El Juzgado Federal Nº 1 de La Plata lleva la causa por la desaparición de Johana Ramallo con estricto hermetismo y casi en soledad. El expediente crece con testimonios que sólo escucha el juez y diligencias que se delegan en la Policía Federal. Los rastrillajes y allanamientos, el último dentro de un penal provincial, dieron todos resultado negativo.
Texto Paula Bonomi y M. Soledad Vampa
Fotos Gabriela Hernández
Johana Ramallo está desaparecida hace casi un año. Su búsqueda comenzó como averiguación de paradero en el fuero provincial y pasó al federal desde que se presume que puede ser víctima de trata. La causa ya supera los 20 cuerpos y está plagada de voces, varias hipótesis y ningún dato que derive en resultados. El magistrado a cargo, Ernesto Kreplak, no se apoya más que formalmente en ningún organismo especializado en el tema para llevar la investigación.
En nuestro país con la sanción de la Ley Nº 26.364 y su posterior modificación se incorporó al ordenamiento jurídico la figura de la trata de personas con fines de explotación sexual y se abrió un proceso que generó estructuras, áreas, programas y prácticas en las distintas órbitas del Estado. 9 años después Marta Ramallo hizo la denuncia por la desaparición de su hija (ver La Pulseada 156, diciembre 2017).
¿Dónde está Johana? ¿Cómo buscarla, a dónde ir a reclamar por ella? ¿Por qué puede tratarse de un caso de trata? “Tenemos que empezar a ver cómo la justicia toma estos casos”, dice Amelia Barreiro, antropóloga e integrante de Acciones Coordinadas Contra la Trata, una ONG que nuclea investigadoras que han hecho su carrera en torno a temas vinculados a delitos de lesa humanidad y buscan aportar esas herramientas en casos como éste de desapariciones en democracia. “Si viene una madre y te dice que su hija desapareció de la zona roja, que estaba en situación de prostitución, de un consumo fuerte, problemático, pero que sabe que no se fue por propia voluntad, que está segura que hubo algo atrás, pasar dos meses con una averiguación de paradero es un error”, asegura.
“Nosotros notamos cada vez más la presencia de organizaciones de narcotraficantes -suma Agustín Araoz, abogado de la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco-. El tema de la droga está muy vinculado al delito de trata y lamentablemente es un patrón común que vemos la inducción de jóvenes a la adicción que luego desaparecen o aparecen muertas. Se tienta a las y los adolescentes con drogas y aparecen otras cosas como puede ser la explotación sexual o la prostitución. En zonas o territorios donde esas organizaciones se hicieron fuertes o son importantes presumimos también que puede haber connivencia policial”.
La causa ya supera los 20 cuerpos, está plagada de voces pero no hay un sólo dato que haya arrojado resultados
Por su lado, María Luz Santos Morón, abogada penalista que representó a Marta Ramallo, opina: “Este tipo de delitos se los caracteriza como delitos complejos donde hay un nivel de intervención de las fuerzas de seguridad a nivel nacional e internacional y es ahí donde, desde mi perspectiva, la justicia actúa a medias”. Tanto ella como Pía Garralda fueron parte del equipo jurídico que asumió la querella luego de que Silvina Peruggino y Víctor Hortel primero y Josefina Rodrigo (APDH) después, se corrieran. Tras el último allanamiento a la Unidad 34 en Melchor Romero (ver subtítulo) ellas también dejaron ese espacio aunque siguen vinculadas a la mesa de acompañamiento que rodea a Marta. Mientras tanto, el lugar de la querella quedó vacante.
Tender redes para atrapar la red
Muchas veces lo que se busca inicialmente a partir de una denuncia por trata es la visibilidad de un caso. Los datos son dudas, las hipótesis se revelan como tramas de ficción y es muy difícil tener una certeza para definir al inicio un caso como trata. Pero la presunción de este delito activa mecanismos judiciales e institucionales que son buscados por su mayor celeridad, por contar con recursos, y porque son muchos los delitos que convergen en las tramas de la trata. ¿Cuáles son esos mecanismos estatales que se activan -o deberían- cuando se presume un caso de este tipo? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo articulan con la justicia?
Desde la subsecretaría bonaerense de Acceso a la Justicia su responsable, Rosario Sánchez y Verónica Bincaz, la directora de Planificación de la Dirección de Lucha Contra la Trata, explican que la mayoría de los casos llegan a su dependencia a través de la justicia ordinaria, o de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) a partir del rescate las víctimas, cuando son derivadas a los programas provinciales de asistencia. En otros intervienen cuando toman estado público, como el de Johana. “Como el problema no estaba enmarcado en trata, que es lo que pasa muchas veces con las desapariciones, arranca el trabajo a partir del Centro de Protección a la Víctima que se pone en contacto con la mamá y la Dirección (de trata) con (Betina) Lacki en la fiscalía. Se empieza a acompañar, ver cómo va el proceso, cuáles son las situaciones, cómo se avanza, aunque el trabajo siempre es a partir de la voluntad de la víctima, si no acepta el protocolo de trabajo no intervenimos”, explica Bincaz. “Cuando la justicia ordinaria pasa a considerar esto como delito federal, se hace un oficio y el caso pasa del centro de asistencia a la víctima a la oficina de trata, más allá de que ya hay un referente asignado a Marta que sigue a disposición”, aclara Sánchez.
Ese paso de competencia fue entre septiembre y octubre del año pasado después de que el accionar de la justicia provincial, a través de la fiscal Lacki, fuera duramente criticado por haber delegado la investigación en la Policía bonaerense. Quienes siguen el caso coinciden en que desde que lo tomó el juez Kreplak no hubo avances significativos, que actúa en soledad y que su hermetismo termina excluyendo o descartando herramientas y recursos.
“El primer tiempo es fundamental -define Pía Garralda-. Muchísima prueba no se incorporó en un primer momento, los testimonios se hacen en la bonaerense y eso está viciado. Cuando pasa a federal no cambió en el sentido de que sigue sin haber un imputado, ni una línea de investigación que sea certera, la causa está muy verde, queda mucho por avanzar con la responsabilidad que implica elegir una línea de investigación por sobre otra”. Las abogadas coinciden en señalar que el equipo que integró la querella sólo pudo mantener una comunicación limitada con el juzgado a través de algunas personas y que en general se impuso el distanciamiento.
¿Existen intereses contrapuestos a los que lleven a develar qué pasó y dónde está Johana Ramallo? ¿Se trata de soberbia judicial? “El delito de trata es imposible sin la complicidad o injerencia estatal: ya sea la policía, la justicia, no estoy hablando de este juzgado en particular. Pero la justicia debería tener las herramientas para encontrar a Johana”, continúa Garralda. “La justicia hace un ‘como que’ en cada investigación, puede ser por falta de recursos, por falta de claridad hacia dónde ir. Es una decisión política saber a dónde y contra quién ir porque si no, no se avanza”, sentencia Santos Morón.
«Es productivo que la investigación la lleven las fiscalías porque son más abiertas» (Agustín Aráoz)
La complejidad del caso aumenta cuando la desaparición no se resuelve rápido. Una semana, 15 días, un mes. Ya son 10 meses sin Johana. “Después se hace cada vez más difícil porque las hipótesis son múltiples, entonces empezás a disparar información para todos lados y también a necesitar medidas de prueba: ¿qué pasa con esta gente? ¿cómo está actuando la Policía acá? ¿esto es una red de proxenetismo? ¿cómo opera? Es un trabajo de investigación que tendría que ser también por encima de la urgencia”, dice, por su lado, Barreiro.
“Hay testimonios que la Justicia manejó mal, se filtró la información. Se da intervención formal a fiscalía pero no se ponen a disposición al 100% los recursos. Siempre es arrancar de cero en algún sentido”, refuerza Santos Morón. “Nuestra experiencia nos indica que es productivo para este tipo de causas que el juzgado delegue la investigación en las fiscalías porque suelen ser más abiertas. En la Fundación siempre advertimos mayor satisfacción en las víctimas y en las familias u organizaciones que las acompañan cuando la fiscalía o el juzgado se presenta flexible a ser ayudado y otras personas pueden tener acceso a la información o acciones judiciales, siempre respetando la legalidad, la legitimidad y no incurriendo en cuestiones que puedan afectar el proceso. Por el tipo de delito que es la trata para un fiscal o un juez en su soledad llevar la investigación sin pedir algún tipo de colaboración o sugerencia de cualquier otro organismo no ayuda para abrir el espectro de prueba”, confirma Araoz.
“Hay juzgados que son más de tender redes y otros que laburan de otra manera. Acá uno de los reclamos que Marta hizo tiene que ver con esto. A personas que fueron testigos, que deberían estar protegidas o que se les indicaron medidas respecto al consumo problemático te las volvés a encontrar en la calle, solas, a la noche, en situaciones de vulnerabilidad extrema y vos decís ‘bueno, ¿cómo es esto?’, el juzgado ahí también tiene un rol. Están tan en peligro como lo estaba Johana, tenemos que poder intervenir antes. Y eso necesita de la articulación”, señala la antropóloga Barreiro.
“La justicia penal actúa luego del hecho consumado, luego del delito, entonces investiga con ese ritmo. Hay miles de trabas burocráticas para llevar una investigación de estas características frente a un delito organizado, con un montón de recursos económicos que tiene ligazón con funcionarios del estado. De la única forma que se sostienen las redes de trata, el narcotráfico, los desarmaderos es si existen redes de complicidad y encubrimiento con funcionarios y miembros de la fuerzas represivas”, añade Santos Morón.
Acciones, abordajes y tensiones
“URGENTE. Estén atentos. Novedades sobre la búsqueda de Johana Ramallo. Recibimos el dato que en uno de los penales de Melchor Romero habría víctimas de trata y acabamos de solicitar un allanamiento inmediato. Convocamos a la prensa en calle 520 y 179 de Romero. AHORA.” El mensaje llegó a la prensa el lunes 7 de mayo a las 10 AM. Estallaba Whatsapp. Periodistas y militantes se iban apostando en la puerta del juzgado federal Nº 1. Luego la guardia continuaría en los alrededores de la Unidad Penal Nº 34 donde se realizó un allanamiento a las 18 horas a partir de datos aportados por una nueva testigo: Margarita Meira. La mujer, referente de la organización Madres Víctimas de Trata, llegó el fin de semana previo a La Plata con algunos colaboradores e información que le habría dado una víctima que escapó de una red.
“Entendemos que primero hay que presionar para que la Justicia actúe, después hay que dejar actuar. Si no lo hace hay un montón de medidas de fuerza que se pueden hacer, sin la movilización de las organizaciones de mujeres esta causa no iba a avanzar nunca. El allanamiento iba a salir, porque de hecho salió ese mismo día, con lo cual se puede hacer en mejores condiciones sin que se filtre información”, evaluó más tarde Garralda.
“En este tipo de delitos la información es muy valiosa en cuanto puede alertar a los y las proxenetas o alguien del juzgado que de repente se entere y pueda ventilarlo. Nosotros tratamos de manejarnos con la más absoluta confidencialidad y cuidados de manera estricta”, recomienda Araoz sobre los procedimientos adecuados. Además indica que en allanamientos donde se presume que puede haber víctimas el juzgado debe oficiar a alguna organización, programa o grupo de profesionales pertinente para que acompañen a la fuerza pública. La orden de Kreplak fue cumplida por la Policía Federal sin presencia de operadores del juzgado ni de la fiscalía a cargo de Hernán Schapiro. Fue a una semana de haber asumido las nuevas autoridades de la UP Nº 34, que sí estuvieron presentes, junto al Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, y la única de las abogadas de Marta Ramallo que llegó al lugar, Pía Garralda. El operativo no arrojó ningún resultado.
“Somos conscientes de que en estas causas siempre puede haber operaciones de todos lados. Si hablamos de una ínfima posibilidad de que en un penal de la provincia haya chicas secuestradas para ser sometidas en las redes de prostitución, estamos hablando de una crisis provincial con implicancias políticas directas del Poder Ejecutivo. En este caso, la Gobernadora sabe que desde hace 10 meses Johana está desaparecida y aún no se comunicó con la familia, pese al pedido de varias audiencias”, dice Santos Morón y agrega: “No se descarta que hayan sido operaciones para desviar la investigación pero cuando surge alguna pista hay que ir hasta el final para descartarla de cuajo”. Por eso la querella solicitó ampliar los rastrillajes en la zona y profundizar algunas pericias.
El 7 de mayo se allanó la UP34 por una denuncia que daba cuenta de mujeres encerradas en un sótano
“Se necesita otro abordaje para que los testigos aporten información válida en estos casos. La confianza con las mujeres en situación de prostitución no la construís en un despacho de un juzgado, hay que tender lazos de confianza y seguridad. Por eso es importante el trabajo articulado con todos los organismos, porque son pibas que no cayeron ayer en la zona roja, por ahí están hace años. Entonces si no enfocás desde otra perspectiva el trabajo a la hora de hablar con ellas para obtener información sobre lo que pudo pasarle a Johana no te van a dar nada. ¿Por qué te van a hablar a vos? ¿Y por qué el Estado recién aparece desde esos lugares cuando no está apareciendo desde otros que son los que ellas sí necesitan?, ahí hace falta reforzar esa presencia”, concluye Amelia Barreiro.
Hasta encontrar a Johana
En los últimos meses la presencia del Estado sólo se hace evidente en algunos territorios con el incremento de los operativos policiales en nombre de la batalla en contra la narcocriminalidad. El resultado más evidente es el aumento de la criminalización de las personas que los habitan y el cambio de algunas figuritas dentro de las filas de los agentes de las fuerzas de seguridad pero, como reconoció la misma María Eugenia Vidal, no hay ningún Jefe ni miembro de las fuerzas de seguridad procesado por delitos de enriquecimiento ilícito.
Johana Ramallo desapareció hace 10 meses de la esquina que cruzan las calles 1 y 63, corazón de la llamada zona roja. También corazón del territorio de la Comisaría Novena de La Plata, a cuadras de la delegación de la DDI y la Gobernación bonaerense. El desmantelamiento de las redes que mantienen un negocio millonario como lo es el narcotráfico sostenido con la explotación del cuerpo de niñxs, adolescentes, mujeres y travestis, no se investiga o se investiga mal.
En la causa por Johana Ramallo, por omisión o negligencia, aún no se ha tomado declaración ni se sabe con detalle, por ejemplo, qué policías estaban en funciones esa noche del 26 de julio de 2017. A pesar del dolor, que se vuelve más desgarrador ante el fracaso de cada medida, del aparente desconcierto de la justicia para avanzar y conocer la verdad que lleve a encontrar a Johana, Marta Ramallo ha logrado fortalecerse y convertir su dolor en lucha. Su lema es “hasta encontrar a Joa y para que aparezcan las chicas víctimas de trata”.
11 mil víctimas en nueve años
Según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, entre abril de 2008 y junio de 2017, fueron rescatadas en Argentina al menos 11.169 personas que eran víctimas de algún grupo criminal dedicado a la trata de personas para explotación sexual (46%) o laboral (53%).
Los datos difundidos por organismos oficiales hasta el año pasado indican que en el país podría haber unas 3000 chicas que pueden estar desaparecidas y ser víctimas de las redes de trata.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) difundió que entre enero de 2016 y diciembre de 2017 más de 700 personas llamaron a la línea telefónica 145 para denunciar desapariciones. 500 de esos casos denunciados fueron tratados como vinculados con redes de trata. En la provincia de Buenos Aires se registraron 278 pedidos de búsqueda durante los últimos dos años.
Los números de la Provincia
Desde la dirección provincial de Lucha Contra la Trata informan que en 2017 se asistió a 268 víctimas de trata laboral y 95 de trata sexual.
En lo que va de 2018 asistieron a 21 víctimas de trata laboral y delitos conexos y 24 de trata sexual (hasta abril). En mayo se abordó al menos a 10 víctimas más a raíz de 4 allanamientos en distintos casos.
“En trata laboral, por el tipo de delito, tenés a toda la familia, entonces vas a un lugar y hay muchísimas víctimas. El explotador incluso prepara el contexto para que la víctima deba incorporar a toda su familia. En la sexual hay un allanamiento y encontrás una víctima, dos, a veces llegas y no hay ninguna. En la explotación sexual se la excluye, muchas víctimas no tienen ni siquiera el vínculo familiar en el lugar”, explican.
