María José Tirao es licenciada en obstetricia, partera, integrante de la Dirección de Género y docente de la Facultad de Ciencias médicas de la UNLP, trabajadora del Hospital José Ingenieros e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir regional La Plata, Berisso y Ensenada. Con ese amplio recorrido habló con La Pulseada sobre los desafíos que se vienen en este nuevo contexto.
Por Mariana Arocena
-¿En qué cambió el escenario en el sistema de salud pública desde la sanción de la ley IVE?
-Yo trabajo en la consejería integral en salud sexual y reproductiva del Hospital José Ingenieros donde empezamos haciendo reducción de riesgos y daños en 2009, por lo que no podemos evitar pensarlo para atrás, el ahora y el después también. Es fuerte ver cómo en tan poco tiempo de habitar el sistema de salud, se fue dando esa transformación y cómo los equipos la fuimos acompañando y traccionando, formando parte del movimiento feminista. Desde mi lugar de partera en el hospital, lo primero que noté fue que las personas vienen a consultar por la IVE plantadas de otra manera. Fue muy emocionante el encuentro con la primera mujer que vino a pedirla después de la legalización. Era una señora, quintera, que cuando llegó dijo “vengo a pedir un aborto legal”, y lo hizo sin vergüenza, sin decir con la voz bajita, sin mirar para abajo. Y durante la entrevista, al pedirle los estudios, me di cuenta que yo también estaba más cómoda. Si bien teníamos –y seguimos teniendo para las personas que llegan con gestas de más de 14 semanas– la ILE por causales, ahora es diferente porque no tenemos que estar preguntando o buscando un causal, tratando de que la persona te cuente historias que quizás no quiere remover. Ya no necesita el aval nuestro y eso te saca un montón de peso de encima como profesional, porque queda en ella, en su autonomía. Para mi es muy placentero que sea como cualquier otra consulta. Aunque parezca increíble por el poco tiempo desde que se sancionó la ley, al haber sido tan masiva y popular la comunicación desde la Campaña, llegó a todos lados. Nosotras desde el Hospital formamos parte de la red de efectores de la región y trabajamos articuladamente con socorristas en un ida y vuelta que en pandemia se fortaleció mucho más. A través de ellas llegan muchas personas, y también se activó mucho el boca en boca, que hace algunos años no pasaba.
«Fue muy emocionante el encuentro con la primera mujer que vino después de la legalización. Cuando llegó dijo “vengo a pedir un aborto legal”, y lo hizo sin vergüenza, sin decir con la voz bajita, sin mirar para abajo»
-¿Ya tienen datos de la repercusión en la cantidad de consultas?
-Aun no se han formulado, pero si sabemos que aumentó mucho. En La Plata, Berisso y Ensenada somos 12 consejerías en red en este momento y ahora se sumó una más en el Hospital Rossi. Se crearon consejerías porque las y los profesionales se sienten más cubiertos y habilitados por el marco legal, pero también porque las personas consultan mucho más. Eso puede ser porque empiezan a pasar por el sistema de salud las prácticas que antes no llegaban o se hacían con métodos inseguros; y también están los embarazos que se hubieran continuado forzadamente por miedo, desconocimiento o resignación y no por el deseo real de maternar.
-¿Desde los organismos de salud del Estado se generaron nuevos protocolos y estrategias para abordarlo o solo se le dio marco legal a los mecanismos que ya estaban funcionando?
-Si, se está trabajando. Tuvimos capacitaciones para actualizar IVE y se convocó tanto desde el programa nacional como provincial a reuniones con el Consejo Asesor integrado por organizaciones que vienen trabajando en el tema. También está el protocolo de Nación que es impecable y desde provincia recibimos una guía de recomendaciones que salió tres días después de que fuera publicada la ley en el Boletín Oficial. Si bien había todo un andamiaje de trabajadoras y trabajadores de la salud organizados en la red de consejerías, preparados para ponerle el hombro a la IVE, obviamente se necesitan profundizar políticas integrales como acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual integral; entre otras cosas.
«Al menos IOMA ya incluyó en su cartilla el mysoprostol y ofrece el 100% de cobertura. Eso ya es algo que era impensado hasta hace muy poco tiempo»
-¿Cómo es el acceso a la medicación?
-En este momento estamos teniendo acceso al mysoprostol porque la provincia de Buenos Aires compró al laboratorio LIF de Santa Fe que es el que hace producción pública en el país y lo distribuyó en hospitales. Y si bien la ley específica que todas las obras sociales lo tienen que cubrir, hasta el momento sabemos que al menos IOMA ya lo incluyó en su cartilla y ofrece el 100% de cobertura, o sea que con la receta en cualquier farmacia te tienen que dar mysoprostol de modo gratuito. Eso ya es algo que era impensado hasta hace muy poco tiempo.
-¿De qué manera está impactando el derecho a la objeción de consciencia por parte de profesionales?
-En general, el principal problema muchas veces está en los servicios de tocoginecología de algunos lugares. Hemos tenido situaciones en las cuales el programa va al hospital e interviene, pero de todos modos tenemos un rango de acción limitado porque la objeción es parte del proyecto de interrupción voluntaria y si bien no puede ser institucional, salvo en el ámbito privado religioso, se trata de un derecho personalísimo. No obstante eso, un profesional puede elegir no acompañar pero no puede obstaculizarlo, si no que tiene que derivar de buena fe y no se puede negar a hacer anticoncepción post-aborto. Ahora el escenario es distinto porque no estamos pidiendo un favor.
-¿Qué rol tiene en este contexto la red de efectores de la salud a nivel local / municipal?
-Son muy importantes, porque la mayoría de las interrupciones deberían poder resolverse ambulatoriamente, con medicamentos, dentro del nivel de atención primaria de la salud en las salitas que están en los barrios y en ese caso entran a jugar las secretarías de salud de los municipios porque debería haber consejerías en todos los centros de salud. En el municipio de La Plata, en este momento, solo hay en 3 de los 46, por lo que falta una decisión política más fuerte y asignación de recursos también. Venir al hospital sólo debería ser necesario en caso de que la gestación supere la semana 13, por su complejidad.
«Debería haber consejerías en todos los centros de salud. En el municipio de La Plata, en este momento, sólo hay en 3 de los 46»
-¿Qué mecanismos debería activar el sistema de salud municipal para hacer efectiva esa cobertura?
-Por un lado mayor asignación de recursos humanos, porque la interrupción del embarazo es una práctica que requiere tiempo, escucha, lugar e idealmente un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de las ramas biomédicas y sociales para dar un abordaje integral a la salud de la persona gestante. En ese sentido hay personas formadas o que quisieran formarse en la mayoría de los centros de salud. La ley establece que tanto Nación, como Provincia y los municipios deben generar capacitación a los equipos para la IVE en sí y también en ESI. Lo ideal sería que se incremente la cantidad de efectores. El otro punto importante es destinar recursos económicos, ya que los municipios deberían tener asignado un presupuesto para comprar mysoprostol o ecógrafos, por ejemplo.
-Respecto a la formación de futuros profesionales de la salud en la universidad, ¿cómo aparece ahora el aborto legal en el currículum de las carreras?
-La universidad, las facultades y sobre todo las carreras que van a estar en contacto directo con las personas que van a intervenir, tienen la obligación de estar formadas y brindar las herramientas necesarias. Yo en esto me formé fuera de la Facultad. Cuando estudiaba, hace más de 15 años, el tema aborto se tocaba en una materia que se llamaba “Ética” y lo veíamos como algo punible, que no podíamos hacer ni de lo que estuviera bueno hablar. Ahora me toca estar como docente de la materia Educación para la salud sexual y reproductiva en la licenciatura en obstetricia de la UNLP, por lo que el desafío es transmitir a los y las estudiantes el rol que van a tener como trabajadoras, porque por más que sean objetoras de consciencia no pueden obstaculizar y tienen que dar información. Para eso incluimos desde hace algunos años los marcos legales en derechos sexuales y salud sexual y reproductiva, los protocolos de ILE y ahora IVE, el fallo F.A.L, qué significa una consejería y cómo se hace para que ante cualquier consulta puedan resolver. Esto debería empezar a ser algo más masivo ahora. También, desde la Dirección de género y la Cátedra Libre de Aborto que funcionan en la facultad hemos organizado jornadas y espacios de intercambio y formación que van por fuera de las currículas, pero que ayudan a trabajar e instalar el tema; y que son abiertos a otros profesionales que quieran participar.
-¿Cuáles son los desafíos o pendientes de aquí en más?
-Creo que el mayor desafío ahora es su implementación, sostener la ley, hacer que se cumpla y que todas las personas puedan tener acceso a un aborto de la mayor calidad posible. En principio es necesario ampliar la cantidad de equipos porque están aumentando las consultas y tenemos que ser más para abordarlas. Por otro lado, garantizar el acceso a un aborto seguro en el segundo trimestre en los hospitales, ya que al requerir causal en el marco de la ILE, en algunas regiones o provincias se hace más complejo su acceso. También seguir asegurando la provisión de mysoprostol y anticonceptivos y la capacitación continua de equipos en una perspectiva amplia de los derechos sexuales y reproductivos, en articulación con la ESI, por parte del Estado.
«Un punto clave es lograr la producción pública de mifepristona que combinada con el mysoprostol disminuye el dolor y el sangrado. En Argentina aún no es legal»
Y un punto clave es lograr la producción pública de mifepristona que combinada con el mysoprostol disminuye el dolor y el sangrado. Así es el régimen que se aplica en los países donde el aborto es legal y si bien el protocolo nacional tiene incluida la mifepristona, en Argentina aún no es legal y la ANMAT tiene que aprobar esta medicación para que comience su producción, idealmente pública. Abortar sin dolor y con la mayor calidad posible también es político. Creo que esa una gran consigna para este 8M//LP
