La Pulseada Radio dialogó con Marisa Graham, la abogada seleccionada para ser Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si bien en junio la Cámara de Diputados avaló su designación, resta que se apruebe en el Senado.
El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes –figura incluida en la Ley de Protección Integral respectiva– se creó en 2005 pero no ha sido ocupado hasta hoy en lo que parece una muestra de la escasa importancia que le asignan las autoridades a esta función tan crucial en un país donde casi la mitad de infantes y jóvenes son pobres o indigentes.
Recién en septiembre de 2018 se activaron los mecanismos para cubrir la vacante ante los insistentes reclamos de las numerosas organizaciones civiles que trabajan en el tema. Una comisión bicameral constituida por cinco senadoras y cinco diputadas evaluó rigurosamente a más de 70 inscriptos mediante un examen escrito anónimo, una propuesta de trabajo y la presentación en una audiencia pública. A fines de abril pasado se supo que los seleccionados habían sido Marisa Graham, como titular, y Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto, como adjuntos.
Para que asuman es necesario que cuenten con la aprobación del Poder Legislativo. El 26 de junio último, Garraham, Hernández y Repetto recibieron el aval de la Cámara de Diputados por voto a mano alzada de la mayoría en una sesión especial. La Cámara de Senadores no ha establecido todavía cuándo se ocupará del tema pese a los cuantiosos pedidos de tratamiento urgente.
El senador Federico Pinedo (Pro-CABA) ya anticipó que su bancada se opondrá a ratificar a Graham por sus fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri, y el senador (PJ-Formosa) José Mayans también adelantó que él y al menos otros nueve colegas de su mismo partido se negarán a designar a la seleccionada “por su postura a favor del aborto”. Lo más probable es que, por acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria, los “temas conflictivos” –entre los cuales incluyen, en función de las diferencias entre “verdes” y “celestes”, la confirmación de la Defensora– no se aborden en el recinto hasta después de las elecciones. De manera que, trascurrido ya casi 14 años, la cobertura del puesto amenaza con seguir dilatándose.
Nuestro ciclo radial dialogó con Marisa Graham, abogada con una extensa carrera académica como docente de la Universidad de Buenos Aires y Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social durante el último año de gestión de Cristina Kirchner.
–¿Cómo explicarías en qué consiste el papel de una Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes?
–El artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño insta a los Estados a que creen organismos autónomos y autárquicos que supervisen y garanticen el cumplimiento de los derechos allí establecidos. La Defensoría de los Derechos del Niño es esa institución que, de alguna manera, tiene que velar por el cumplimiento de los derechos de chicos, chicas y adolescentes establecidos tanto en la Convención, como en la Ley de Protección y en las leyes provinciales que establecen garantías y mecanismos de resguardo. A grandes rasgos, ésa es su primera función. También tenemos facultades para litigar en casos especiales a favor de chicos o de emprender demandas colectivas en asuntos particularmente relevantes, siempre sin sustituir las acciones de otras instancias. El rol de control tiene que ver con supervisar el funcionamiento de los distintos sistemas de protección. Argentina tiene un desarrollo muy extendido e interesante respecto de tales sistemas de protección. A nosotros nos parece que habría que acompañar el fortalecimiento de algunos. Por ejemplo, alentar a nuevas provincias para que designen en sus ámbitos a figuras equivalentes a la de la Defensora Nacional.
–El cargo existe hasta ahora sólo en cinco provincias.
–Exactamente. Deberíamos tratar de que eso se extienda. La ley nos da muchas funciones. Entre otras, podemos recibir reclamos espontáneos. Por eso, ya hemos previsto constituir un espacio de escucha y atención a niños, niñas y adolescentes y a sus familias para atender las situaciones concretas que nos planteen. También tenemos la idea de oír a las organizaciones sociales que trabajan con niños y que contienen a la infancia en el territorio. Siempre pongo como ejemplo a los clubes de barrio, porque los pibes encuentran en ellos un lugar de mucha referencia.
–Mucha gente piensa que esta clase de organismos –como la Defensoría del Pueblo– son necesarios pero que –incluso en los casos en que sus resoluciones resultan vinculantes– los gobiernos de turno suelen hacerles caso omiso y por eso acaban siendo instituciones meramente testimoniales ¿Creés que en lo que te atañe existe también ese riesgo?
–No, no lo creo. Primero porque la Argentina, en relación a niños, niñas y adolescentes, ha sido en general muy respetuosa y ha acatado y se ha subordinado al sistema regional de la Corte y de la Comisión Interamericana. Como país recibimos recomendaciones y hemos sido condenados en juicios frente a la Corte Interamericana, que nos ha indicado con qué deberes tenemos que cumplir. También adeudamos satisfacer observaciones y recomendaciones provenientes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Este Comité ha saludado el proceso de selección de la comisión bicameral que terminó con mi nominación. Quienes nos dedicamos a los derechos de los niños tenemos una ventaja sobre las defensorías que poseen una incumbencia más abarcativa. Tenemos una función muy específica. Siempre hay maneras de que los poderes implicados intenten sortear las obligaciones que se les imponen, pero me parece que nosotros estamos en una mejor situación para lograrlo.
Graham considera que es necesario alentar a los medios de comunicación a que incorporen contenidos hechos por pibes y pibas
–Hay derechos de niños y jóvenes que están siendo afectados por los medios de comunicación.
–El tema del tratamiento de sus derechos en los medios de comunicación es algo de lo que vamos a ocuparnos especialmente porque hay distintas vulneraciones. Por lo pronto, existe una invisibilización. Los menores sólo aparecen cuando son víctimas de alguna situación, tal como un accidente, o cuando son aparentemente victimarios. Nosotros tenemos que trabajar para que los medios de comunicación incorporen otra mirada en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Alentar incluso que incorporen contenidos hechos por pibes y pibas. También ocurre que algunos medios muestran imágenes de chicos cuya difusión no está permitida o sin requerirles su consentimiento.
Otra cuestión es la recurrente discusión sobre la baja de edad de punibilidad. Lo primero que hay que decirle a la población es que es una iniciativa que no sirve a los fines de lo que supuestamente pretende lograr, que es la disminución del índice de criminalidad. No es cierto que bajando la edad de punibilidad descienda el índice de criminalidad. Así como tampoco es verdad que aumentando las penas se baje ese índice. Está demostrando en el mundo que esos dos instrumentos, además de afectar derechos humanos, no son útiles para conseguir los objetivos que teóricamente persiguen. Además, se vulnera el principio de no regresividad y de progresividad de los derechos humanos. No podemos bajar la edad de punibilidad porque eso sería retroceder. Y en materia de derechos humanos siempre hay que ir por más y no por menos.
–Un editorial del diario La Nación (ver recuadro) planteó que no tendrías que ser ratificada en el cargo por los legisladores porque te has declarado públicamente a favor de la legalización del aborto y esa postura es –según ellos– contraria a lo que deberías defender ¿Qué les respondés?
–No voy a entrar en ese debate. Los quince que pasamos la instancia de selección y fuimos a audiencia pública nos pronunciamos a favor del derecho al aborto. Nada tiene que ver mi función ni la de los defensores adjuntos con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Si hay alguna atribución que no tenemos es la de legislar. Voy a ser una funcionaria pública cuya obligación va a ser respetar los derechos consagrados en instancias nacionales e internacionales. En absoluto inciden nuestras opiniones personales sobre este y otros temas por lo que nos hayan consultado y puedan resultar controversiales. También se eligen todo el tiempo jueces de familia a los que no se les pregunta qué piensan sobre estas cuestiones. Son las reglas del juego y no me parece mal que existan posturas diversas.
–¿Sí podrían emprender acciones para que realmente se cumpla con la “educación sexual integral” (ESI)?
–La implementación efectiva de la ESI estaba en los planes de trabajo de todos los postulantes que nos presentamos al concurso. Es, entre otras cosas, una gran herramienta para la prevención del abuso sexual infantil.
Desde la tribuna de doctrina
Por Carlos Gassmann
Un artículo editorial publicado por La Nación el pasado sábado 25 de mayo, después de señalar que no pone en duda la capacidad profesional de los seleccionados para ocupar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los impugna por ser “abiertamente abortistas”. Reconoce que Marisa Graham tiene valiosos antecedentes pero advierte que “milita públicamente en favor de una ley para aprobar la interrupción voluntaria del embarazo”. El diario añade que los resultados del concurso “no sorprenden porque la comisión bicameral estaba integrada mayormente por diputadas y senadoras de postura pública igualmente enfrentada con la defensa de las dos vidas”. La decisión, manifiesta el periódico, ha sido adoptada “con un sesgo ideológico” y sin “una sana imparcialidad”. El editorialista no se priva de decir que “nuestra Constitución consagra la vida desde el instante mismo de la concepción” y que es contradictorio que los legisladores aprueben estas designaciones siendo que “el año pasado, democráticamente, rechazaron un proyecto de ley propiciatorio del aborto”. Es obvio señalar el oportunismo de un medio de comunicación que, cuando le conviene, fundamenta sus posiciones con argumentos “democráticos”, a pesar de haber apoyado todos los golpes militares de nuestra historia. Es evidente además que el significado concreto de la mentada protección constitucional de la vida “desde la concepción” está abierto a distintas interpretaciones. De lo contrario, el debate mismo de la ley –discusión que ahora, con los resultados puestos, se reivindica como “democrática”– ni siquiera hubiera podido tener lugar por inconstitucional. La conclusión a la que llega el diario es que “después de 14 años” se debería “poder celebrar” que por fin haya llegado el “postergado nombramiento”, pero que, “siendo el derecho a la vida el primero y más sagrado”, lo “criterioso” es tomarse “un tiempo adicional”. Los hijos y nietos de los lectores de La Nación tienen seguramente menos probabilidades de que sus derechos se encuentren vulnerados que el 48 % de niñas, niños y adolescentes que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Lo que implícitamente sostiene el editorialista entonces es que las chicas y chicos deben seguir esperando para tener su defensor el tiempo que sea necesario hasta que las élites se sientan adecuadamente representadas. Como se sabe, a La Nación, controlada hoy por la familia Saguier, la fundó Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870. Desde entonces, sus editoriales vienen precedidos por el lema que el creador del periódico lanzó en el primer número: “La Nación será una tribuna de doctrina”. Hoy diríamos más francamente: “Será un medio dedicado a pregonar las ideas liberal-conservadoras que son caras a nuestras clases dominantes”. A los que hacen lo mismo, desde el centro hacia la izquierda, se los llama “prensa militante”. Los “tribunos de doctrina”, en cambio, se reservan para sí mismos el apelativo de representantes del “periodismo independiente”.
