantes fueron condenados a 35 años de prisión. Organizaciones sociales afirman que durante el juicio se violaron al menos 42 artículos del Código Procesal Penal, la Constitución paraguaya y tratados internacionales. El caso es estudiado por la CIDH.
Por Luciana Rodríguez Sacco
Fotos Santi Carneri y L. R. S.
En Paraguay no sólo la tierra es roja. La mayoría de los políticos, jueces, empresarios y altos mandos militares y policiales, también lo son. La Asociación Nacional Republicana, más conocida como Partido Colorado, ha gobernado el país históricamente: 60 años de hegemonía –incluidos los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner– sólo se vieron interrumpidos por la presidencia de Fernando Lugo, depuesto en 2012.
La Masacre de Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y 6 policías fue el argumento que detonó en el juicio político que destituyó al presidente electo democráticamente. Pero los intentos de quitarlo del poder se habían iniciado apenas a 72 horas de haber asumido su mandato. En esa oportunidad, el asesor legal de la presidencia del senado, Diego Bertolucci –cercano al Partido Colorado–, acusó a Lugo de violar la Constitución, y los intentos de llevarlo a juicio político se repetirían sistemáticamente a lo largo de su presidencia.
Tras lo ocurrido en Curuguaty los medios de comunicación, especialmente el diario ABC Color propiedad de Aldo Zucolillo, iniciaron una campaña mediática contra los campesinos, tildándolos de asesinos y asociándolos al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una organización paramilitar que estaría vinculada con las FARC colombianas, pero de la que nadie puede dar certeza de su existencia. “Según datos, los campesinos tuvieron entrenamiento armado, supuestamente del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), e incluso se sospecha que integrantes del grupo criminal estaban infiltrados entre ellos”, aseguraba el ABC Color la noche del 15 de junio de 2012.
Rápidamente, la versión mediática se constituyó en la versión oficial y se condenó a 11 personas, en 2016. “Carperos emboscan y matan a 6 policías para evitar desalojo en Curuguaty”, afirmó otro de los diarios de gran tirada, La Nación. A la justicia paraguaya no le sonaba descabellado que 50 campesinos, con mujeres y niños incluidos, hubieran podido emboscar a los más de 340 policías y grupos especializados enviados a hacer el desalojo de las tierras.
En julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay resolvió anular el juicio y liberar a todos los detenidos de la causa por considerar que durante el proceso habían existido irregularidades y que no habían sido probadas las responsabilidades de los campesinos en las muertes de los policías.
El caso de Curuguaty no fue la primera vez en la que se demonizó al movimiento campesino. Lo ocurrido allí sacó a la luz un antecedente de la historia paraguaya: el caso de los Seis Campesinos, quienes llevan 13 años tras las rejas de la cárcel de Tacumbú, en las afueras de Asunción. Esta es su historia.
La telaraña
El hallazgo desató una tormenta mediática. Era un caluroso 16 de febrero de 2005 cuando los forenses descubrieron el cuerpo de Cecilia Cubas Grau, de 32 años, hija del ex presidente paraguayo, Raúl Cubas Grau. Llevaba entre 60 y 90 días muerta. Había sido asfixiada y enterrada viva en una fosa en la localidad de Ñemby, a pocos kilómetros de Asunción.
Había sido secuestrada el 21 de septiembre de 2004. Esa tarde estaba por ingresar a su vivienda, en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo, cuando fue interceptada por dos autos que balearon el motor de su camioneta.
Inicialmente, todo indicaba que se trataba de un secuestro extorsivo; según el ex secretario privado de Cubas Grau, Luis Fernando Canillas, los captores se habían puesto en contacto telefónico la misma noche en que la joven fue raptada. De hecho, su padre pagó varios miles de dólares –se habló de U$S 800.000– a cambio de la liberación de Cecilia, pero no supo nada de ella hasta el día que fue hallada muerta.
“No escaparán. Que sepan estos delincuentes que el pueblo está unido para hacerles frente”, aseguró en cadena nacional quien estaba al frente del Paraguay en ese entonces, Nicanor Duarte Frutos, también del Partido Colorado. La construcción de un enemigo común y la teoría conspirativa de una guerrilla en territorio guaraní comenzaba a hacer mella. De hecho, en febrero de ese año, la revista colombiana La Semana publicó en su tapa de febrero de 2005, una foto de Cecilia bajo el título “Prueba reina”, en la cual hacía alusión a una posible conexión entre las FARC colombianas y el EPP paraguayo.
Alvino Villalba, del Partido Comunista Paraguayo, quien viene acompañando a los Seis Campesinos narra otra versión de los hechos: “Muchos creen que fue producto de la guerra interna que vivía la oligarquía paraguaya. No sería descabellado pensar que el mismo grupo que había asesinado al vicepresidente (Luis María) Argaña –1999– haya proporcionado o haya sido el responsable de este crimen. No es una certeza, es una sospecha porque la fiscalía, como único órgano que se encarga de investigar, no ha hecho su trabajo. Es casi folclórico en Paraguay condenar a campesinos”.
Como moscas
Culpables. La Justicia los condenó a 35 años: 25 de prisión y 10 más por medidas de seguridad. Un único testigo, que se contradijo en reiteradas oportunidades, fue el argumento utilizado para dictar sentencia. Era el 11 de julio de 2012 cuando seis dirigentes campesinos fueron responsabilizados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas Gusinky.
“Si hemos sido responsables del crimen que se nos atribuye, ¿por qué recurrieron a la violación de tantos derechos para condenarnos y no operaron conforme a las leyes vigentes? ¿Por qué no presentaron pruebas y por qué tuvieron que emplear testigos falsos para condenarnos?”, cuestionan los Seis Campesinos en comunicación con La Pulseada desde la cárcel de Tacumbú.
Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano, Simeón Bordón y Carlos Espínola no fueron los únicos que interpelaron la validez del juicio. Organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) y figuras del ámbito público, como el Premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, adhirieron al reclamo de los campesinos. Incluso, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente analiza los argumentos que se utilizaron para condenar a los Seis Campesinos.
Pese a que la Constitución paraguaya establece que ninguna persona procesada deberá superar el tiempo de prisión preventiva a la condena mínima, que en este caso era de cinco años, los Seis Campesinos ya llevaban cinco años y 10 meses privados de su libertad cuando recibieron la sentencia. La fragilidad de la democracia paraguaya quedaba evidenciada a través de esta violación a la Carta Magna.
En una primera instancia la Fiscalía los había imputado por “omisión de aviso de un hecho punible”, ya que supuestamente habían participado de la reunión de “Punto Final” realizada el 13 de enero del 2005 en Caaguazú, donde se habría decido la ejecución de Cecilia Cubas Grau . “Pero poco tiempo después el Ministerio Público pidió el cambio de carátula a ‘secuestro, homicidio doloso y asociación criminal’, a pesar de no presentar ningún elemento nuevo que ameritara dicho pedido”, argumentaron desde la CODEHUPY en un comunicado sobre las irregularidades. “Durante todo el proceso, cinco de los acusados dijeron que efectivamente participaron de aquella reunión, pero que en ella ni tan siquiera se habló del tema, rechazando de esta manera estar involucrados en el crimen”, agregó el organismo.
Las actas del mitín del partido Patria Libre –al que pertenecen 5 de los 6 campesinos– y personas que participaron en esa reunión reforzaron el discurso de los acusados y desmintieron al único testigo, afirmando que se habían abordado temas como la planificación para el año entrante y la posibilidad de articular con organizaciones rurales.
Pero la Fiscalía desoyó esos argumentos. Como así también omitió que los forenses confirmaron que Cecilia había sido asesinada a finales de diciembre del 2004 y que el testigo afirmaba que la reunión donde se decidió su muerte había sido el 13 de enero del año siguiente. Para resolver la incongruencia, la Justicia cambió la fecha de defunción y todo cuadró perfectamente para dictar sentencia.
“Hemos sido condenados a 35 años de prisión, como si fuéramos los peores criminales, sin que exista una sola prueba que nos pudieran asociar al hecho por el que se nos acusa y condena: secuestro y asesinato de la hija de un ex presidente de la República del Paraguay”, afirman los Seis Campesinos.
Tiempo después de culminado el juicio, se conocieron unas fotos. Eran de Rogelio Ortúzar, uno de los dos fiscales que lo llevó adelante, y aparecía portando un fusil M-16, una pistola al cinto y pantalones de combate, posando en medio de una matanza de campesinos ocurrida en mayo del 2007, en Minga Guazú. Hoy, Ortúzar continúa siendo fiscal en Asunción y los seis campesinos siguen presos en Tacumbú.
Testigo único
Fue Dionisio Cristóbal Olazar el único testigo que declaró contra los Seis Campesinos. El hombre de boina verde y barba blanca afirmó haber pertenecido al Ejército del Pueblo Paraguayo, el que según su relato había surgido como un brazo armado del partido Patria Libre.
Su salto a la fama fue en diciembre de 2009, a raíz de una entrevista televisiva realizada para el Canal 13 de Paraguay, en el programa Algo anda mal. Allí, contó que había tenido un alto cargo en el Partido Patria Libre y que durante el secuestro de Cecilia Cubas decidió pasar información al entonces comandante de la Policía, Humberto Núñez.
Según Olazar, Vera, Cardozo, Acosta, Lezcano, Bordón y Rodríguez habían participado de la “reunión de punto final”, mientras que Espínola habría actuado en la captura de la joven. Este testimonio jamás fue avalado con pruebas confirmatorias; al contrario, sus afirmaciones fueron rebatidas por Regina Rodas, en cuya casa se realizó el encuentro. La declaración de Rodas no fue tenida en cuenta, como así tampoco su denuncia contra la Fiscalía: le habían ofrecido medio millón de dólares para que declarara que el testimonio de Olazar era verdad. Ella se negó.
La condena se basó en un único testimonio y, según se denuncia, hasta se cambió la fecha de defunción de la víctima
En un primer momento, el juez Pedro Mayor Martínez resolvió la falta de mérito para juzgar a los campesinos, ya que no había otra prueba que la declaración de Olazar. Fue ahí cuando los seis acusados decidieron partir hacia Argentina en busca de asilo político, pero por pedido del gobierno paraguayo, fueron encarcelados en Marcos Paz. Tres fueron detenidos en la misma oficina del Comité para la Elegibilidad de Refugiados de Argentina, otros dos en su casa de Florencio Varela y el último cerca de su lugar de trabajo, con helicópteros y una transmisión en vivo para Crónica TV.
Entre mayo de 2006 y agosto de 2008, los Seis Campesinos permanecieron en Marcos Paz, tiempo que no es reconocido por la justicia paraguaya en su condena. La madre de Cecilia Cubas, Mirta Gusinky –actual senadora del Partido Colorado–, el abogado Enrique Bachetta –actual senador del Partido Colorado–, el embajador paraguayo en argentina, Orlando Fiorotto –ex senador del Partido Colorado– y el argentino Juan Carlos Blumberg lograron el apoyo de quien en ese entonces era el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en Argentina, Aníbal Fernández, para extraditar a los Seis Campesinos a Paraguay, quienes fueron recibidos por un mega despliegue del grupo aerotáctico.
“Queremos poner a conocimiento de la opinión pública que no conocimos, no secuestramos y menos hemos matado a la señorita Cecilia Cubas, nuestro pecado fue haber participado el 13 de enero del 2005 de una reunión de la conducción del Partido Patria Libre (izquierda), un testigo falso pagado, Dionisio Olazar hizo que la Fiscalía nos incluyera primero por omisión de aviso y con la misma declaración nos acusaron posteriormente de homicidio y secuestro, excusa perfecta para militarizar el campo, más persecución a organizaciones campesinas dirigida todo esto por marines norteamericanos”, escribieron los Seis Campesinos desde los muros de Marcos Paz, en Buenos Aires.
Luego de la extradición, los campesinos fueron llevados a la cárcel de Tacumbú, ubicada a pocos kilómetros del centro de Asunción. Su fachada blanca y prolija subestima la realidad que se vive dentro. Fundada en 1956 por el dictador Alfredo Stroessner, fue pensada para albergar a 800 personas privadas de la libertad, aunque hoy aloja a cerca de 4 mil. Extraña casualidad que en guaraní su nombre signifique “calor que explota”.
Los territorios en disputa
El verde de los campos paraguayos poco tiene que ver con la esperanza. Como una topadora, el monocultivo avanza llevándose todo lo que encuentra a su paso. Los campesinos que la habitan no son la excepción y el destierro, el encierro y/o el entierro los persigue.
“Cuando una organización campesina lucha por recuperar las tierras empieza el problema, porque la oligarquía paraguaya se resiste a ceder. Ahí empiezan los asesinatos o son acusados de formar grupos terroristas, cualquier cosa inventan. En casi todos los lugares del país donde el campesinado lucha, ocurre esto”, explica Villalba.
El informe Chokokue, realizado por la CODEHUPY , lleva un subtítulo que describe la situación de los trabajadores de la tierra: “El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino”. Este informe denuncia que en casi 25 años de democracia (1989-2013) fueron asesinados y desaparecidos 115 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas, en el marco de la lucha por las tierras y en ataques organizados contra comunidades rurales para quedarse con sus hectáreas. A 2019, se estima que son más de 150 los asesinados.
La concentración de las tierras en pocas manos es algo crónico en Paraguay. Actualmente, el 84% del territorio cultivable está en manos del 2% de la población.
“Este plan sistemático se articula entre terratenientes e intereses corporativos ligados a algunos sectores del modelo del agronegocio que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad. Particularmente están comprometidos en este plan las instituciones de seguridad y de justicia del Estado: el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, cuyas actuaciones ilegales gozan del respaldo explícito del sistema político”, denuncia el informe.
“Para el sistema oligárquico vigente, desde la época de la tiranía de Stroessner hasta ahora, cualquier sector que se organiza para luchar por justicia social es considerado como ‘organización criminal’, ‘grupos peligrosos’ u ‘organizaciones terroristas’. Tras nuestra condena, se crea una ley para criminalizar aún más a los ciudadanos que defienden la igualdad y la justicia; se trata de la ley mal llamada ‘Ley Antiterrorista’”, analizan los Seis Campesinos.
La concentración de las tierras en pocas manos es algo crónico en Paraguay. Actualmente, el 84% del territorio cultivable está en manos del 2% de la población. Son terratenientes paraguayos y brasileños, como así también coroneles, generales, capitanes, comisarios y políticos del Partido Colorado que en la época de la dictadura de Stroessner se quedaron con tierras. A estas las llaman “Malhabidas”, representan casi 8 millones de hectáreas y aún no se ha logrado recuperarlas.
“En 10 años cerca de un millón y medio de campesinos fueron expulsados del campo y vienen a la ciudad, alrededor de Asunción”, cuenta Villalba. Son los denominados bañados, unas cuantas construcciones precarias de chapa y bolsas, que con la mínima garúa quedarán bajo el agua. Allí, tratan de subsistir vendiendo cartones, latas de cerveza o haciendo trabajo de limpieza.
La historia es cíclica y la persecución del campesino es moneda corriente en Paraguay. A mediados de enero más de 700 familias fueron expulsadas en la zona de Limpio. Reclamaban 50 hectáreas y se fueron desterrados, con la soja al cuello, privados del derecho de producir su propio alimento. // LP
El 50% femenino
En esta lucha, las mujeres campesinas han comenzado a tener un rol fundamental. Ellas conforman un estimado del 50% del movimiento campesino. “La identidad de mujer campesina fue construyéndose políticamente en la lucha y esa identidad no fue fácil de construir ante una práctica dirigencial machista, en una sociedad y Estado Patriarcal. Sigue siendo hoy muy difícil, aunque se ha dado un salto importante, y se puede decir que la organización de mujeres campesinas tiene cierto reconocimiento a nivel de la sociedad y en el movimiento campesino, incluso en el Estado”, afirma Perla Álvarez, referente de la articulación de mujeres campesinas e indígenas CONAMURI.
