A 10 años de la ley que terminó con el Patronato, la Provincia ajusta y reprime. Tiene congeladas 400 vacantes en Minoridad y recurre a agentes del Servicio Penitenciario para actuar en los centros cerrados para pibes en conflicto con la ley penal. Hay denuncias de torturas e intentos de suicidio. Reclaman la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por Javier Sahade
Ilustraciones Juan Bertola
Fotos Gabriela Hernández
“Te voy a matar, te voy a hacer pelota”… Subió las escaleras a los gritos, con ganas de más. No le había alcanzado con los golpes que le provocaron al “Joven L” marcas en el cuello, la espalda y el pómulo izquierdo. Quería seguir pegando y lo tuvieron que frenar entre varios. “No me lo podían sacar de encima, me tenía en el piso, me costaba respirar”, contó después L, un chico de 17 años.
La escena ocurrió hace muy poco, el viernes 19 de enero, cerca de las 18, en el Centro Cerrado Legarra de La Plata, uno de los destinos que el Sistema Penal Juvenil tiene en la Provincia para privar de la libertad a los menores de 18 años que están en conflicto con la ley. Según consta en la denuncia presentada por el Comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en la Unidad Fiscal Número 6, esa tarde calurosa de verano, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) golpeó a dos jóvenes, mientras prestaba funciones de “asistente” dentro de la institución.
El posible desembarco del SPB en los centros de menores de la Provincia fue un secreto a voces en diciembre y se concretó en los primero días de 2018. Aunque no hubo anuncios ni explicaciones oficiales, se supo que en principio serían 80 penitenciarios para luego llegar a unos 300 en todas las instituciones bonaerenses. El Organismo de Niñez y Adolescencia, de quien dependen todos los centros, ni siquiera respondió el pedido de informes que hizo el Defensor Penal Juvenil de La Plata, Ricardo Berenguer, autor de un habeas corpus preventivo que en los últimos días de 2017 buscó “impedir el ingreso” del SPB porque provocaría “un claro empeoramiento de la situación, en desmedro de los derechos de los niños/jóvenes privados de la libertad”.
En la acción judicial, luego rechazada por el juez de Garantías del Joven, Fabián Cacivio, Berenguer advertía sobre un “riesgo evidente para la integridad psico-física de los detenidos menores de edad” y se hacía eco de los rumores que indicaban que “se trataría de personal cuestionado por diversos incumplimientos del servicio y/o violaciones a los Derechos Humanos”. Al rechazar el recurso, Cacivio aseguró que no está demostrado que la incorporación de penitenciarios perjudique a los detenidos, pero ni siquiera citó a las autoridades de la Provincia para que expliquen las razones de la medida y su forma de aplicación.
Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad (reglas de La Habana) aseguran que “el personal deberá recibir una formación en psicología infantil, protección de la infancia, y criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño”
Se están cumpliendo 10 años de la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que por fin dejó atrás al Patronato de Menores que encerró a los pibes pobres durante un siglo. El nuevo paradigma fue logrado gracias a la pelea histórica de militantes de la ternura como Carlos Cajade que buscaban priorizar la promoción y la protección de derechos y entendían al encierro como último recurso. Con el comienzo de su aplicación, el propio Berenguer reconocía, en diálogo con La Pulseada, lo difícil que iba a ser “convencer del cambio que implica la ley y las ventajas de hacernos cargo de nuestros chicos para tener una sociedad más justa el día de mañana, con un derecho penal que sea reparador más que sancionador” (La Pulseada 64).
En una década, la situación de los lugares de encierro para menores en la provincia nunca dejó de atravesar enormes dificultades (La Pulseada 100 de junio de 2012 o La Pulseada 139 de mayo de 2016) y por falta de recursos y decisión política, las buenas experiencias quedaron a la suerte únicamente de gestiones responsables de algunas autoridades de los centros (La Pulseada 87, marzo 2011).
“La situación no se resuelve incorporando gente del Servicio Penitenciario, que aprenden otra cosa. Son distintos paradigmas de intervención. El abordaje es distinto, la paciencia que hay que tener con los pibes es otra. Nos pasa con nuestros hijos que tenemos que tener cierta paciencia cuando son adolescentes y a veces masticar las palabras y las reacciones un largo tiempo antes de proponerles una respuesta, cosa que el penitenciario no está acostumbrado. Hay otro movimiento, desde la mirada nomás. Vos te cruzás con un interno en una unidad penal y el tipo te conoce pero no te saluda si no le das la venia que lo podés saludar. Tiene que ver con pautas muy rigurosas de comportamiento”, dice Berenguer, poco después de apelar el fallo del juez Cacivio en contra de su habeas corpus.
“Los pibes tienen otros tiempos y otra rebeldía –continúa–. Al pibe hay que escucharlo porque es muy vulnerable y en la medida que no lo escuchás podes terminar generando una actitud muy violenta hacia sí mismo. Se puede terminar matando porque no le diste un ámbito de contención”.
Suena el teléfono en la oficina del Defensor, en el edificio de fiscalías de La Plata. Alguien pide su intervención para autorizar al joven F a festejar su cumpleaños junto a su familia. Con el teléfono en la oreja y el mate en la mano, el funcionario judicial escucha, opina, corta y sigue: “Según los organismos internacionales, los estados deben elegir, capacitar y coordinar la intervención de los actores de los institutos en función de los objetivos que tiene la ley, que son la reinserción, un trato digno y respetuoso de todas las garantías de las personas detenidas”.
El habeas corpus recuerda que las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad (reglas de La Habana) asegura que “la administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal, por cuanto la buena marcha de los centros de detención depende de su integridad, actitud humanitaria, capacidad y competencia profesional para tratar con menores (…) El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones en particular la capacitación en psicología infantil, protección de la infancia, y criterios y normas internacionales de Derechos Humanos y Derechos del Niño”.
En enero desembarcaron 5 penitenciarios en el centro Araoz Alfaro, otros 5 en la Alcaidía de Abasto, 3 en el Ibarra. Así repartidos, se sabe que serán 300 agentes en todos los centros del territorio bonaerense, casi 1 por cada 2 pibes encerrados
Según algunas versiones, los agentes penitenciarios hicieron un curso de capacitación de dos meses antes de ocupar sus nuevas funciones. La Pulseada intentó obtener las explicaciones oficiales, pero los pedidos –incluso, por escrito– de entrevistas con la directora del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Pilar Molina y con el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, Felipe Granillo Fernández, nunca fueron respondidos. Tampoco la autorización para dialogar con directores actuales de centros cerrados.
Antecedentes fatales
“Hay una profundización de una política que se viene desplegando lentamente en el sistema –afirma a La Pulseada el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria y referente del Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano–. El comienzo de este entramado es Virrey del Pino, el centro cerrado de La Matanza, donde empieza hace años atrás la administración conjunta entre el Servicio Penitenciario y Niñez. El acuerdo era que el SPB se iba a ocupar de la seguridad externa y de la represión a las refriegas, pero se avanzó y ahora hay una intervención directa del Servicio en la regulación de la vida interna. Lo que fue demostrando Virrey del Pino es la degradación total de ese lugar y lo que nosotros llamamos un proceso de ‘carcelización’. Toda la organización del tiempo, del espacio y las actividades se transformaron en una cárcel. Es un régimen con procesos de aislamientos de 24 o 18 horas y requisas vejatorias como una práctica permanente. Cada vez que un pibe sale de la celda y va a un taller lo hacen desnudar completamente y eso lo que genera es que el propio pibe no quiera salir a las actividades educativas o talleres. Hay golpes, condiciones realmente inhumanas de detención, hacinamiento y también, desde el año pasado, una secuencia de más de 19 pibes que se autolesionaron. Hubo varios intentos de suicidios producto de ese régimen de aislamiento extremo, nula actividad y abandono”.
“La intervención del Servicio Penitenciario en Virrey del Pino provocó condiciones inhumanas de detención, hacinamiento y una secuencia de más de 19 pibes que se autolesionaron. Hubo varios intentos de suicidios” (Roberto Cipriano, Comisión por la Memoria)
“Hay que tener una luz roja pero por el momento, lo que está pasando ahora no es lo mismo a lo de Virrey del Pino –aclara Berenguer–. Acá los predios siguen manejados por Niñez y se incorporan penitenciarios puntualmente con un cupo menor. La experiencia de Virrey del Pino es nefasta. Yo tuve un inconveniente, inclusive, cuando no me dejaron entrar a los pabellones. Yo había ido porque a un pibe le metieron 30 puntazos… 30 puntazos. No era un detalle menor. 30 puntazos tenés que pegar en un patio… Evidentemente demuestra una falta de control absoluto. Están a la deriva. Al final, sólo me dejaron pasar al patio”. Según cuentan en los pasillos de la sede de Niñez, no sólo al Defensor de menores el Servicio Penitenciario le cerró las puertas del instituto de La Matanza. Una situación parecida habría tenido el máximo responsable político de Responsabilidad Penal Juvenil, Felipe Granillo Fernández. Hasta hace poco, el Organismo de Niñez ni siquiera tenía llaves de acceso a los pabellones.
Según Cipriano, la intervención del Sistema Penitenciario en Virrey del Pino derivó en “una violencia creciente” y, por eso, al cierre de esta edición la Comisión por la Memoria evaluaba pedir la intervención de organismos internacionales. “También hubo ataques con facas, que en general no se ve en los institutos y sí en las cárceles –retoma Cipriano–. La situación se profundizó en diciembre con esta idea silenciosa, no blanqueada, de llevar penitenciarios a trabajar a los institutos cerrados y de recepción, no sólo en la guardia perimetral sino adentro para el trato cotidiano con los pibes, acompañando la tarea de los denominados ‘maestros’ o asistentes de minoridad. Y ya en enero empezamos a ver situaciones de torturas y violencia que provocaron que hagamos denuncias, producto de una provocación permanente que instala el agente penitenciario en esa relación con los pibes, lo que ellos denominan el verdugueo, la provocación para que los pibes reaccionen. Ante la reacción, la violencia”.
Hay otro antecedente trágico de la intervención de fuerzas de seguridad dentro de los centros de encierro de menores. En 1993, Carlos Ibarra, un pibe de 16 años fue asesinado de un disparo de itaka durante la represión policial a una revuelta en el instituto Aráoz Alfaro de La Plata. Hoy, Ibarra le da nombre a uno de los 10 centros de menores que conforman el Complejo Villa Nueva Esperanza de Abasto y su caso fue mencionado entre los fundamentos del habeas corpus preventivo de diciembre. Según Berenguer, el hecho “genera lógicas alertas en resguardo de la integridad de los detenidos menores de edad”.
Ajustar y militarizar
“Yo creo que esto responde a una cuestión económica. Se necesitan recursos humanos en menores y la Provincia lo que hace es utilizar al personal que tiene disponible”, le dice a La Pulseada Rubén “Gurí” Sandoval, director del centro El Castillito de Abasto desde 2008 hasta febrero último cuando fue desplazado del cargo.
“Es parte del vaciamiento y desmantelamiento que se viene dando y se profundiza con esta gestión. Hay 400 vacantes congeladas por compañeros que se han jubilado y demás”, explica María José Cano, delegada de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Niñez.
“Para garantizar un tratamiento y acompañamiento de los pibes en el marco de las normativas de niñez, necesitás tres trabajadores por pibe y nosotros tenemos guardias de hasta 20 pibes con un solo trabajador –agrega Cano–. Hay compañeros que están hasta 5 días adentro de un centro cerrado para cobrar horas extras”.
Para Cano, la intervención del SPB “lesiona también derechos gremiales porque en caso de huelga, ellos van a estar cubriendo esos espacios. Es un nuevo ataque a los trabajadores que se vienen dando en Niñez, además de un avance de la militarización de las instituciones”.
“Lo que te plantean los funcionarios, ya desde la gestión anterior –coincide Cipriano–, es que los pibes son problemáticos, violentos y vale cualquier cosa con tal de controlarlos”.
La Pulseada consultó también al escritor y cineasta César González, conocido hace algunos años por su seudónimo Camilo Blajaquis. “Seguramente la justificación moral del Gobierno es que si hay figuras del Servicio Penitenciario van a aprender más el rigor, el orden, la disciplina y que van a salir rectos y derechitos caminando en marcha –opina González, que sabe lo que es estar privado de la libertad en institutos y cárceles–. Sin embargo, se va a generar mucho más conflicto, más violencia”.
“Esto responde a una cuestión económica. Se necesitan recursos humanos en menores y la Provincia lo que hace es utilizar al personal que tiene disponible” (Rubén Sandoval, ex director del centro El Castillito de Abasto)
Para Sandoval, la medida “forma parte de la criminología mediática. A los chicos se los criminaliza, se los estigmatiza y toda esta cuestión es marquetinera con la sociedad para que piensen que están haciendo algo”. El ex director del centro El Castillito tiene el televisor prendido en el comedor de su casa, en una esquina de Villa Elvira. En la calle, dos pibes con camiseta de fútbol ofrecen cortar el pasto. “Lo que hace falta son políticas sociales para evitar que el chico llegue a la institución –explica–. La inseguridad no se soluciona militarmente, se soluciona interviniendo en la inclusión social. La inseguridad es social, no policial”.
Una ficción de 10 años
Esta revista acompañó en 2008 el estreno del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que junto al Sistema Promoción y Protección de Derechos llegaba por fin para desterrar el temible régimen de Patronato. A 10 años, el retroceso se vuelve preocupante. En enero desembarcaron 5 penitenciarios en el centro Araoz Alfaro, otros 5 en la Alcaidía de Abasto, 3 en el Ibarra. Así repartidos, se sabe que serán 300 agentes en todos los centros del territorio bonaerense, casi 1 por cada 2 pibes encerrados. Según el último relevamiento del Comité contra la Tortura, en la Provincia hay unos 640 jóvenes detenidos. Tienen entre 16 y 18 años, aunque en Virrey del Pino hay jóvenes de hasta 21 años. Además, se calcula que entre 40 y 50 chicos son inimputables, menores de 16 que fueron privados de la libertad por cometer delitos graves. Los proyectos de vida de todos ellos parecen marcados por rejas y candados.
“El nuevo régimen funciona en clave de generar en los pibes herramientas educativas, tratamentales para resocializarlo y reeducarlo –explica Cipriano–. Esa ley fue un avance muy importante porque preveía centrar toda la intervención en el derecho de los pibes, en escucharlos. Todo eso se ha convertido en una ficción, porque no pasa”.
La incorporación del SPB agrava la situación. “El personal penitenciario está preparado para una forma de trabajo que tiende a la represión porque apunta a la seguridad institucional, del personal, a evitar la fuga, pero no contempla un tratamiento para los detenidos –asegura Sandoval–. El personal generalmente tiene miedo al preso y apela en principio a su seguridad con todas las herramientas que las instituciones le brinda: rejas, candados, dividir grupos, requisas. Se convierten en represores y opresores de esos chicos y eso inevitablemente desemboca en refriegas. Como no hay espacio de placer y necesidad del sujeto eso retroalimenta al sistema negativamente, favorece al sistema tumbero y genera inseguridad”.
“En general son pibes que arrastran problemas de consumo de sustancias, desintegración familiar y lo que mayoritariamente necesitan es un abordaje integral, un buen psicólogo y trabajadores sociales que puedan iniciar tratamientos centrados en la salud mental, grupos terapéuticos que trabajen diferentes cuestiones, programas específicos para el abordaje de determinados delitos, programas pensados para la reinserción del pibe en su familia, en su barrio –explica Cipriano–. Todo eso no existe. La detención se termina convirtiendo en un castigo muy duro sin ninguna opción para los pibes”.
“Lo que tenés es una respuesta estatal deficiente y centrada en el sistema penal –agrega–. La única respuesta es el encierro. Como el sistema de promoción y protección no funciona, la primera red estatal con la que se encuentra el pibe es la Policía, el sistema criminal”.
Sandoval, por su lado, explica: “Una vez que el chico egresa, por más buen trabajo que uno pueda hacer en la institución, el chico regresa a la misma situación que lo expulsó. No se trabaja con el Municipio, no se trabaja con el juzgado de la zona, los chicos no tienen trabajo y muchos son padres, no tienen vivienda, no tienen salud. Muchos pibes que me llamaban y me decían ‘mirá, estoy bien, ustedes me derivaron a un centro zonal que la psicóloga me habla bien, pero por más bien que me hablen no me matan el hambre, no me matan mis necesidad. Yo tengo dos hijas, necesito trabajar, no me dan trabajo y los pibes de la esquina me invitan a robar’. Los chicos necesitan la contención material”.
“Los pibes inician un camino…–concluye Cipriano–. Desde 2005 que monitoreamos los lugares de encierro y notamos que los pibes que entrevistábamos en aquel momento en los institutos de menores, 3 o 4 años después los encontrás en la cárcel. De alguna manera, como está planteado, lo que generás es el inicio de una carrera delictiva en una persona. Sin herramientas, el pibe cuando sale del instituto sale igual o peor que cuando entró, con las mismas carencias”.
“Cuando llegué –recuerda Sandoval–, le dije al personal del instituto que los chicos no iban a tener tiempo muerto encerrados en la celda, quería apertura de todas las celdas, que los chicos puedan ir a la habitación, al baño y que el trabajo tiene que ser desde el respeto y el afecto, no desde el candado y la represión. Los chicos se sorprendían al principio de que los saludes con un beso y un abrazo y no con miradas abajo y las manos atrás. Nunca tuve un intento de motín, ni situación de refriega”.
Corte de convenios con ONGs
Mientras la Provincia endurece las condiciones de encierro de los menores y a nivel nacional se sigue proponiendo la baja de la edad de punibilidad a los 14, el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes se hunde cada vez más en el vaciamiento. La crisis ya se torna insostenible entre el desfinanciamiento, la precarización laboral, la desarticulación de programas y el cierre de convenios con organizaciones no gubernamentales que trabajan con los pibes. Después de realizar el año pasado en La Plata la marcha “El hambre es un crimen” (La Pulseada 154), decenas de espacios que conforman la Asamblea de organizaciones de Niñez tuvieron que volver a realizar acciones para enfrentar la situación. Lo hicieron bajo la consigna “ninguna agresión sin respuesta”, preocupados por el crimen de Facundo, el nene de 11 años baleado por la Policía tucumana con el aval de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Por otro lado, la Comisión Provincial por la Memoria solicitó al Municipio y al Concejo Deliberante de La Plata que se declare la emergencia del sistema de promoción y protección. La misma solicitud estaba por ser presentada a la Provincia. “La extrema vulnerabilidad que padecen los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se agrava aún más en un contexto de recrudecimiento de las políticas punitivistas –dice la presentación–, la ausencia de políticas sociales integrales han dejado a los NNyA en un estado de total desprotección y peligro”.
En ese sentido, la Comisión advierte que la “única solución parece ser el encierro y la administración del castigo”.
Las “pirañas” de El Día
“No aflojan los robos de la banda de menores que ahora atacan armados. Son chicos de no más de 14 años”. Es el titular principal de la tapa del diario El Día. Y no es muy distinto al de la jornada anterior… o la siguiente. Durante una semana entera de marzo, el medio centenario de La Plata se dedicó a reproducir el temor de vecinos y comerciantes por la violencia de un grupo de “precoces delincuentes” a los que bautizó como “los pibes piraña”, porque parece que atacan rápido y todos juntos. Aunque en una de esa serie de notas El Día se refiere a la “falta de contención”; el diario inundó la ciudad estigmatizando, rotulando, haciéndose eco de versiones policiales y “militando la baja” de la edad de punibilidad, como dicen desde la Asamblea de Organizaciones de Niñez.
“Necesitamos conmovernos con la verdadera tragedia que explica que nuestrxs pibxs se conviertan en matables –opina Tomas Bover, referente de la Asamblea e integrante de la Obra de Cajade–. Esta semana nos enteramos del posible cierre del Abrigo especializado que el Municipio abrió en enero de este mismo año y por donde pasaron sólo 8 pibes. Ayer nos anoticiamos de la baja del convenio al Galpón, una organización zarpada que labura entre otros con esos pibes que señala el diario y que se bancaba precariamente con esas becas; pero además el rumor es que para junio serán (o seremos) más de 100 organizaciones afectadas”.
Con esta práctica periodística, el diario reincide. Hace 10 años, bautizó como “La banda de la frazada” a un grupo de pibes que dormía en Plaza San Martín. Por falta de respuestas estatales y a pesar de fallos judiciales que ordenaban políticas públicas para acompañar esos menores, todos los chicos hoy están presos o muertos.
